El portavoz económico del Partido Popular (PP), Cristóbal Montoro, fue uno de los más duros críticos. El 27 de septiembre, en el foro Cinco Días, señaló que su partido no comparte que las empresas públicas de otros países inviertan en España. “No nos gustan las empresas públicas invirtiendo en nuestro país”, señaló.

En aras de atemperar el tono de la pugna, el embajador mexicano en España, Jorge Zermeño, trató de resaltar el buen ambiente de negocios que tienen los españoles en México durante la inauguración del foro de Responsabilidad Social Empresarial México-España, el pasado 13 de septiembre. Dijo que actualmente “la inversión española en México es superior a 38 mil millones de dólares, con más de 3 mil 200 empresas trabajando en México”.

España es el segundo inversor después de Estados Unidos. BBVA-Bancomer es el primer banco en México y sus filiales en este país le reportan 40% de los dividendos totales; Santander es el tercer banco en el país y le ha dado a la matriz española 10% del total de sus ganancias en el primer semestre de este año.

El gobierno de Calderón les ha otorgado a las principales constructoras y energéticas hispanas 40% de los contratos de su plan de infraestructura en los ramos de carreteras y generadoras de electricidad, entre otras obras.

Aeropuertos Españoles para la Navegación Aérea, del gobierno español, detenta junto con Abertis un paquete accionario del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Sus socios mexicanos lo demandaron por la vía civil, en febrero pasado, por violar las leyes de Vías Generales de Comunicación y la de Aeropuertos, que prohíben que algún gobierno extranjero o empresas dependientes de él controlen instalaciones estratégicas de la nación.

Un consultor financiero español al tanto de los pormenores del caso Repsol-Pemex dice a Proceso: “Fuera del gobierno (español) la reacción ha sido muy desproporcionada aludiendo a un nacionalismo ramplón, en una compañía que difícilmente perderá la dirección española”.

Familiarizado con inversiones españolas en México y Latinoamérica, el entrevistado dice que “en particular el presidente Calderón ha sido muy abierto a la inversión de compañías españolas”.

Críticas

El aspirante a la candidatura presidencial Andrés Manuel López Obrador ha sido un crítico de esa apertura a las empresas españolas, en especial Repsol. Ésta “es la empresa preferida de Calderón”, dijo durante una gira por Pánuco, Veracruz, el pasado 2 de septiembre.

El 1 de abril de 2008, López Obrador denunció que desde 2005 el gobierno mexicano había entregado “información privilegiada” a Repsol sobre operaciones futuras, lo que derivó en un contrato con la Comisión Federal de Electricidad para el suministro de gas, lo que, sostuvo, causó un daño al patrimonio nacional por más de 655 millones de dólares.

En marzo de 2004, cuando Calderón era secretario de Energía, Pemex le otorgó a Repsol el primer Contrato de Servicios Múltiples (CSM) para las obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).

Un diagnóstico elaborado por la UNAM para el Senado concluyó que los CSM son “ilegales” y que el asignado a Repsol le permitía elaborar gas metano y otros hidrocarburos que “la ley clasifica como pertenecientes a la petroquímica básica y cuya explotación está reservada al Estado”, según La Jornada en su edición del 19 de abril de aquel año.

A raíz de la nueva estrategia de Pemex, los miembros de la dirección de Repsol iniciaron una ofensiva mediática que encargaron a la firma de consultores de comunicación Llorente y Cuenca; ésta filtró a los medios españoles el informe de la paraestatal titulado Contexto del aumento de participación de Pemex en Repsol, según confirmaron fuentes diplomáticas.

Con base en ese informe –que La Jornada publicó el pasado 13 de septiembre–, los medios españoles enfatizaron las supuestas intenciones de Pemex de “capturar” beneficios de Repsol a bajo precio, de aprovecharse de su tecnología de punta para explorar en aguas profundas y de poner en riesgo la “españolidad” de la petrolera.

Fue el caso del periódico El País. En su editorial del 22 de septiembre, titulado La intención de Pemex, abonó en las sospechas: “Pemex aspira a controlar Repsol, junto con Sacyr, para cambiar su gestión y trasladar fuera de España algunas decisiones clave aprovechando la debilidad de la constructora y las carencias de un gobierno terminal (el del presidente José Luis Rodríguez Zapatero). Esta sería la razón oculta. (…) Para evitar cualquier duda sobre la gestión española de Repsol, para impedir que un artificio societario diluya la gestión nacional, es imprescindible que Pemex y el gobierno mexicano expliquen sus intenciones”.

Aquellos tiempos

Este tono de los políticos y los medios españoles contrastó con el que hubo en 1979 cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas con España y a petición del monarca hispano, México firmó un acuerdo para que Pemex invirtiera en Petróleos del Norte (Petronor); la paraestatal mexicana adquirió 34% de las acciones de la petrolera española.

El presidente de ésta, Nemesio Fernández Cuesta, afirmó que la operación “rompía el círculo de desconfianza y frustración de las iniciativas empresariales” y destacó cómo “México ha apostado por el futuro y ha elegido el País Vasco para ello”, según El País del 1 de julio de 1980.

En 1981, al elevar las cuotas de compra de hidrocarburos mexicanos cuando México enfrentó la crisis por la caída del precio del crudo, el entonces presidente español José Calvo Sotelo dijo que era “como un gesto de gratitud con México por haber mantenido el suministro de hidrocarburos a la península en la época en que había escasez en el mercado”, publicó el mismo medio el 20 de julio de ese año.

En 1987, Pemex aceptó vender sus acciones para que el nuevo holding estatal español Repsol, a cargo del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) absorbiera a Petronor.

A cambio, Pemex y BBVA, el otro socio, recibieron acciones de Repsol y formaron parte de su Consejo de Administración. El Boletín Oficial de las Cortes Generales fechado el 13 de enero de 2006 publicó el informe de fiscalización global de las privatizaciones de las empresas estatales españolas, que se llevaron a cabo en los gobiernos de Felipe González y José María Aznar.

En él se señala que, la pérdida de Repsol de su condición de sociedad estatal y la venta de acciones a la paraestatal mexicana, “formó parte de un acuerdo estratégico de cooperación suscrito entre Pemex y el INH, por el que éste vendió aquella participación y adquirió la de Pemex en Petronor”.