De acuerdo con la Cidob: El lunes, cuando los dispersados indígenas intentaban reagruparse y buscar a los ‘desaparecidos’ a consecuencia de la represión policial de la que fueron víctimas la tarde del domingo, un niño se dirigía a la escuela en Limoncito y le llamó la atención unos papeles semienterrados. Los recogió y al retornar a casa se los entregó a su madre.

La madre del menor, al comprobar que el contenido de los documentos no era otra cosa que la orden del ‘plan de desconcentración’ que supuestamente la Policía recibió de manos del Gobierno, emprendió caminata hacia San Borja (32 kilómetros desde Limoncito) y se lo entregó a la dirigencia de la Cidob.

El documento de cuatro hojas sostiene en su primer párrafo: “En cumplimiento a la misión constitucional el contingente policial del Comando Departamental del Beni; ejecutará el traslado de 350 a 400 indígenas marchistas, desde la localidad de Yucumo hasta la ciudad de Trinidad-Beni, para luego desplazarlos hasta las localidades de: Loreto situado a 66 kilómetros de Trinidad: Casarave situado a 55 kilómetros de Trinidad; San Pedro Nuevo situado a 35 kilómetros y la localidad de San Pablo situado a 137 kilómetros”.

Además detalla el número de buses (10) que se iban a disponer para la ejecución de la orden, los datos del oficial de Policía a cargo de cada vehículo y el número de uniformados encargados de brindar seguridad. La supuesta instrucción también estipula los puntos de parada de los motorizados y un dibujo de la ubicación de la caravana.

El documento tiene también tres órdenes específicas: “Restringir el acceso a los medios de comunicación, requerimiento del fiscal para conocer y hora de avance 05:40” de la comitiva.

Una vez los indígenas conocieron la existencia del documento, en conferencia de prensa, señalaron que han decidido utilizarlo como base para acusar al Gobierno de ser al autor de la represión policial ante la Fiscalía de Beni.

En Yucumo también apareció otro documento que, de igual forma, fue presentado por la Cidob como prueba en contra del Gobierno de Evo Morales, indicó el periodista de EL DEBER. D’Alencar manifiesta que los mismos son un “supuesto contrato privado de prestación de servicios entre el Ministerio de Gobierno representado por la Sra. Carolina Bertis Arancibia, con CI 9244221 CBBA, que actuó como contratante para acceder a los servicios de un bus por Bs 3.800, los que fueron pagados a Modesta Guillén Solares, con CI 75556634”.

El contrato privado de prestación de servicios tiene como fecha el 25 de septiembre de este año.

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