La reciente muerte de un joven estudiante de ingeniería cuando dejaba la universidad y el misterioso asesinato de un sacerdote en una pequeña ciudad al sur de Managua han consternado a un país, Nicaragua, cuya población cada vez pone más en duda el lema que repiten como letanía las autoridades: este es el país más seguro de Centroamérica.

Las estadísticas oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua muestran un incremento alarmante de la violencia. Los delitos contra las personas (robos con intimidación, violaciones, y homicidios) sumaron 68,447 casos en 2010, mientras que a inicios de la década, en 2000, se registraron 26,645 delitos. Aunque las cifras de asesinatos y homicidios son bajas en comparación con los vecinos centroamericanos, no dejan de alarmar. En 2010 se registraron 785 de estos crímenes, según los datos oficiales. Esas estadísticas tienen nombres y rostros.

Uno de ellos es el de Evans Omar Ponce, un joven estudiante de ingeniería de 20 años que fue asesinado en plena zona comercial de Managua, a unas cuadras de uno de los principales centros comerciales de la ciudad y a escasos metros de la sede de la Policía Nacional, cuando salía de la universidad y caminaba junto a otros compañeros. Seis jóvenes, la mayoría menores de edad, se acercaron al grupo y exigieron a Ponce que les entregara su teléfono móvil. El muchacho se resistió, y uno de los atacantes hirió con varias puñaladas a Ponce, quien murió minutos después en un hospital de Managua.

La noticia consternó a la comunidad universitaria del país, que se movilizó y reunió miles de firmas para exigir que se reformara el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece penas de seis años para los menores de 18 años que son condenados por homicidio. Los seis jóvenes acusados por el asesinato de Ponce fueron condenados, pero la sensación de inseguridad prevalece. Otro asesinato, este empañado por el misterio, ha contribuido a reforzar la sensación de inseguridad de los nicaragüenses.

Se trata del asesinato del padre Marlon Pupiro, registrado en la pequeña comunidad productora de frutas de La Concepción, al sur de Managua. El municipio aún no supera la muerte de Pupiro, cuya rocambolesca historia ha ocupado durante semanas las páginas policiales de la prensa nicaragüense y ha enfrentado a la jerarquía de la Iglesia Católica con el Gobierno y la Policía Nacional. Centenares de habitantes de La Concepción han llenado las calles de su pequeña ciudad exigiendo que el caso sea esclarecido.

El cadáver de Pupiro fue encontrado tirado en un vertedero, al lado de una carretera, envuelto en un colchón. Las autoridades afirmaron que hubo intento de quemar el cadáver. Hasta ahora ha sido juzgado Yazker Blandón como asesino confeso del sacerdote, pero ni la Conferencia Episcopal ni los habitantes de La Concepción están satisfechos con el proceso. “Como obispos exigimos a la Policía Nacional y la Fiscalía que se esclarezca la verdad de este crimen atroz… Todo se ha fundamentado exclusivamente en la declaración de un criminal, que fue dejando huellas y evidencias de su crimen por todas partes de forma inexplicable y un recorrido macabro de tonos novelescos”, establece un duro pronunciamiento de la Archidiócesis de Managua, la mayor del país.

Las versiones en torno al asesinato de Pupiro van desde que el crimen fue por una pasada de cuentas por las críticas que hacía el sacerdote contra el Gobierno durante sus homilías, pasan por el móvil del robo e incluyen motivos pasionales. Las críticas hacia la Policía incluyen omisión de datos y falsedades en su informe policial. Lo cierto es que el asesinato de Pupiro deja en evidencia la fragilidad del discurso oficial que dice que este país es el más seguro de la región.

Es una aseveración que contradice Cinthia Membreño, asaltada a punta de pistola en la puerta de su casa, en Reparto San Juna, una zona de clase media de Managua. También lo contradice Rosario Montenegro, secuestrada en un taxi que había tomado en un centro comercial, amenazada con pistola por un tripulante del taxi, asaltada y abandona en un terreno baldío en la periferia de la capital. Lo hace también Wilfredo, un joven de 28 años asaltado por unos motorizados cerca de su casa. Los hombres le dispararon en la pierna izquierda y el joven tuvo que asistir por varios meses a fisioterapia. Con peor suerte resultó Sergio, quien fue herido de bala por un taxista de la capital y quien se recupera lentamente de la lesión que le afectó la movilidad en ambas piernas.

Para Roberto Orozco, experto en temas de seguridad del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), las autoridades consideran a Nicaragua un país seguro porque los índices de asesinatos u homicidios son menores comparados al resto de la región, de 13 por cada cien mil habitantes según cifras oficiales, mientras que en Centroamérica el promedio supera los 34 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, el analista afirma que la Policía Nacional da “un enfoque parcial” al tema de la violencia en Nicaragua. “En el sentido de los homicidios la Policía tiene razón, pero no en lo relacionado a la violencia en general. Los robos con intimidación han aumentado, lo que genera mayor inseguridad en la gente”, explica Orozco. En Nicaragua se calcula que hay 385.000 armas de fuego en manos de civiles.

La principal causa de ese incremento, continúa, es la pobreza y el desempleo. “La profundización de la pobreza, la falta de alternativas y la exclusión hacen que los delitos aumenten”, dice Orozco. Los protagonistas de esa violencia son jóvenes, según las estadísticas, muchachos de entre 14 y 25 años, la gran mayoría desempleados que ven el delito una forma de supervivencia.