Durante dos semanas, Antauro Humala, hermano del presidente de Perú, ha copado los medios debido a sus supuestos privilegios como recluso, mientras políticos y tertulianos criticaban al mandatario por la falta de transparencia en relación con su hermano. La noche del domingo, Ollanta Humala afirmó en televisión: “Yo no comparto nada de lo que hace, ni de lo que dice, ni de lo que piensa”. Dos horas después, otro canal mostró imágenes del polémico pariente fumando marihuana en una celda.

“Mi deslinde con Antauro es frontalmente en todo lo que dice”, agregó el presidente y líder de Gana Perú, pese a que hace siete días afirmó que “al jefe de Estado no le corresponde hablar sobre temas familiares”.

Humala tuvo en febrero un 59% de aprobación como presidente, de acuerdo con una encuesta de Ipsos Apoyo, y esta cifra descendió al 53% a mediados de marzo, cuando se supo que Antauro usaba un Iphone en prisión y que había sido trasladado del penal de máxima seguridad de Piedras Gordas —a 50 minutos de Lima— al Virgen de las Mercedes, en una instalación del Ejército. Las autoridades justificaron el traslado por el riesgo para la seguridad de los padres del presidente cuando visitaban a su hijo preso.

Un 77% de los encuestados no estaba de acuerdo con el cambio de prisión del polémico hermano y el director de la encuestadora atribuyó el descenso de la aprobación del mandatario a ese hecho.

Luego, políticos de distintas bancadas declararon en esa línea. El expresidente Alejandro Toledo comentó: “Antauro Humala es un golpista. Cada uno es dueño de su silencio, por eso cuanto antes se deslinde será mejor para el presidente Humala”.

La crítica se acentuó porque dos ministros y el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ofrecieron versiones distintas sobre si el presidente sabía del motivo del traslado.

“Es un error del presidente no declarar, pero no necesariamente el descenso de la aprobación se debe a su hermano”, indicó a EL PAÍS el director de la encuestadora GFK Conecta, Hernán Chaparro, antes de la noche del domingo. El psicólogo social destacó que Humala retornó al promedio anterior a la captura del cabecilla senderista Artemio, que produjo un “pico” de aprobación.

Por otro lado, y como es habitual, el padre de Antauro y Ollanta, Isaac, también generó polémica: “No ha sido necesario [pedir el traslado]. Ollanta es hermano de él. Existe la obligación fraternal si está viendo que su hermano no es un delincuente común”, señaló en televisión el fundador del etnocacerismo, la corriente que el presidente seguía en la campaña electoral de 2006.

“El Gobierno tiene mucho por explicar, pues el argumento de la seguridad fue la justificación del traslado”, declaró el portavoz de Concertación Parlamentaria, el congresista Carlos Bruce.

El padre de los Humala opinó después de que un reportaje de televisión mostrara correos electrónicos que Antauro leía —y respondía— en su iPhone, en los que personas y empresas le pedían apoyo para obtener un puesto en el Estado o para que interviniera en lograr un mejor clima para una inversión extranjera.

Por ejemplo, representantes de la minera Las Palmeras —de la empresa canadiense Golden Alliance— solicitaron su intermediación con las rondas campesinas de Tabaconas (Cajamarca, sierra norte) para llegar a un acuerdo sobre un proyecto aurífero. El reportaje de América TV también mostró la carta en la que la empresa expresaba su agradecimiento al hermano del presidente después de obtener la aprobación de la comunidad. Otro correo electrónico procedía de un analista de Newmont, inversora en el proyecto Conga, una de las explotaciones mineras de mayor envergadura en Cajamarca. En el mensaje proponía ascensos y cambios de altos oficiales militares.

Pero, ¿por qué está preso el hermano del jefe de Estado? La víspera de Año Nuevo de 2005, Antauro Humala convocó en Andahuaylas (Apurímac, sierra sur) a seguidores del etnocacerismo y realizaron una intentona golpista contra el entonces presidente Alejandro Toledo. En la asonada asesinaron a cuatro policías. Antauro fue detenido y condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado, y el año pasado su pena fue reducida a 19 años por homicidio simple y secuestro.

El reo es descrito por el exjefe del INPE Wilfredo Pedraza como un “interno difícil de controlar, conflictivo, con clara convicción de quebrar los reglamentos”. “Se estima político, está interesado en el contacto con la prensa; su vocación por conseguir objetos irregulares [como el iPhone] se encuentra con la vocación de quienes temen perder algo o quieren ganar algo dándole facilidades”, explica Pedraza a EL PAÍS. Durante su gestión fue inaugurado el penal de Piedras Gordas.

De acuerdo a la información dada por las autoridades a Pedraza, había un riesgo para la seguridad de los padres del presidente en el trayecto a Piedras Gordas, “no en el interior”, acotó.