Pero la comparación entre uno y otro fenómeno difícilmente puede pasar de aquí sin pervertir el fondo real de las cosas. La distancia entre Mayo del 68 y Marzo del 06 es la misma que separa los sueños revolucionarios –“Sed realistas, pedid lo imposible”- de la reclamación de un contrato fijo. Los jóvenes del Mayo francés querían cambiar la sociedad, los de este Marzo buscan desesperadamente integrarse en ella.

Tiene algo de conservador esta revuelta, que clama por el mantenimiento del statu quo y rechaza de plano toda reforma. Tiene también algo de sorprendente. Cuando el paro castiga al 23% de los jóvenes franceses y el resto se ve condenado -en un 80% de los casos- a encadenar contrato temporal tras contrato temporal –la mayoría, no superior a un mes-, empeñarse en la defensa acérrima del marco establecido parece una suerte de ceguera. No está claro adónde lleva blandir como un tótem el Código de Trabajo cuando los derechos que éste recoge son, para la mayoría de los jóvenes, una quimera.

Puede que el polémico Contrato de Primer Empleo (CPE), un contrato indefinido destinado a los menores de 26 años con un periodo de prueba de dos años durante los cuales se facilita el despido, no sea la panacea para crear más empleo estable para los jóvenes como defiende contra viento y marea Dominique de Villepin. Pero difícilmente puede agravar la precariedad existente de forma significativa.

El tan reivindicado modelo social francés se asienta hoy sobre una profunda desigualdad: la que separa a quienes están integrados en el sistema y quienes están fuera. Entre los primeros se encuentran especialmente los funcionarios –uno de cada cuatro trabajadores franceses en activo- y los empleados de las grandes empresas estatales, que atesoran unos privilegios insostenibles. Entre los segundos, los jóvenes.

Algo no funciona cuando el comité de empresa de la ferroviaria estatal SNCF necesita nada menos que 500 empleados –¡con su propio comité de empresa interno!- para gestionar los inmensos beneficios sociales de los asalariados, mientras en las barriadas de la periferia cuatro de cada diez jóvenes está sin trabajo y sin perspectivas de lograrlo. Algo no funciona cuando un maquinista se permite quejarse en televisión -con gran indignación y sin asomo alguno de rubor- de que trabaja ¡seis horas diarias!, mientras los jóvenes más preparados y emprendedores se ven obligados a buscarse la vida en Londres y otras capitales, donde no hay contratos fijos pero sí encuentran las oportunidades de trabajo y desarrollo personal que no tienen en su país.

El malestar que expresan hoy los jóvenes franceses –y sus padres- no es sino la última manifestación de una inquietud que atenaza desde hace tiempo al conjunto de la sociedad, que observa el futuro con un profundo pesimismo. Como lo fue el rotundo no a la Constitución europea del 29 de mayo del 2005. Como lo fue también, en cierta medida, la violencia nihilista desatada por los jóvenes de las banlieues el pasado noviembre. Francia, con una economía que no acaba de arrancar, un paro de los más altos de Europa, una grave fractura social entre los franceses de toda la vida y los hijos de la inmigración, y una clase política desprestigiada, está sumida en una preocupante crisis moral. Desorientada, deprimida, observa con enorme desconfianza y temor los acelerados cambios que están transformando el mundo.

No es el CPE el problema. Mejor o peor concebido, es un instrumento que probablemente merecería la oportunidad de ser ensayado. Ni siquiera la actitud arrogante del primer ministro francés –creyendo que podría llevar adelante el proyecto excluyendo todo diálogo con los interlocutores sociales- lo desacredita. Tampoco será el CPE la solución mágica al problema del paro. Porque es el conjunto del sistema lo que no funciona. Los franceses lo saben. Pero se resisten a asumir los cambios.