En efecto, días atrás La Razón visitó la zona Garita de Lima, en el norte de la ciudad de La Paz, donde día a día centenares de comerciantes instalan sus puestos para vender desde alimentos y frutas hasta ropa, y donde cotidianamente también son testigos de las actividades de bandas delincuenciales que se dedican al hurto y el robo, y que en el afán de proteger su actividad los amenazan con duras represalias si es que se animan a denunciarlos.

Como ejemplo, una comerciante reveló al periodista de este diario que desempeña su trabajo “con miedo, nos amenazan. Una vez me dijeron que me iban a seguir a mi casa y que me iban a violar, cuando alerté a una señora que le iban a quitar su cartera”. Al respecto, el comandante de la Estación Policial Integral La Portada, la más próxima a la zona, se muestra contrariado por la actitud de los comerciantes, pues asegura que la fuerza a su cargo les ofrece toda la protección necesaria en caso de que presenten denuncia. Adicionalmente están los guardias privados, cuyo salario es pagado con el aporte diario de todos los comerciantes asentados en la zona. Aun así, los delincuentes parecen tener el control del lugar.

Una de las razones para este aparente control criminal en las calles puede encontrarse en la explicación brindada por el oficial de Policía antes citado, quien afirma que los 40 uniformados de los módulos policiales Max Paredes y Ben-Hur tienen la responsabilidad de patrullar estas calles, aunque insiste en que no puede mantener detenidos a delincuentes si no hay una persona que siente una denuncia que dé paso a una investigación.

La versión es razonable, aunque discutible, pues el robo, el hurto y otros delitos similares son públicos, y en esa medida no corresponde tanto a los afectados sentar denuncia para que sean procesados, como al Ministerio Público involucrarse en su investigación y búsqueda de sanción. Aquí también se produce una fuente de frustración, pues sea por la falta de recursos o por la cuantía mínima involucrada en el delito, los casos no reciben mayor atención y los delincuentes entran y salen de las celdas policiales casi como si fuera un trámite para seguir desempeñando su innoble oficio.

Urge, pues, reconsiderar todos los aspectos de la seguridad ciudadana involucrados en casos como el que se comenta, pues debiera ser inaceptable que las personas no logren confiar en la Policía, y mucho más que los delincuentes se sepan impunes por simples razones procedimentales.