La gran mayoría de los partidos israelíes han centrado la campaña electoral, como es tradición, en el asunto que más se escapa de sus manos: el conflicto con los palestinos, cuya solución depende en buena medida de algunas capitales occidentales, primordialmente de Washington.

En Israel la presencia de empresas extranjeras es testimonial. La dependencia de la vida económica y social de lo que sucede puertas afuera es muy limitada. Pero estos temas no han acaparado la atención ni del partido Kadima, ni del Likud, y el Partido Laborista tampoco ha logrado incorporarlos a la campaña. Los laboristas, encabezados por el anitguo sindicalista Amir Peretz, han insistido sin éxito en que el debate gire en torno a la pobreza creciente, al desempleo o a las políticas neoliberales que el candidato del derechista Likud, Benjamín Netanyahu, implantó a comienzos de esta década desde el Gobierno.

La economía israelí creció durante el año 2005 un 5,2% y sus industrias de alta tecnología compiten con las punteras en el mundo. Se han privatizado bancos públicos, como el omnipresente Leumi, y su promotor, Netanyahu, apuesta por hacer lo propio con las empresas relacionadas con la Defensa, el sector eléctrico y las instalaciones portuarias. Incluso se habla de que el capital privado entre en Mekorot, la sociedad que gestiona el agua, factor estratégico en el conflicto de Oriente Próximo.

Bibi Netanyahu es coherente. Muchos analistas aseguran que las medidas que implantó cuando ocupaba el Ministerio de Hacienda fueron imprescindibles para que el Estado no cayera en bancarrota. Sus rivales de izquierdas, sin embargo, le hacen responsable de las crecientes diferencias sociales entre ricos y pobres. Kadima ha pasado de puntillas sobre la espinosa materia. La brecha social causada por esas políticas es notoria en el Estado judío. La renta per cápita de los israelíes supera los 14.500 euros. Pero su redistribución es cada vez más desigual. El líder laborista, Amir Peretz, lo ha expresado con claridad. La fuerza laboral israelí la componen 2,5 millones de trabajadores. Pues bien, el sueldo de un millón de ellos no alcanza los 600 euros al mes. Acusa la izquierda a Olmert de haber gobernado para un puñado de familias ya de por sí acaudaladas.

Olmert formaba parte del Gobierno de Ariel Sharon en el que Netanyahu ocupaba la cartera de Hacienda. E incluso heredó ese ministerio cuando los rebeldes del Partido Likud -opuestos a la evacuación de la franja de Gaza abandonaron el Ejecutivo en agosto de 2005- dejaron a Sharon en la estacada.

Pero ni con una difícil coyuntura económica ha logrado el ex sindicalista Peretz su propósito de que los asuntos económicos dominaran la campaña. Promete, en el improbable supuesto de que llegue a convertirse en primer ministro, que elevará el salario mínimo de 3.300 shequels (600 euros) a 4.700 y que creará una policía laboral para vigilar que los empresarios cumplan la normativa laboral.

También pretende dedicar 7.000 millones más para mejorar las pensiones, al tiempo que asegura que los recortes en el presupuesto de Defensa alcanzarán los 8.000 millones y que se cortará toda transferencia a los asentamientos de Cisjordania. A cambio, el líder laborista promete aumentar el gasto en educación en 10.000 millones de shequels durante los cuatro años de la legislatura. Sólo Netanyahu entró al trapo de la discusión de los números. El conflicto con los palestinos, siempre en candelero, oscureció el debate. Las cuentas apenas cuentan.