Tanto en esa localidad como en Vista Hermosa, donde sufren la misma amenaza, ambas del departamento del Meta (al este de Colombia). Regresó el temor colectivo a la violencia guerrillera, la permanente zozobra.

Cuando se cumplen 10 años del Caguán o zona de despeje �nombres con que se bautizaron los 42.000 kilómetros cuadrados que el Gobierno de Andrés Pastrana entregó a las FARC a cambio de sentarse a negociar la paz entre enero de 1999 y febrero de 2002-, los cambios que los distintos gobiernos prometieron en los cinco municipios que los integraban (Macarena, Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y San Vicente del Caguán) no han sido los esperados, como constató ELMUNDO.es en un recorrido de varios días por algunas de esas poblaciones.

Si bien en aquellos tres años las FARC controlaban todo, puesto que se convirtieron en la única autoridad, ahora, pese a la intensiva presencia de Ejército y Policía, siguen ejerciendo su poder en la mayoría del territorio. Y aunque la coca, principal generadora de riqueza entonces, fue eliminándose por las intensivas campañas de erradicación que se llevaron a cabo con posterioridad, desde hace unos meses vuelven a proliferar los sembrados.

En estos tiempos, además, todo comerciante, ganadero, transportador y pequeño empresario tiene que pagar 'vacuna' (impuesto revolucionario), si no quieren que los maten, deporten o arruinen. Y en ocasiones deben hacerlo por partida doble porque los renegados de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), que llegaron en su día a la región para contrarrestar el poder guerrillero, han formado bandas criminales que también quieren su parte.

"La situación es difícil. Los grupos disidentes de los 'paras' y las FARC han vuelto a imponer sus normas. La población está afectada por la extorsión, el asesinato, la intimidación", comenta una de las principales autoridades locales de Vista Hermosa, que pide no dar su nombre. "El gobierno anterior prometió mucha ayuda y cumplió poco", agrega.

Para el nuevo alcalde, Alex Zárate Hernández, la situación de seguridad "es crítica. Se ha intensificado la presión de las FARC desde principios de año, la gente está muy temerosa", señala preocupado.

La Macarena, por ejemplo, la empresa bandera de autobuses interurbanos del Meta, después de que las FARC le quemaran varios vehículos en las vías, redujo sus frecuencias en Vista Hermosa y tiene suspendido por completo los viajes en La Uribe o La Julia, donde en lugar de carretera hay un pedregoso camino de cabras.

En La Uribe la mayor transformación es un inmenso Batallón que, en la distancia, eclipsa al pueblo. Desde las instalaciones militares intentan menguar el poderío de las FARC con frecuentes bombardeos y ataques a los enclaves guerrilleros, y detenciones de miembros de sus redes de apoyo logísticas.

Los desterrados

La inclusión de los cinco municipios en la zona de despeje, sin consultar previamente a las comunidades afectadas, generó una primera oleada de desplazamientos. Muchos habitantes temían quedar bajo la única autoridad de las FARC. El tiempo les vino a dar la razón en numerosos casos.

La guerrilla desterró y asesinó a campesinos por considerarlos afines a los paramilitares o para quedarse con sus fincas, o se vieron obligados a venderlas a precios ridículos. También robaron ganado y pusieron a sus testaferros al frente de las propiedades. Diez años después, "nadie reclama sus tierras ni su ganado", dice un campesino, porque la banda terrorista sigue dominando la región. Si osan hacerlo, saben que pueden matarlos. "Y ahora la estrategia de las FARC no es robar la tierra sino que los propietarios la trabajen y cobrarles duro la vacuna", explica un oficial de la Policía que prefiere mantener el anonimato.

Cuando se rompió el proceso el 20 de febrero de 2002 y las Fuerzas Militares, la Policía, jueces, fiscales y otras instituciones estatales regresaron a los cinco municipios, buena parte de los exiliados y desterrados volvieron. Pero la película no tuvo un final feliz.

Les quedó soportar otra violencia brutal de mano de las AUC (Autodefensas unidas de Colombia) que se habían hecho fuertes en las localidades limítrofes. Aprovecharon la salida de sus enemigos para ingresar con sus métodos sanguinarios a los pueblos que dejaban. Impusieron su terror a golpe de masacres y asesinatos selectivos, provocando un nuevo éxodo.

Tras la desmovilización de una parte de las AUC en 2005 y la política de seguridad de mano de hierro del gobierno de Álvaro Uribe, la región vivió una cierta calma, retornaron pobladores, electrificaron poblaciones, pavimentaron un par de vías principales y financiaron proyectos productivos para sustituir los sembrados de coca, aunque no lograron consolidarlos todos.

La coca

En cuanto a la inversión social, hay un descontento generalizado. "Lo que hay hasta ahora en proyectos productivos son pañitos de agua tibia", cuenta un lugareño. El gobierno, sin embargo, defiende su actuación ya que por medio del PCIM (Plan de Consolidación integral de La Macarena), destinaron ingentes recursos a programas sociales y productivos en la región.

De hecho, con ayuda estatal los cultivos de plátano, maíz, fríjol, café, cacao, entre otros, han sustituido en amplias áreas a las matas de coca a pesar de la pésima infraestructura. "Si el gobierno nos sigue apoyando y ven que esta región no sólo es violencia, será más fácil desarrollarnos", afirma Graciela Bello, Vicepresidenta de Asojuntas de Mesetas. "La coca estaba acabando con nosotros".

Al margen de la agricultura, algunos ven en las nuevas prospecciones petroleras, tanto en La Uribe como en Vista Hermosa, una futura fuente de empleo. De momento, sin embargo, apenas han contratado mano de obra sin cualificar en algunas veredas y para nadie es un secreto que también alimentarán las arcas guerrilleras con el pago de 'vacunas'.

Uno de los aspectos positivos que se aprecian es que los jóvenes, que antes se dejaban tentar por los grupos armados ilegales y por el dinero fácil que les proporcionaba trabajar en los sembrados cocaleros, ahora ven en los libros otra salida y muchos no abandonan el colegio. Tal vez por esa razón hay más reclutamiento forzado por parte de la guerrilla, que incorpora a sus filas cada vez niños con menos años ya que los adolescentes que van forzados, se fugan.

Según distintas personas, que pidieron anonimato, las FARC obligan a familias campesinas a entregarles uno de sus pequeños para adiestrarlos, y se han visto criaturas de 11 y 12 años uniformadas, ejerciendo funciones de adulto.

Para el alcalde de La Uribe, Marcelino Chacón, a quien sus detractores acusan de haber recibido el apoyo de las FARC para ganar las pasadas elecciones, extremo que él niega, "desde hace seis meses, tras la muerte de Alfonso Cano (jefe de las FARC), se ha recrudecido la violencia". Pero a diferencia de quienes insisten en que la solución es más tropa y policía, piensa que la única manera de combatir a la guerrilla es atrayendo a sus integrantes con "oportunidades de trabajo y con ideas".

Diez años después del fallido proceso de paz, es evidente que los municipios que quedaron a merced de las FARC siguen bregando por encontrar un futuro alejado de la violencia y la coca, un objetivo que para el foráneo se antoja lejano pero que los lugareños, con una fe admirable, todavía sueñan.