Esta semana, nuevamente el país ha vivido una serie de movilizaciones y protestas que confirman un creciente estado de conflictividad, que no sólo afecta de manera directa la gobernabilidad, sino que genera malestar social, que a su vez es la principal motivación para nuevos conflictos y movilizaciones por reivindicaciones que deberían resolverse por la vía del diálogo.

Entre los conflictos que se manifestaron estos días en las calles están el de los médicos, que rechazan el decreto que establece ocho horas diarias de trabajo para el sector; el de los vecinos de El Alto, que se oponen a un incremento en las tarifas del transporte impuesto de manera unilateral por la dirigencia de ese gremio; el diferendo por límites entre los municipios de Colcapirhua y Tiquipaya, vecinos a la capital de Cochabamba, y el provocado en Santa Cruz de la Sierra por la suspensión de la Presidenta del Concejo Municipal de esa ciudad.

Hay, pues, una suerte de hipertrofia de la movilización pública como método para buscar solución a los conflictos, lo cual no siempre ayuda a encontrar respuestas, puesto que mientras más violenta es la manifestación, más difícil se hace desactivarla, no sólo para las autoridades, sino también para los dirigentes de los grupos movilizados, que a menudo son rebasados por las posiciones maximalistas de sus bases.

El Gobierno por su parte afronta el difícil reto de evitar la represión, por su previsible efecto adverso en la opinión pública, mientras los sectores parecen radicalizar sus posiciones, actitud que entorpece la vía del diálogo.

Además, el mayor problema no está tanto en la conflictividad misma, que bien mirada es un indicador de la vigencia de la democracia, pues significa que la sociedad civil exige respuestas y soluciones a sus problemas y puede expresar libremente su protesta, sino en el hecho de que en la mayoría de los casos estas reivindicaciones implican movilizaciones que vulneran los derechos del resto de la población; los bloqueos de calles y caminos son la mejor muestra de ello.

Por ello, no basta con que el Ministro de Gobierno pida disculpas a la población por este estado de cosas, ya que la molestia que causan las movilizaciones y bloqueos no hace más que incrementar el malestar social, creándose de esta manera una suerte de círculo vicioso en el que se debilita la posición de las autoridades.

Ya se ha dicho antes en esta misma página que hay un clima de opinión de creciente descontento social que parece superar la capacidad del Ejecutivo para encontrar soluciones cuando no evitar el conflicto y la protesta que se activa con él, por lo que urge que las autoridades revisen su estrategia de alerta temprana y, sobre todo, de relacionamiento con la sociedad civil, de otro modo es previsible que la conflictividad seguirá creciendo hasta hacerse inmanejable.