Según las ONG de 'Armas bajo control', ha seguido vendiendo material en 2011.Denuncian que no ha tenido en cuenta violaciones de Derechos Humanos.
Las
organizaciones no gubernamentales que integran la campaña 'Armas bajo control'
han denunciado este jueves que, durante el primer semestre de 2011, España
siguió exportando armas y material de defensa y seguridad a países como
Bahrein, Arabia Saudí y Egipto, sin tener en cuenta las posibles violaciones de
Derechos Humanos por parte de Gobiernos enfrentados por entonces a la llamada
Primavera Árabe.
Así se
desprende de un nuevo informe elaborado por Amnistía Internacional, Fundació
per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam con la asistencia técnica del Instituto
de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), en el que se analiza
las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material
(armas de caza y deportivas, y material policial) durante el primer semestre de
2011.
En el
documento, las organizaciones denuncian que, a pesar de algunas medidas
adoptadas para la zona, España siguió exportando a países del norte de África y
Oriente Próximo (Bahrein, Arabia Saudí y Egipto) material susceptible de ser
utilizado "para cometer violaciones de Derechos Humanos".
Arabia
Saudí, según el informe, constituye uno de los casos que más preocupación
despierta en las organizaciones, no solo por las exportaciones del pasado año
"sino por la operación, actualmente en marcha, que podría culminar en la
venta al reino saudí de 250 carros de combate Leopard".
Petición
de información al Gobierno
Al
respecto, las ONG han pedido al Gobierno que dé "información pública
detalladas sobre este asunto", que detenga la operación "de forma
cautelar" y que, en todo caso, su realización esté condicionada "al
establecimiento de salvaguardias y de sistemas de rendición de cuentas, para
evitar que el material exportado pueda ser utilizado en la comisión de graves
violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".
Además
de los países del Norte de África y Oriente Próximo, en la lista de
"operaciones preocupantes" citadas en el informe figuran, entre
otras, las efectuadas con dos países envueltos en sendas espirales de
violencia: México, "donde la 'guerra contra las drogas' se ha cobrado la
vida de alrededor de 50.000 personas desde el año 2006" y cuyo Ejército
"recibió transferencias por más de 57 millones de euros"; y Pakistán,
"a donde se realizaron exportaciones de material de defensa por valor de
536.000 euros en la categoría de repuestos para aeronaves".
Otras
operaciones muy preocupantes para las organizaciones son las realizadas con
Colombia, por más de 22 millones de euros, principalmente en aeronaves; Israel,
que recibió material por valor inferior a 90.000 euros (pero para el que se
autorizaron 19 millones más), y Estados Unidos, que recibió más de 58 millones
"pese a estar envuelto en conflictos armados y a sus insuficientes
controles en materia de tenencia y venta de armas".
El
informe critica también "la demora que está sufriendo la comparecencia del
secretario de Estado de Comercio ante la comisión de Defensa del Congreso para
dar cuenta del informe semestral sobre exportaciones de armas, tal y como se ha
hecho los últimos años", y expresa su deseo de que "esta
comparecencia se produzca a la mayor brevedad posible".
Mejoras
Junto a
las críticas, el informe destaca algunas mejoras "en la política de
transferencias seguida por el Gobierno español, que tienen que ver con medidas
adoptadas con motivo de la llamada 'Primavera Árabe' hacia los países del Norte
de África y Oriente Próximo", como la revocación, en febrero de 2011, de
varias licencias para la exportación y la revisión de todas las licencias
aprobadas desde el año 2006 hacia Túnez y Egipto.
Aparte,
las ONG reconocen las mejoras en materia de transparencia y control, aunque
advierten de que siguen registrando fallos "en la transparencia de los
datos sobre comercio exterior de armas" y recuerdan que han presentado sus
propias aportaciones a la Presidencia del Gobierno con vistas al borrador de la
Ley de Transparencia que prepara el Ejecutivo central.
Entre
estas aportaciones, destaca el reforzamiento del control de las exportaciones
"preocupantes", la aplicación de la llamada "dimensión
preventiva de la Ley", la mejora de los mecanismos para el seguimiento del
material en el país de destino, una serie de avances concretos en la
transparencia de la información sobre las transacciones realizadas y mejoras en
los mecanismos información al Congreso de los Diputados "con antelación
suficiente para mejorar el control parlamentario".