En las democracias latinoamericanas actuales destacan dos retos llamados a ocupar un lugar destacado en la agenda política de los próximos años: la redistribución socio-económica y el reconocimiento de la diversidad cultural de las poblaciones indígenas. Ambas cuestiones presentan interrelaciones, pero se trata de dos tipos de problemas que refieren a valores, objetivos, instituciones, actores y políticas distintas. Se trata de dos retos que afectan directamente a la estabilidad y calidad de estas democracias.

1) Democracia y redistribución. El avance democrático en la región es claro, pero presenta un panorama con claroscuros y debilidades. En contraste con la situación de hace tres décadas, actualmente todos los países de la región tienen gobiernos surgidos de procesos electorales. La única excepción es Cuba. Existen 18 democracias en la región. Sin embargo, la situación de los derechos, la fortaleza de las instituciones y su legitimidad ofrecen elementos de zozobra en algunos países. De acuerdo con el informe de Freedom House (2004), sólo diez de estas democracias son libres, mientras el resto presenta déficit prácticos con relación a los derechos y libertades ciudadanas. Entre dichos déficit se mencionan la corrupción de policía y funcionarios, discriminaciones e ineficiencia de la justicia, detenciones arbitrarias y maltrato, así como una escasa protección de los sectores marginados (incluida buena parte de la población indígena del continente). Y téngase en cuenta que la economía informal, con todo lo que supone de desprotección jurídica y social, representa casi un tercio del PIB total (OIT 2002). Por su parte, los índices de pobreza no han disminuido en las últimas décadas (han pasado del 40% en 1980 al 44% en el 2003), mientras que la desigualdad interna ha aumentado: la región tiene el triste mérito de presentar los peores índices de desigualdad del planeta (Cepal 2004; BID 2003). Los gobiernos no presentan políticas correctoras eficientes. Dentro del grupo, los países mejor situados en términos democráticos son Uruguay y Costa Rica, los cuales también presentan los mejores índices sociales en pobreza y desigualdad, así como Chile, que combina niveles altos de desigualdad con un índice bajo de pobreza.

Por otra parte, casi tres cuartas partes de la población muestra un elevado grado de escepticismo sobre el desarrollo práctico del sistema democrático (71%). A pesar de las elecciones y de que la opinión más extendida es que la democracia es la mejor forma de Gobierno (53%), la mayoría también piensa que el Gobierno de su país está en manos de corporaciones que lo utilizan en su provecho. Ello se articula con una alarmante aseveración: la mayoría se muestra dispuesta a aceptar un Gobierno autoritario que solucionara los problemas económicos y sociales (55%). En general, la confianza de la población en las instituciones es baja (Latinobarómetro 2004).

2) Democracia y reconocimiento de la diversidad cultural. En algunos países de Latinoamérica la población indígena constituye la mayoría de la población (Bolivia, Guatemala) o un porcentaje elevado (Ecuador, más de una tercera parte). Otros países presentan poblaciones con porcentajes menores pero muy significativos en términos absolutos (en México los indígenas suponen alrededor del 10% de la población, lo que equivale a diez millones de personas). En el ámbito del reconocimiento de la diversidad cultural y de la autonomía de las colectividades indígenas está casi todo por hacer. De hecho, salvo algunas regulaciones políticas en ciertos países (Colombia, Ecuador, Nicaragua, etcétera), que a veces distan de cumplirse eficientemente, puede decirse que los sistemas democráticos de la región han vivido hasta ahora muy de espaldas a esta realidad. Los fenómenos de marginación y pobreza resultan en algunos casos escandalosos (falta de agua, contaminación del suelo, escaso acceso a servicios sociales, bajos índices de educación, etcétera). Tomemos el caso boliviano como referencia.

En Bolivia un 62% de su población se adscribe a algún colectivo indígena (la población total es de unos 9 millones). Se trata de un país que procederá a realizar cambios constitucionales, económicos, sociales, culturales y territoriales (el relativamente rico departamento de Santa Cruz ha presentado una propuesta de autonomía política basada en las experiencias española y colombiana. Sus dirigentes han logrado que el mismo día de las próximas elecciones a la Asamblea Constituyente -2 de julio- se vote en referéndum en los nueve departamentos del país la conveniencia o no de establecer autonomías políticas). Según cómo se desarrollen las cosas, Bolivia puede erigirse en referencia para otros países latinoamericanos con un importante componente de población indígena. Desde el año 2000 se han dado una serie de movilizaciones con el trasfondo de la propiedad y gestión de los recursos energéticos y naturales, de medidas de redistribución y en favor de un reconocimiento político de la población indígena ("guerra del agua" en Cochabamba; marchas en favor de la titulación de tierras de campesinos e indígenas; comercialización de la hoja de coca; movilizaciones indígenas, sindicales y de trabajadores urbanos, etcétera). El presidente actual, Evo Morales, ganó las pasadas elecciones (diciembre 2005) con un 54% de los votos. No se trata de un líder indígena, sino de un líder sindical que a la vez es indígena (que no es lo mismo). Se trata de un país que puede transformarse de marginado en referencia. Un proceso para seguir de cerca.

FERRAN REQUEJO, catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra