La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha osado pedir a nuestro país que juzgue nuevamente a los 140 heroicos comandos de la exitosa operación Chavín de Huántar. Es decir, al grupo de hombres que en 1997 arriesgó su vida para rescatar a los rehenes que la banda criminal MRTA retenía en la casa del embajador de Japón. Resulta, por ello, importante que voceros del gobierno del presidente Ollanta Humala –un militar de carrera– aseguren que el pedido será tomado con pinzas.

Los ministros de Justicia, Francisco Eguiguren, y de Defensa, Daniel Mora, han reconocido que el pedido no procede, si se pretende responsabilizar, otra vez, al grupo de élite por las supuestas ejecuciones de terroristas (que murieron, como dos de los comandos, en la acción de rescate). Fue un integrante del partido comunista japonés quien afirmó haber visto tales ejecuciones. Sin embargo, en incontables oportunidades, el padre Juan Julio Wicht comentó que en la confusión, rapidez y la humareda del rescate era imposible haber visto algo.

El ministro de Justicia dice que el Perú solo recogerá las propuestas con las que esté de acuerdo. Una posición ambigua. El ministro Mora sí ha rechazado el pretendido proceso a quienes ya respondieron ante la justicia nacional. En el 2002 la Corte Suprema decidió que fueran juzgados por un tribunal militar, ya que el supuesto delito se dio en combate no convencional. El doctor César San Martín afirma que ningún comando está siendo procesado, justamente porque no hay razón para ello.

La propuesta de la CIDH revela ignorancia supina y contrabando ideológico de su conocida postura contra las instituciones latinoamericanas. También ha generado rechazo en un país que valora la acción del Ejército en el rescate de aquellos 72 rehenes, que no corrieron la suerte de ser liberados tempranamente, como fue el caso de Javier Diez Canseco y de Alejandro Toledo.

Corresponde al Gobierno desestimar la propuesta y hacer prevalecer los fallos de la justicia nacional. El caso sigue en investigación, pues las autoridades locales creen que las posibles ejecuciones fueron responsabilidad de un grupúsculo infiltrado, que está siendo procesado. Entre ellos, el coronel EP (r) Roberto Huamán Azcurra, el ex general EP (r) Nicolás Hermoza Ríos y el militar Jesús Zamudio Aliaga. Desde que el Perú retornó al seno del sistema interamericano ha sido respetuoso de las competencias de la CIDH, pese a algunas declaraciones inaceptables para un país que ha sido víctima del terrorismo. Este caso, sin embargo, no puede tolerarse. El Perú no tiene por qué arrodillarse ante un pedido que tiene más de política que de búsqueda de la verdad y la justicia.

¿Qué busca Omar Chehade?
El segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, no debería esperar a que la crisis que le ha generado al gobierno del presidente Ollanta Humala siga agravándose. Ahora que el Ministerio Público lo está investigando por tráfico de influencias en el caso de la supuesta intervención en la azucarera Andahuasi y por negociaciones a favor de una empresa constructora brasileña, postora en la concesión de las obras del tren eléctrico, tendría que tomar saludable distancia del entorno presidencial.

Su permanencia como vicepresidente afecta la Presidencia de la República y mella la campaña anticorrupción que el presidente Ollanta Humala trata de liderar.

El doctor Chehade ha hecho bien en renunciar a la megacomisión que investigará la segunda gestión del ex presidente Alan García. Un grupo de trabajo con una enorme responsabilidad. Pero una buena muestra de hidalguía de su parte sería que, mientras duren las investigaciones fiscales y parlamentarias, el señor Chehade solicitara licencia, aunque más propio sería su renuncia al cargo.