Siguiendo este razonamiento, se ha propagado la idea de que la vida económica de un país debe ser igualmente autosuficiente, incluyendo la alimentación, para así asegurar la soberanía del Estado nación.

¿Cuáles son los argumentos de los defensores de la soberanía alimentaria?

El argumento más frecuente, el que nos hace a todos expertos en geopolítica, es el de la dependencia alimentaria. Por esto se da a entender que si el país no se alimenta exclusivamente de lo que produce, nos arriesgamos a que se condicione nuestra soberanía al abasto de alimentos provenientes de otros países.

Según esta postura, el país debería tener presente en todo momento la posibilidad de un estado de guerra con otros países y sus subsecuentes bloqueos económicos, de forma que el gobierno no sufra el desgaste político provocado por la escasez de alimentos.

Lo que olvidan los adalides de la independencia alimentaria es que el comercio no se da entre Estados, se da entre personas, y lo olvidan con facilidad porque piensan equivocadamente que el fin de la producción es la autosuficiencia, en vez de la satisfacción de necesidades de consumo. En relación con sus necesidades, el ser humano vive en sociedad para facilitar la satisfacción de estas, para que aquello que necesita y que no es capaz de producir pueda ser adquirido a través del comercio. Entonces, si la autosuficiencia es buena para el país, ¿por qué no ha de ser buena para cada uno de sus habitantes? ¿Qué pasaría con los que no producen alimentos, con los que no tienen tierras ni recursos para hacerlo?

Otro argumento frecuente es el de la soberanía decisoria: según este razonamiento la soberanía del Estado supone que el gobierno puede y debe reglamentar cada aspecto de la vida de sus ciudadanos, incluyendo la alimentación. La pregunta inmediata que surge es, ¿por qué el gobierno ha de preferir la protección de la producción alimentaria sobre el comercio, la especialización y la abundancia?

Pero aceptar que el gobierno puede decidir sobre todo y todos sin otra limitación que la de su jurisdicción es en verdad desafortunado y fatal. Los derechos fundamentales de los individuos son libertades negativas, o sea, son facetas de sus vidas que no pueden ser afectadas por la política; en este sentido, son verdaderas limitaciones a la soberanía del Estado. Entre estos derechos se encuentran la propiedad y en consecuencia el comercio: se atenta contra el derecho de propiedad si no se permite a los individuos que dispongan de sus bienes como mejor les parezca, sin importar a quién o a dónde se venda o se compre; en consecuencia, el comercio es un derecho económico, al igual que el trabajo, la vivienda y la salud, es más, es el principal derecho económico, pero a diferencia de otros formalmente consagrados en nuestra constitución, el Estado no tiene que hacer nada para asegurarlo, sino dejar hacer.

Por último, queda el argumento de la protección del trabajo de los productores de alimentos del país, que no es más que la forma más sensible asumida por el siguiente temor: si no producimos nada, ¿cómo vamos a comprar lo que necesitamos? Aquí se muestra lo accesible que es el pensamiento económico para todas las personas: es cierto, sólo a través del trabajo se pueden satisfacer las necesidades de consumo. Sin embargo, ¿quién dice que sólo vale el trabajo para la alimentación?, ¿quién dice que el comercio no es trabajo?, ¿y qué pasa con toda la gente que trabaja en sectores distintos a la alimentación?, ¿no son productivos?

El comercio promueve la especialización, multiplica las labores -el trabajo- disponibles para los individuos y maximiza el aprovechamiento de nuestros recursos. Hay alimentos, al igual que otros bienes y servicios, que producimos con ventaja; con el comercio de estos bienes podemos acceder a una abundancia inimaginable en una nación con soberanía alimentaria.

¿Acaso queremos una nación soberana de ineficiencia, una nación de necesidades satisfechas a medias, una nación de hambre?

El autor es politólogo y miembro de la Fundación Libertad de Panamá