Las mujeres indígenas y campesinas de zonas rurales empobrecidas fueron las principales víctimas del programa de esterilizaciones, que causó al menos una víctima mortal, María Mamérita Mestanza Chávez, fallecida en el norte de Perú en 1996. «Pedimos a las autoridades peruanas que garanticen una investigación sin demora, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre las esterilizaciones forzadas de mujeres», declaró la directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América, Guadalupe Marengo. «Todas las mujeres que fueron obligadas a someterse a esa intervención deben obtener plena reparación, tal como dispone el Derecho Internacional», manifestó.

La medida formaba parte de un programa de planificación familiar patrocinado por el Gobierno que se llevó a cabo durante el último mandato del presidente Fujimori, quien fue encarcelado en 2009 después de ser declarado culpable de diversas violaciones de Derechos Humanos.

Su política oficial de control demográfico se dirigía específicamente contra las mujeres indígenas y campesinas de los sectores más pobres de la sociedad. Según AI, los funcionarios encargados de aplicarla promovieron la esterilización, sobre todo de mujeres indígenas y campesinas, «para cumplir las cuotas fijadas por el Gobierno». Como consecuencia de ello, fueron esterilizadas miles de mujeres, en muchos casos sin su consentimiento o contra su voluntad.