Esta decisión presidencial, dispuesta en una simple hoja de papel, tendrá consecuencias sumamente importantes para la Argentina, que estimo por falta de conocimientos o por voluntad expresa, no han sido analizadas ni estudiadas por quien las ordenó.

El Sr. Presidente ha expresado que dicha medida es transitoria y ha sido tomada para aumentar la oferta hacia el consumo interno, y así frenar los aumentos de precios en el mercado local de carnes.

Esta decisión, además de representar una evidente contradicción con la política económica oficial (sostiene el dólar alto para beneficiar las exportaciones y con ellas lograr mayores ingresos fiscales basados en un sistema de retenciones), se encuentra teñida de un tinte populista que no se detiene a reflexionar en las consecuencias de su accionar.

Los efectos de esta medida serán, además de la pérdida de U$S 585 millones para el sector agropecuario que ya ha informado la Sociedad Rural Argentina, por lo menos, los siguientes:

En primer lugar, repercusiones en toda la cadena de producción. Los ganaderos suelen tener compromisos de faena con los frigoríficos, que implican el envío de cierta cantidad de novillos a faena por mes. Esto se incumplirá ya que no tendrá sentido enviar más cabezas a faena si luego no hay mercado donde vender la carne.

Con lo cual, los empresarios ganaderos no solo incumplirán esos contratos, sino que también deberán romper o renegociar los que tengan firmados con compradores del exterior.

Inmediatamente, surgirán los problemas laborales, ya que frente a la capacidad ociosa, los establecimientos ganaderos y los frigoríficos deberán tomar medidas con su personal. Ellas podrán consistir en adelanto de vacaciones, suspensiones y/o despidos, pero todas implicarán grandes pérdidas económicas y posibles conflictos sociales.

En este sentido, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, que agrupa al 80% de las industrias del sector, ya ha informado que la suspensión de las exportaciones ha puesto en riego el empleo de 10.000 trabajadores.

La medida dispuesta por el Sr. Presidente implicará en el corto plazo, una baja artificial del precio de la hacienda para los consumidores argentinos, ya que inevitablemente los productores deberán volcar la totalidad de su producción en el mercado interno.

Pero en el mediano y largo plazo se contraerá la producción, lo que inmediatamente aumentará la escasez y consecuentemente, los precios. Lo que hoy beneficia a los consumidores internos, en poco tiempo los perjudicará en mayor medida que la libre exportación y fijación de precios, que supuestamente hoy los condena a suprimir el consumo de carne.

La destrucción de la imagen de la Argentina como productor y exportador previsible tendrá un costo que resulta imposible calcularlo monetariamente, pero seguramente superará los U$S 585 millones que dejarán de ingresar al sector en estos 180 días. Los importadores de carne argentina han recibido una clara señal: este país ha dejado de ser un proveedor confiable.

No solo ello, sino que también se verá afectada la política exterior de la Argentina. ¿Bajo qué argumento el Gobierno Nacional podrá seguir insistiendo en Foros internacionales que se eliminen los subsidios agrícolas en EEUU y en Europa si él mismo ha prohibido la exportación de carne desde su país?

Con la medida dispuesta el gobierno ha provocado que los empresarios argentinos resignen mercados internacionales a manos de competidores de otros países. Como es bien sabido, conquistar los mercados no es algo simple, y cualquier importador, a lo hora de elegir su proveedor, además de buscar precio y calidad, procura que le aseguren provisión en el tiempo y cumplimiento de los contratos convenidos.

Los espacios cedidos por los empresarios argentinos inmediatamente serán ocupados por los de otros países exportadores, y volver a recuperarlos será sumamente complicado. Lo que se pierda en 180 días no podrá ser recuperado en ese mismo tiempo.

Asimismo, se ahuyentarán las inversiones nacionales y extranjeras en el sector. Con lo cual, se acentuará la retracción en la oferta provocando la subida de precios que ya se ha mencionado con anterioridad. Y ello no sucederá porque los empresarios ganaderos quieran perjudicar al gobierno, o porque sean unos mercenarios capitalistas sin sentimientos nobles hacia los consumidores de carne, sino porque las políticas poco serias de los gobernantes argentinos no les brindan seguridad jurídica y económica, ni incentivos para invertir, o continuar invirtiendo en este país.

Frente a estas noticias, se vislumbra un escenario de importantes conflictos judiciales. La prohibición de exportar un producto, vulnera los derechos constitucionales de ejercer toda industria lícita y comerciar (art. 14 y 20 Constitución Nacional), con lo cual, previsiblemente – y ya ha sido anunciado así por las organizaciones del sector – se iniciarán gran cantidad de acciones de amparo contra la resolución que dispuso la medida.

Asimismo, los ganaderos argentinos tendrán que afrontar acciones judiciales, a) de los trabajadores que se vean afectados por medidas laborales, b) de las empresas extranjeras con la cuales inevitablemente romperán contratos de suministro, y c) de las empresas argentinas con las cuales tuvieran contratadas una cantidad determinada de prestaciones fijas, como por ejemplo, la faena con los frigoríficos.

Finalmente, y no por ello menos importante, el Estado Argentino deberá afrontar los reclamos que los ganaderos le iniciarán, por los daños y perjuicios que han sufrido y sufrirán como consecuencia de la prohibición de exportación dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

Debe destacarse que mientras el Sr. Presidente ordenaba la suspensión de las exportaciones, en Barcelona se realizaba Alimentaria, la mayor feria de alimentación de España. Allí la delegación argentina había dispuesto una stand de 350 metros cuadrados y una degustación de más de 100 kilos de carne. Esta delegación estaba acompañada de personal diplomático enviado especialmente por el Poder Ejecutivo desde la Argentina, para promover la carne argentina en el mercado español.

Esto demuestra una vez más la incoherencia de las políticas públicas del gobierno del Presidente Kirchner, que por un lado dispone medidas que suponen el auxilio de los más humildes y por otro, dilapida fondos públicos en actividades contrarias a ellas.

Las preguntas que en estos momentos nos hacemos los Argentinos todavía no tienen respuesta, y por ahora, únicamente generan mayor preocupación: ¿Qué sucederá el día 181?

¿Qué nueva medida dispondrá el Sr. Presidente si en este período los precios de la carne no bajan?

¿El Sr. Presidente conoce perfectamente los efectos de la suspensión dispuesta, mencionados en este escrito, y ha tomado la medida en forma premeditada, o sólo lo ha hecho por impericia?