A ello hay que sumar que su labor se ha sobrepuesto al asesinato de algunos de sus directivos, graves ataques a otros y continuas amenazas a sus reporteros. Pero resistencia no debe entenderse como resignación. Por ello, medios de comunicación mexicanos han condenado este lunes una nueva amenaza proferida en contra de la publicación tijuanense.

"Otro atentado contra la libertad de expresión en Baja California fue denunciado públicamente por Adela Navarro Bello, codirectora del semanario Zeta, en su columna Sortilegios, fechada el 24 de febrero y titulada Amenaza del Narcotráfico, donde informó que el medio recibió una nueva intimidación, presuntamente de Melvin Gutiérrez Quiroz El Melvin, uno de los fugitivos integrantes del cártel de los Arellano Félix. 'Los han seguido; los han ubicado […] Quieren darles un chingadazo', fue lo que el mensajero expresó en una llamada telefónica, denunció Adela Navarro", así consignaba el blog Geografía de Riesgos, proyecto del Programa Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Ese mismo sitio electrónico recuerda que "no es la primera vez que el Semanario Zeta es víctima de agresiones. Héctor "El Gato" Félix Miranda, coeditor del medio, fue asesinado en 1988; En 1997 el escolta Luis Valero murió en un atentado contra Jesús Blancornelas, fundador del Semanario (quien recibió en ese ataque cuatro tiros); en 2004 el coeditor Franciso Ortiz Franco fue ejecutado".

La nueva amenaza ha suscitado una movilización de los medios integrados en el acuerdo para la cobertura de la violencia, un protocolo firmado el 24 de marzo del año pasado por centenares de empresas periodísticas no solo para definir criterios comunes para informar sobre los actos criminales sino también para --quizá en su parte más innovadora-- constituirse en una voz colectiva que rechace los ataques a los periodistas mexicanos. A fin de lograr lo anterior, cuando surge un caso de riesgo diversos medios emiten el mismo mensaje. En esta ocasión constaba de las siguientes líneas:

"Los medios firmantes del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia condenamos estos hechos (las amenazas) y manifestamos nuestra solidaridad a los colegas del Semanario Zeta. El intento de acallar a un medio de comunicación constituye una afrenta contra el gremio periodístico y la sociedad en su conjunto.

"Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales tomar de manera urgente todas las medidas necesarias para que reporteros y editores del Semanario Zeta puedan continuar realizando su labor informativa en condiciones que garanticen su vida e integridad.

"No admitimos la imposición del silencio como mecanismo de supervivencia. En el contexto de nuestro país, investigaciones periodísticas como las que el Semanario Zeta realiza son imprescindibles.

"Demandamos que se lleven a cabo las diligencias necesarias para castigar a los responsables de estos actos de intimidación.

"El equipo del Semanario Zeta ha sido objeto de diversos ataques y amenazas a lo largo de sus más de treinta años de trayectoria, que han llegado, incluso, a cobrar la vida de tres de sus colaboradores. A ello se suma el atentado sufrido por su fundador. Estos lamentables hechos han estado marcados y promovidos por la impunidad; el Estado debe poner fin a este perverso ciclo.

"Compartimos lo señalado por el Semanario Zeta, 'ante la impunidad nos queda la publicación. El ejercicio de nuestra libertad de expresión y el derecho a estar informados es lo que nos sostiene'. Estos derechos fundamentales, esenciales para la vida democrática, son los que están juego".

Desde la semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado sobre las amenazas al semanario Zeta y por la golpiza a otro reportero de esa región fronteriza con Estados Unidos. La oficina del Ombudsman mexicano señaló que "investiga las agresiones sufridas por periodistas de diversos medios de comunicación en el estado de Baja California" e informó que "atrajo los casos de Antonio Heras Sánchez, corresponsal de La Jornada quien fuera víctima de golpes en Mexicali, y el de la coeditora del Semanario Z, Adela Navarro Bello que fue amenazada en Tijuana".

Las autoridades del gobierno del presidente Felipe Calderón nada han dicho sobre este caso, uno más de los que han llevado a organismos como Reporteros Sin Frontera a declarar a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer en periodismo, donde según el conteo de esa organización tan solo en 2011, once periodistas fueron asesinados.