CHILE necesita una ley transversal de no discriminación. En este sentido, es imprescindible que se apruebe el proyecto que fue enviado a la Comisión Mixta del Congreso la semana pasada. A pesar de todas sus falencias, es un paso necesario para que Chile pueda avanzar hacia una legislación coherente, transversal y efectiva que garantice la no discriminación en nuestro país. Dos son las razones clave por las cuales hay que aprobar el proyecto. No obstante, dos también son los matices que deben ser considerados para garantizar la prohibición de discriminación en Chile.

En primer lugar, Chile necesita un recurso judicial accesible y efectivo para revertir actos u omisiones discriminatorias. Tal como señala el proyecto de ley en discusión, es necesario para restablecer el imperio del derecho y, además, tiene la ventaja de que los juzgados de letras están cercanos a las personas que quieran interponer el recurso.

No obstante, lo que Chile necesita, sobre todo, es una ley general de no discriminación, tal como inicialmente se había planteado en el texto aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Allí se precisó que "corresponde al Estado elaborar las políticas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas". En este sentido, la comisión reconoció que es obligación de todos los poderes del Estado promover y velar por la no discriminación. Por ello se requiere una política transversal que se refleje en la adopción obligatoria de medidas preventivas contra la discriminación.

Si se aprobara el proyecto sin lo que ha propuesto su antiguo artículo 2, la ley quedaría coja y debajo de las obligaciones que Chile voluntariamente ha contraído ante la OEA, la Ocde y la ONU. La única vía para lograr la reintegración del antiguo artículo 2 sería un veto aditivo presidencial, tal como lo anunció el vocero del gobierno. Si no, habrá que aprobar otra ley para los efectos de prevención y políticas públicas, con los tiempos de tramitación que implicaría. Chile, en casos como el de Atala y Zamudio, no puede darse el lujo de cerrar los ojos ante la necesidad de prevenir la discriminación.

En segundo lugar, esta ley se requiere porque explicita las categorías por las cuales se prohíbe la discriminación, incluyendo la orientación sexual y el género, tal como lo aprobado la semana pasada. En nuestro sistema jurídico, que se basa en la legislación como fuente de derecho y no conoce los precedentes como tal, es la única manera de garantizar el cumplimiento del Estado con sus obligaciones internacionales. Además, la inclusión de estas dos categorías es un simple asunto de consistencia. En junio de 2011, Chile votó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de una resolución que protege contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Así, la ley debe ser consistente y reiterar estas categorías en la definición del agravante penal.