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24/03/2012 | Colombia: Obstáculos a la libertad

El Tiempo Staff

Prometer gestos y luego condicionarlos es una forma de regateo canalla de las Farc con la libertad de los uniformados secuestrados y el dolor de sus familias.

 

El orden público volvió a tomarse la primera plana de los medios en el pasado puente festivo. A las nuevas condiciones de las Farc para la liberación de los secuestrados se sumó un violento ataque guerrillero en Arauca que dejó 11 militares muertos.

En un comunicado fechado el pasado viernes, la comandancia subversiva anunció que para la entrega de los 10 uniformados “solo hace falta que el presidente Juan Manuel Santos permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país”.

Tal como lo sospecharon muchos sectores de opinión, la intención guerrillera de liberar sin condiciones a los policías y soldados en su poder por más de 13 años no era sincera. Lo que inicialmente planteó la cúpula fariana como un gesto unilateral no es más que una torpe maniobra para atraer al Gobierno a la espinosa agenda de los “presos políticos”.

El anuncio del grupo armado constituye un obstáculo adicional para la tan anhelada libertad de esta decena de miembros de la Fuerza Pública. Las ilusiones creadas por las anteriores declaraciones de los jefes guerrilleros se enlodan hoy con el nuevo condicionamiento. La oportunidad para cerrar de una vez por todas uno de los capítulos más aberrantes del conflicto interno en Colombia ya no se percibe tan cercana.

No es ingenua la búsqueda de las Farc por incluir en el debate público nacional e internacional el tema de los exguerrilleros en las cárceles. Al condicionar el proceso de las liberaciones a las visitas humanitarias, matan dos pájaros de un solo tiro. Primero, equiparan una violación de los derechos humanos como el secuestro con los delitos comunes que sus combatientes cometieron o están sindicados de cometer.

En segundo lugar, el Gobierno terminaría por reconocer a los miles de guerrilleros capturados el estado de “presos políticos o de prisioneros de guerra”, con las consecuencias que eso conlleva. Para el ordenamiento nacional, estos reos son delincuentes comunes y como tales deben ser garantizados sus derechos.

Nadie niega que el sistema penitenciario del país sufre hoy de graves falencias, que se traducen en un precario ambiente de reclusión y violaciones de la dignidad humana. No obstante, tal situación afecta a la totalidad de la población carcelaria, incluyendo a los miembros de los grupos ilegales, y requiere unas reformas integrales inmediatas, muchas de las cuales hemos pedido en este mismo espacio.

Prometer gestos y luego condicionarlos es una forma canalla de regateo de las Farc con la libertad de los secuestrados y el dolor de sus familias. Avanzar en los protocolos con el Estado para después presionar con nuevas agendas refleja tanto la inconsistencia guerrillera con sus propias posturas como un desprecio absoluto por los acuerdos obtenidos.

El anuncio del desmonte del secuestro fue interpretado por algunos sectores optimistas como un pequeño paso en la dirección de la paz. La entrega unilateral de los diez uniformados que hoy se pudren en la selva constituiría una prueba de confianza para avanzar lentamente en el camino de una salida negociada. Sin embargo, al blandir estas exigencias, las Farc posponen, quizás indefinidamente, la alegría de la libertad para esas diez familias colombianas.

Presionar al Gobierno a aceptar las visitas sería caer en el chantaje inhumano de la subversión. Los obstáculos para la liberación provienen hoy de los engaños guerrilleros, y la responsabilidad del éxito del proceso está en las Farc. No hay que olvidarlo.

El Tiempo (Colombia)

 


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