El 29 de julio, la CIDH modificó y amplió las
medidas cautelares con base en información remitida por el
Estado brasileño y las organizaciones denunciantes.
La central,
que debería estar en funciones en 2015, afectaría unos 100 kilómetros de
la Volta Grande
del Xingú, e
inundaría unos 520 kilómetros cuadrados. Según activistas, impactará en forma directa
a poblaciones de entre 16.000 y 25.000 personas.
La tecnología elegida, una central de pasada, requiere un embalse menor, pero
desviar las aguas por un canal disminuirá el flujo en la Volta Grande y puede
generar sequía en una zona habitada por dos comunidades indígenas de unos 200
integrantes y centenares de familias ribereñas.
Pese a las
protestas, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente autorizó en junio el inicio
de la construcción.
El gobierno adoptó "una postura inédita de amenaza, falta de respeto y
deslegitimación del sistema interamericano de protección de los derechos
humanos", dijo Justicia Global en un comunicado firmado con otras
organizaciones, como el Movimiento
Xingú Vivo para Siempre, que representa a pobladores e indígenas de la cuenca.
Esto se
suma, según Caldas, a otras formas de "chantaje", como el retiro de
la candidatura de Paulo Vannuchi, exministro de Derechos Humanos, a integrar la
CIDH y la amenaza de suspender contribuciones a la Organización de los Estados
Americanos (OEA), la entidad madre del sistema interamericano.
La abogada Roberta Amanajás, de la
Sociedad Paraense de Defensa de los
Derechos Humanos,
opinó que la "huida" del gobierno brasileño es aun "más
grave", por "su papel en el contexto latinoamericano".
"Brasil
ha demostrado arrogancia, una postura antidemocrática y de ruptura de
diálogo", agregó.
El gobierno no se ha pronunciado públicamente. Pero en la carta dirigida a la
CIDH argumenta que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial "siguen
de forma imparcial e independiente" el cumplimiento de "las
obligaciones de protección de los derechos humanos de los miembros de las
comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto".
La
hidroeléctrica, que requiere inversiones de unos 12.000 millones de dólares y
sería una de las mayores centrales del mundo, con capacidad para generar 11.233
megavatios, abastecerá a 26 millones de habitantes, incluyendo zonas urbanas de
alto consumo, como la región metropolitana de la sureña São Paulo.
Según el gobierno de Dilma Rousseff, Belo Monte será una fuente de suministro
de electricidad clave para abastecer de forma simple y renovable la creciente
demanda.
Pero
organizaciones ambientalistas y movimientos locales consideran que no se
realizaron suficientes estudios de su impacto social y ambiental y que
perjudicará la fauna, la flora y actividades de subsistencia, el abastecimiento
de agua y la pesca.
Según
Antonia Melo, líder del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, esos impactos ya
comenzaron a sentirse en la ciudad de Altamira, situada a 900 kilómetros de
Belém, la capital estadual, por la migración de quienes buscan obtener alguno
de los 20.000 empleos prometidos por la obra.
Melo dijo a
los corresponsales que la zona vive "un caos social" porque el Consorcio
Norte Energia,
responsable de la construcción, no ha cumplido las medidas prometidas para
compensar los impactos.
Según la
dirigente, en un año la violencia aumentó 28 por ciento, en especial bajo la
forma de delitos como el abuso sexual de menores. El flujo migratorio, que
elevó en 30 por ciento la población local, determinó que los hospitales estén
desbordados y la salud indígena comprometida.
Antes del
inicio de las obras, un puesto de salud atendía a 20 personas por fin de
semana, y ahora tiene que recibir a 100, ejemplificó. Además, denunció, aumentó
la ocupación ilegal de tierras y la extracción de madera en áreas
indígenas.
Al reclamo
se suman la alcaldía de Altamira, gobernada por el opositor Partido de la
Social Democracia Brasileña, concejales, empresarios y comerciantes locales,
que inicialmente creían que la hidroeléctrica traería mejoras.
"Trabajadores
de varias partes del país (…) están yendo a la ciudad en busca de empleo. Pero
Altamira no posee estructura de salud, educación, transporte, saneamiento y
seguridad, y no puede soportar el crecimiento repentino de su población y
evitar el caos social que estuvo presente en la historia de las grandes obras
de ingeniería implantadas en la Amazonia", sostiene un documento de la
alcaldía.
Caldas y
Amanajás destacaron que un informe de la Fundación Nacional del Indígena
registró un aumento de la incidencia de la malaria en Pará, situada en 9,44 por
ciento en el estado y mucho más elevada entre sus etnias indígenas, mientras en
el resto de Brasil es de 1,67 por ciento.
Belo Monte
forma parte del Programa de Aceleración del Crecimiento del gobierno, que busca
mejorar la infraestructura a través de obras que además generen empleo y
desarrollo.
En una conferencia con la prensa extranjera en septiembre, la ministra de
Ambiente, Izabella Teixeira, defendió la licencia que autorizó la construcción,
suspendida luego de manera provisoria por la justicia.
La autorización se efectuó después de realizados los estudios técnicos
necesarios para evaluar los impactos ambientales, dijo Teixeira, y se tomaron
todos los recaudos solicitados.