Algunas petroleras que operan en el país han mostrado gestos de impaciencia respecto del futuro de sus actividades, mientras el Gobierno sigue en el plano del anuncio sobre la política que aplicará en el sector de hidrocarburos.

La petrolera estatal brasileña Petrobras reaccionó en los últimos días con el anuncio de que estaba paralizando sus inversiones en Bolivia, en espera de que se aclaren las condiciones que regirán en el rubro tras el cambio en las reglas del juego.

El Gobierno anunció la semana pasada que en el lapso de seis meses estarán listos los contratos que deberán firmar las empresas petroleras que deseen quedarse en el país. Ese plazo comprende las fechas que, según otros anuncios, servirán para el lanzamiento de la nacionalización del sector en Bolivia.

El panorama no parece claro, pues el ministro de Planeamiento, Carlos Villegas, dijo recientemente que la nacionalización estaba comprendida en la Ley de Hidrocarburos vigente. Los contratos que se preparen ahora incorporarán las condiciones creadas por esa ley, según se entendió del anuncio.

Pero otros voceros del Gobierno, como el ministro del sector, Andrés Soliz Rada, dicen que la nacionalización será un acontecimiento especial, que se cumpla en las próximas semanas. Algunos voceros dicen que sería en abril.

En este clima, no parece extraño que las empresas petroleras tengan gestos de impaciencia. Dejar en suspenso sus inversiones es lo mínimo que pueden hacer, según lo admitió el propio ministro Soliz, quien dijo que el anuncio hecho en ese sentido por Petrobras era ´lógico´.

Pero añadió que, del mismo modo, era lógico que Bolivia frene cualquier iniciativa para incrementar los volúmenes de exportación de gas natural a Brasil. El argumento es que los nuevos volúmenes, que superen los 30 millones de metros cúbicos diarios establecidos por el actual contrato, deberán tener precios diferentes. El ministro estima que el precio podría ser el doble del que rige actualmente y que es producto del cálculo de una media calorífica de una canasta de crudos e internacionales.

La postura boliviana cuenta con una ventaja: en este momento, Brasil no tiene otra alternativa que no sea el gas que le provee Bolivia. O compra el gas boliviano o no tiene gas. Brasil recibe de Bolivia dos de cada tres metros cúbicos de gas que consume.

El tema de fondo, sin embargo, es la falta de claridad en la postura boliviana para el diálogo con las petroleras. Sobre todo después de que el ministro Soliz sugirió que las empresas que controlan los megacampos paguen un porcentaje mayor de impuestos por operar en el país. Este detalle no figura en la Ley de Hidrocarburos, pero fue mencionado por el ministro del rubro. ¿Cómo deberá entenderse este anuncio? ¿Un nuevo cambio en la Ley de Hidrocarburos?

No es malo que el Estado boliviano aspire a cobrar más de 50 por ciento de impuestos a las petroleras. Lo que no le conviene al país es que las condiciones para la operación de las empresas sigan sujetas a cambios y que no se vislumbre en el horizonte una definición clara y definitiva de las reglas para la inversión extranjera. Ahora, por otro lado está el precio de venta del gas que fijará Bolivia y que de seguro serán negociaciones arduas. De hecho, el escenario no se vislumbra fácil.