El conflicto desatado por Cristina Fernández con su decisión de expropiar el 51% del capital de YPF, acciones todas ellas propiedad del grupo Repsol, entra en una fase muy delicada en términos políticos y diplomáticos en la que, en todo caso, el Gobierno español debería evitar una política de cruda confrontación nacionalista. En respuesta a las razones enunciadas, pero no demostradas, de la presidenta argentina para decidir la expropiación, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, explicó ayer con detalle los movimientos inversores del grupo español en las concesiones de aquel país. Tales movimientos, ajustados mayoritariamente a las exigencias contractuales, ratifican que la expropiación es un expolio, agravado además con una ocupación inmediata de la sede de YPF en Buenos Aires, haciendo uso de recursos legales procedentes de la época de Videla, y la expulsión destemplada y descortés de los directivos españoles.

Los gestos del Gobierno argentino, calculados y hostiles, permiten deducir que la presidenta ha optado por una política populista e intimidatoria contra las inversiones extranjeras en Argentina. En especial las españolas, porque Cristina Fernández no se privó de amenazar veladamente a Telefónica. Incluso su alusión a la "trompa del elefante" refuerza la opinión de que su Gobierno busca desesperadamente un enemigo exterior al que culpar de sus fracasos energéticos. La presidenta y sus ministros necesitan un instrumento empresarial para seguir subvencionando la energía del país e YPF paga las consecuencias. En un reflejo propio de otra época, la presidenta argentina y la reducida camarilla que le asesora han confundido las reservas petroleras del país, que evidentemente son propiedad de los argentinos, con las acciones de una empresa que son propiedad de un grupo español. Su adquisición exigía la presentación de una opa, pero Buenos Aires, con mucho desparpajo y pocos escrúpulos, se ha saltado el trámite, es decir, la regla de juego.

Repsol recurrirá a los tribunales internacionales (Brufau anunció una demanda ante el Banco Mundial), aunque la Argentina de la señora Fernández se caracteriza por perder pleitos y no pagar. Y hay que negociar luego un justiprecio, aunque los tres años de plazo fijado para calcularlo sugieren un segundo expolio.

No es fácil la posición del Gobierno español. De forma atropellada, varios ministros han amagado con medidas económicas y diplomáticas que ahora tienen que concretar. La intensidad de tales medidas no puede ser muy alta, porque perjudicaría a los inversores españoles en Argentina; pero si se quedan cortas provocarán el rechazo de la opinión pública. La mejor opción es la ayuda institucional de la Comisión Europea. Bruselas ya ha suspendido un encuentro bilateral con Argentina; sería bueno que a ese rechazo se sumaran otras instituciones. El Gobierno de la señora Fernández se ha ganado a pulso que su país sea apartado inmediatamente del G-20.