Carlos Lauría, coordinador senior del programa en de las Américas del CPJ, publica en “Prensa estatal: Fines políticos desplazan interés público” un recuento sobre una tendencia marcada de gobiernos de Latinoamericana de generar medios supuestamente de interés público, pero que en realidad tienen una agenda de propaganda gubernamental que sirve como ariete para marginar, excluir e incluso atacar a periodistas y medios independientes y críticos.

El caso emblemático expuesto por Lauría es el impulsado por el presidente Hugo Chávez en Venezuela, ejemplo que sin embargo han seguido lo mismo Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua, países que además, subraya el funcionario del CPJ, “carecen de leyes que dispongan que los medios estatales deban servir al interés público”.

El estudio de Lauría explica cómo “a menudo” esos presidentes “describen a los ejecutivos de medios privados como la ‘oligarquía’ y la ‘elite empresarial’, personas vinculadas a conglomerados transnacionales y decididas a sesgar la cobertura periodística a favor a la oposición política o de otros grupos con intereses especiales. Los gobiernos de estos países justifican su accionar contra la prensa, a quien se le suele negar el acceso a funcionarios y a eventos públicos, al acusar a los medios privados de ser enemigos del pueblo”.

El caso de Globovisión, cadena televisiva condenada a pagar 2 millones de dólares por supuestamente instigar disturbios tras una revuelta en una cárcel venezolana, es puesto como caso emblemático, en el que a partir del embate de un programa afín al régimen de Chávez, “financiado con fondos públicos, se ha convertido en el ejemplo más notorio de una tendencia regional a través de la cual los medios estatales se utilizan no sólo como herramienta para la propaganda política, sino también como plataformas para campañas de desprestigio en contra de críticos, incluyendo periodistas”.

Pero el caso está lejos de ser una situación propia de Venezuela. “El Presidente de Ecuador Rafael Correa ha seguido de cerca los pasos de Chávez. Cuando Correa asumió su cargo a principios de 2007, los medios estatales consistían solamente de Radio Nacional de Ecuador. El gobierno erigió una ambiciosa maquinaria mediática en pocos años (…) El gobierno de Correa ha utilizado fondos públicos —cuyos montos no fueron nunca divulgados— con el objetivo de montar una masiva operación de medios estatales actualmente compuesta por numerosas emisoras de TV (TC Televisión, Gama TV y Ecuador TV, además de canales de cable como CN3 y CD7), estaciones de radio (Radio Pública de Ecuador, Radio Carrousel, Radio Super K 800 y Radio Universal), periódicos (El Telégrafo, PP El Verdadero y El Ciudadano), revistas (La Onda, El Agro, Valles y Samborondón) y una agencia de noticias (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, conocida como Andes).

“Correa ha usado a los medios estatales como plataforma para desacreditar a los periodistas que se oponen a sus políticas de gobierno. El presidente suele dedicar sus habituales emisiones radiales de los sábados a embestir con ataques verbales a empresas de medios y a periodistas en forma individual. Los medios que suelen ser con mayor frecuencia blanco de ataques son los El Universo, La Hora, El Comercio y Expreso, como así también la cadena televisiva Teleamazonas. El presidente ha tildado a sus críticos de ‘ignorantes’, ‘basuras’, ‘mentirosos’, ‘amorales’, ‘mediocres’, ‘sicarios de tinta’, y ‘actores políticos que están tratando de oponerse a la revolución ciudadana’”.

El reporte de Lauría también revisa el caso de Nicaragua, donde “el gobierno sandinista utiliza el aparato mediático oficial —Canal 4, Canal 8, Canal 13, la emisora radial Nueva Radio Ya y el sitio de noticias El 19— para perpetrar ataques personales a varios periodistas críticos del gobierno. (…) Periodistas conocidos como el ex director del periódico El Nuevo Diario, Danilo Aguirre, han sido tildados de “fascistas”. Carlos Fernando Chamorro, conductor del programa “Esta Semana” en el Canal 12 de televisión, fue investigado y acusado de lavado de dinero en una investigación que el CPJ describió como politizada y que intentó restringir la cobertura informativa sobre casos de corrupción gubernamental”.

En el caso de Daniel Ortega, la construcción de un aparato de propaganda incluye el involucramiento de su familia en la operación de medios: “El lanzamiento en junio del Canal 13 Viva Nicaragua, una cadena de 24 horas de noticias propiedad de la familia Ortega y dirigida por los hijos de Daniel Ortega, Luciana, Camila y Maurice Ortega Murillo, es un ejemplo del intento del presidente por controlar el flujo de información”.

El reporte también señala que hay otros países donde también se advierten este tipo de prácticas: “En Bolivia, el Presidente Evo Morales fue sincero cuando explicó que su gobierno saca provecho de los medios estatales para frustrar las distorsiones percibidas en la prensa privada. Y en Argentina, los críticos afirman que el programa de televisión 6, 7, 8 emitido por la Canal 7 en la televisión pública ha lanzado una caza de brujas contra periodistas que no son afines al gobierno. En este programa de debate, cinco periodistas y dos invitados periódicamente menosprecian la cobertura periodística que realiza la prensa crítica, retratando a periodistas y medios como actores políticos y oposición”.

La buena noticia es que sí hay ejemplos en América Latina de medios estatales que se distancian de las políticas del gobierno en turno. Lauría menciona como referencias de buena práctica a “Televisión Nacional de Chile (TVN), Canal 22 de México y TV Cultura de Brasil han sido destacados como paradigmas de medios que pertenecen al estado pero que han logrado cumplir con su objetivo principal de servicio público”.

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