Sabido es que el Gobierno ruso amenazó con interrumpir el suministro a sus vecinos si no aceptaban un precio cuatro veces superior al que les venía siendo facturado. La crisis alcanzó a otros países del área, como Moldavia, Bielorrusia o Bulgaria, e indirectamente a la propia Unión Europea, destinataria principal, no se olvide, de las reservas de gas ruso y principal generadora, como natural contrapartida, de ingresos en forma de divisas por este concepto para la hacienda rusa.

Después de apuntar que «aunque ya no sea una superpotencia global, las inmensas reservas de petróleo y gas de Rusia la convierten en una superpotencia», Nye concluye su reflexión afirmando que «Europa haría bien en empezar a diversificar sus relaciones energéticas». El artículo de Nye no surge, naturalmente, fuera de contexto. La situación energética internacional vuelve, si en algún momento no lo había estado, al primer plano del análisis y la actualidad política y económica. Baste señalar desde el ángulo político las recientes manifestaciones del primer ministro polaco, Kazimierz Marcinkiewicz, con las que solicitaba una reunión entre la Unión Europea y la OTAN para examinar los problemas derivados de la seguridad de los aprovisionamientos.

Desde el ángulo económico, los recientes movimientos de algunos de los principales grupos empresariales de la Unión Europea -además de los intentos de Gazprom en Francia e Inglaterra- en busca de mayor tamaño y mercados ponen de relieve la significación actual del debate. El gobierno de la energía en Europa debe enmarcarse en dos ideas: política energética y mercado interior. Nuestras leyes, la del sector eléctrico y la del sector de hidrocarburos, «son transposición» de directivas europeas cuya rúbrica no es otra que «sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el gas natural», «Normas comunes», «Mercado interior». Así se lee en uno de los primeros expositivos de las directivas energéticas «sólo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los consumidores elegir libremente a sus suministradores y a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes es compatible con la libre circulación de mercancías, la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento que el Tratado garantiza a los ciudadanos europeos».

En este sentido, la batalla por el control de Endesa y las opas lanzadas por dos empresas europeas, Gas Natural y E.ON, una de nacionalidad española y otra alemana, entra dentro de la lógica de un mercado interior y a nadie debiera sorprender. Los accionistas juzgarán las condiciones de una y otra, escucharán a la compañía y tomarán su decisión, cuanto más libre y reflexiva, mejor.

El mercado interior es un mercado único en el espacio europeo, en el que no deberían tener cabida la invocación de medidas proteccionistas o la definición como «estratégicas» para adoptarlas, de sectores y mercados esforzadamente liberalizados y abiertos a la competencia en los últimos años. Ni la invocación de vetustos patriotismos económicos que no son sino una forma de disfrazar un nuevo antieuropeísmo, esta vez, además, con violación del Derecho comunitario vigente. Eso sí que es alterar los objetivos y naturaleza de la acción europea en materia económica y los principios en que se asienta la construcción de un mercado interior. Y esa es la línea que, lamentablemente, se manifiesta, también, en las medidas adoptadas por el Gobierno este fin de semana y publicadas en el BOE tres días más tarde. Medidas contrarias a la libertad empresarial consagrada en el Tratado de la Unión y algunos de nuestros principios constitucionales; difícilmente compatibles con la neutralidad regulatoria y con la capacidad de decidir en libertad de accionistas e inversores. Contrarias, en suma, al libre funcionamiento del mercado y la imprescindible seguridad jurídica, cuya dimensión ha afirmado nuestro Tribunal Constitucional se manifiesta en dos vertientes: la objetiva o certeza de la norma y la subjetiva o previsibilidad de los efectos de su aplicación. Cabría no olvidar esta afirmación, y tampoco las ya lejanas, pero nunca más vigentes y reforzadas por los pasos subsiguientes, argumentaciones de la sentencia Costa/Enel que fundó la jurisprudencia de la primacía, afirmando, entre otras cosas, que «la fuerza ejecutiva del Derecho comunitario no puede variar de un Estado a otro al amparo de medidas legislativas ulteriores sin poner en peligro la realización de los objetivos del Tratado».

La disyuntiva, a mi juicio, es clara: caminar hacia el futuro o volver al pasado. Caminar hacia el futuro apoyados en la libertad empresarial, la búsqueda de la eficiencia económica y el espíritu competitivo de las empresas, o promover la vuelta al pasado a lomos del intervencionismo y la planificación. De cómo despejen la sociedad europea y la española esta opción estratégica dependerá la realidad de sus empresas, grandes, medianas y pequeñas, los próximos años. Y también la calidad de la oferta energética, en precios y en prestaciones.

El gobierno de la energía debe ser el fijado en las leyes. Leyes que en nuestro caso responden a la puesta en marcha de un mercado único europeo. Normas predecibles que permitan actuar con serenidad y sentido del riesgo a los operadores, y con capacidad de supervisión al regulador, desde su necesaria independencia. El gobierno de la energía no es intervenir en las decisiones empresariales, sino facilitar, desde la libertad y seguridad, el funcionamiento de los mercados.

(*) Ex consejero de la Comisión Nacional de Energía