¿Cuál fue el origen y desarrollo de ese fallido intento? A fines de enero de 1981, me había entrevistado en Roma con el Papa Juan Pablo II. En los intensos minutos de conversación con el Santo Padre, lo puse al corriente de la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua, totalmente diferente de la visión idílica que el gobierno sandinista intentaba proyectar. Lo que dije al Papa y que luego repetí al corresponsal de la Agencia EFE en Roma fue, en resumen, lo siguiente: “El pueblo de Nicaragua todavía se debate buscando su plena liberación. Sufrimos una masiva violación de derechos humanos. Hay entre 7,000 y 10,000 prisioneros políticos sometidos a Tribunales Especiales que son instrumentos de venganza política, hay decenas de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones de prisioneros cuyas fosas comunes están diseminadas por todo el país, casos de tortura, confiscaciones arbitrarias, censura de prensa, etc.”

Después de escucharme con manifiesta preocupación, el Papa me dijo: “Sigo de cerca lo que está pasando en su país. Nicaragua está siempre en mi corazón y en mis oraciones”.

Mis declaraciones a EFE, recogidas por la prensa internacional, provocaron una oleada de mensajes a la Junta de Gobierno, de la cual Doña Violeta de Chamorro y el Ing. Alfonso Robelo ya habían renunciado, expresando la preocupación y, en no pocos casos, la reprobación de gobiernos y personalidades del mundo entero.

En lugar de admitir sus crímenes y rectificar sus errores, la Junta sandinista ordenó al Ministro de Justicia, Ernesto Castillo Martínez, clausurar las oficinas de la CPDH y apoderarse de sus archivos. La orden fue ejecutada por la Policía de Orden Interno (POI) al mando de Enrique Schmidt, Jefe de la Policía de Managua.

La Junta sandinista me acusaba de ser agente de la CIA y de estar confabulado con sectores contrarrevolucionarios para —según ellos— “impedir que llegara a Nicaragua la harina para el pan de nuestro pueblo”.

En la segunda página de La PRENSA, que recoge lo sucedido hace 25 años, se reflejan los graves acontecimientos de mediados de febrero de 1981, comenzando con la primera aparición de las turbas sandinistas jefeadas por una señora de apellido Castillo, para agredir a las personas que pacíficamente esperaban mi llegada en el Aeropuerto Sandino. Algunos días después era capturado en horas nocturnas por el propio Lenín Cerna, llevado al Chipote y sometido a un juicio absurdo incoado por el entonces Procurador y hoy exitoso presentador de televisión Dr. Danilo Lacayo.

Gracias a la solidaridad internacional en favor de la CPDH y en rechazo a mi injusta prisión, fui liberado algunas semanas después mediante una resolución que figura entre las mayores insensateces jurídicas de este país: “El reo es culpable, pero, porque la Revolución es generosa, lo ponemos en libertad”.

Todo lo anterior nos lleva a una conclusión que debemos compartir con confianza y optimismo todos los que seguimos sufriendo el inmerecido flagelo del sandinismo orteguista, hoy ayuntado en la llanura con el liberalismo arnoldista: para vencer al monstruo no es necesario recurrir a la violencia; basta con difundir la verdad, actuar con perseverancia y civismo y movilizar la solidaridad internacional.

Para triunfar, sin embargo, es preciso que la lucha se dé en el campo de los intereses nacionales y no de intereses partidistas. Es imperativo que se unan los partidos y alianzas genuinamente democráticas pero es igualmente imprescindible la unidad de la ciudadanía propiamente dicha, es decir, de los hombres y mujeres pobres, desempleados y mal pagados que son la indiscutible mayoría.

Así como en 1981 luchamos unidos para defender a la CPDH y triunfamos; así como, en 1989, la candidatura limpia y amable de Violeta Barrios de Chamorro, respaldada por la Unión Nacional Opositora (UNO), recogió en un solo haz de generosidad y patriotismo a todas las fuerzas dispersas y derrotó la revolución de los mil años, así hoy venceremos al monstruo bicéfalo del arnoldo-sandinismo con las armas de la verdad y la sensatez, uniéndonos en torno a una candidatura democrática única, con un programa de gobierno en el cual la agenda social sea una clara e irrenunciable prioridad.