El Foro Mundial del Agua (con todo y el aprovechamiento que de él puedan intentar los infaltables comerciantes de las oportunidades y necesidades humanas, que de todo hacen ocasión de lucro) es una respuesta racional frente a un problema que ahonda la pobreza de millones de personas que no cuentan con el vital líquido, y que podemos llegar a ser todos ante la inminencia de que una sequía mundial por el calentamiento de la tierra cause estragos inimaginables.

Lo particular de este IV Foro Mundial del Agua fue lo que, en paralelo, hizo el Foro de Legisladores por el Agua, en donde se pudo abordar el problema desde la óptica del representante popular que no sólo debe producir las leyes para la preservación y distribución justa del vital líquido sino, también, debe autorizar y fiscalizar el uso de los recursos públicos al efecto.

Fue aquí donde, entre otras experiencias expuestas, se planteó el caso de México recordando que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Aguas Nacionales, y a dos años de su promulgación el Poder Ejecutivo todavía no ha emitido el reglamento correspondiente, por lo que los Consejos de Cuenca y otros organismos en donde participan los usuarios con las autoridades del ramo, trabajan con limitaciones que al parecer traspondrán el sexenio.

Igual descuido ocurre con los amplios presupuestos para obras y equipamiento en la distribución del agua que ha aprobado el Congreso, y que el Poder Ejecutivo no ha ejercido en perjuicio de los todavía más de 12 millones de mexicanos que carecen de la infraestructura para tener agua en sus domicilios y requieren muchas veces de comprarla a las pipas, que la vacían en tambos de donde cada familia con botes la traslada a su vivienda.

El debate en el ámbito legislativo se trasladó a la decisión que debe tomarse en cuanto a que, siendo el agua un bien propiedad de la nación, su distribución para uso doméstico, agrícola o industrial sea susceptible de concesionarse para que particulares lo hagan sobre todo en el área urbana. Las posiciones se inclinaron contra esa posibilidad, excepto la de los legisladores españoles que defendieron la privatización a ultranza.

El resto de los participantes prácticamente coincidieron en que, siendo un servicio público obligatorio, era el Estado el que debería proporcionarlo. Se expusieron experiencias negativas de la privatización como las de Saltillo y Aguascalientes, y a nivel internacional lo ocurrido en Argentina donde el gobierno de Kirchner rescindió el contrato de Aguas Argentinas (40% de capital francés y 25% español) porque no cumplieron con las obligaciones de inversión al no realizarse las obras de alcantarillado proyectadas y no cumplir tampoco los trabajos para evitar la contaminación de aguas destinadas al consumo humano.

Para el caso de México las privatizaciones, en el balance general, no han dado buenos resultados como lo expusimos varios legisladores. Se habló del rescate que se tuvo que hacer de las autopistas que abrieron particulares, y que el gobierno salvó de la quiebra y tuvo que adquirir para seguir prestando el servicio.

Todavía más recientemente se abordó el tema de la banca que no sólo se privatizó sino, incluso, se extranjerizó y le costó al erario más de 100 mil millones de dólares para que ahora se tenga la banca que más altas comisiones cobra a los usuarios y que más amplias ganancias genera para sus propietarios.

Se agregó el comentario sobre que las empresas del Estado hoy en día están más sujetas a revisión y fiscalización que las privadas, citándose como ejemplo de estas últimas el desfalco de Enron en Estados Unidos y Parmalat en Europa, que arrastraron en la quiebra a millones de pequeños ahorradores, al fisco, a los trabajadores y a instituciones bancarias.

Se señaló que una empresa del Estado, en la prestación del servicio de agua con recta y eficiente administración, puede ser, incluso, un mejor incentivo para promover actividades de la iniciativa privada como constructoras, prestadoras de servicios en tecnología, proveedoras de materiales e insumos, financieras etcétera, y que con ello se excluye el riesgo de que una concesionaria particular quiebre y obligue al Estado a su rescate o, simplemente un desacuerdo con el concesionario requiriera de un litigio en perjuicio de los usuarios y de la ampliación del servicio.

En esta perspectiva la Declaración de México lograda por consenso en el encuentro mundial de legisladores expresa en el primer punto: "El agua no es una mercancía o un recurso fijo. El agua tiene un valor social, ambiental y económico. El agua es un recurso esencial y un bien de dominio público... se reconoce a todo ser humano, sin importar el sitio donde haya nacido y resida, el acceso al agua como un derecho esencial...".

De aquí en adelante los legisladores se llevaron la convicción de que el agua es el tesoro más preciado de la humanidad que tiene como un desafío el tener que alcanzar para un crecimiento demográfico que sólo en México exige dar acceso a cerca de 3 millones de seres humanos que cada año nacen en el territorio nacional. En todo el planeta la cifra puede llegar a 150 millones de nuevos demandantes cada 365 días.

Diputado federal (Convergencia)