La Policía Nacional no logra salir de su crisis. Tiempo atrás se señaló en este y otros espacios: se debe a que el problema es estructural; y el más reciente escándalo de la institución policial es buena muestra de ello. No sólo hubo un vergonzante acto de corrupción, sino que además este caso se hizo público debido a las pugnas entre los más altos oficiales.

En efecto, el domingo 8 de abril, el Ministro de Gobierno anunció la cancelación de un programa piloto para la incorporación de jóvenes interculturales a la Universidad Policial (Unipol), al haberse detectado irregularidades en su gestión, a raíz de una denuncia hecha por el padre de un postulante, al que supuestamente le habrían pedido $us 5.000 para asegurar el ingreso de su hijo al centro de formación de oficiales de Policía.

La Fiscalía pronto tomó cartas en el asunto, y tras su primera declaración, el Rector de la Unipol y el Director de la Academia Nacional de Policías (Anapol), ambos coroneles de Policía, fueron imputados “por el delito de resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución, y uso indebido de influencias, entendiendo que utilizando sus cargos facultan el ingreso de 54 bachilleres”, según declaró el fiscal asignado al caso, quien además ordenó su aprehensión.

Hasta donde se sabe, en 2010 se creó una Comisión de Máxima Instancia, formada por los ministerios de Transparencia, Gobierno, Educación y Salud, el Comando General de la Policía y el Vicerrector de la Universidad Policial, para aprobar y velar por la transparencia en la selección de los bachilleres postulantes. Esa comisión no autorizó el ingreso extraordinario de 54 jóvenes en el marco del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”, cuya creación fue aprobada por el Rector de la Unipol, bajo las órdenes del Comandante General de la Policía. También se sabe que en el curso de la investigación se están evidenciando numerosos intereses políticos y económicos, dentro y fuera de la Policía, involucrados con el caso.

Hasta ahí, se tiene la evidencia de la existencia de un sistema permeable a la corrupción y que tiene entre sus agentes a los más altos oficiales, que conforman una lamentablemente larga lista de coroneles de Policía involucrados en actos ilegales. Pero lo peor vino después, cuando el Ministerio Público recibió la declaración del Comandante General, quien además de afirmar que actuó de buena fe al instruir la creación del programa piloto, reveló que el escándalo que se vive estos días se debe a pugnas por el generalato en la “institución del orden”.

Así, se tiene que no sólo hay altos oficiales incapaces de resistir las tentaciones de la corrupción y que por estos actos mancillan la imagen de su institución, sino que también hay otros que están dispuestos a causar este daño para ascender al apetecible rango de general.