La criminalidad se ha convertido en una guerra de peligrosa intensidad, por eso el régimen corre un alto riesgo de opinión pública cuando aplica, también en este caso, la lógica del amigo y el enemigo, negándose a reconocer el daño que las bandas delictivas ocasionan a la sociedad. Estas no diferencian razas, credos políticos, niveles socioeconómicos y religiones; siempre será más fácil desarmar a quien tiene un porte legal, y en la práctica eso es lo que está ocurriendo, ya que enfrentarse a los delincuentes violentos, guerrilleros, colectivos, presos y vinculados a la causa, puede traer consecuencias imprevisibles.

Hemos seguido las declaraciones del presidente de la Comisión de la AN que trabaja en el proyecto de Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones, y nos impresiona cuando afirma que "los colectivos, si son revolucionarios, deben ajustarse a la Ley Desarme". La interrogante es si hay que esperar a que esté promulgada o pueden las autoridades actuar en base a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, procediendo en forma compulsiva a recabar las armas largas y cortas, granadas y morteros en poder de los antisociales. Si sólo pueden portar armas militares y funcionarios policiales, ¿cómo se explica que los medios de comunicación social reseñen que hay tantas y con tanto poder de fuego en manos de las bandas delictivas en los barrios y en las cárceles?

Los ciudadanos se preguntan ¿por qué hay que esperar tanto para proceder al desarme compulsivo de quienes asesinan, secuestran y extorsionan?, en cambio cualquier persona con un porte de arma autorizado es despojado por las autoridades sin ni siquiera levantar un acta. ¿A dónde van esas armas y por qué las decomisan? En fin, nuestra impresión es que se trata de un doble discurso, donde funciona una vez más la lógica del enemigo.

La Comisión Presidencial para el Desarme expresa que éste debe ser total, entonces ¿qué está esperando el régimen cuando es público y notorio el tráfico de drogas y armas por la frontera y el mercado ilegal de armas a la venta y alquiladas? ¿Es que hay armas buenas que están en poder de sectores de menos recursos y tácticamente próximos al socialismo radical, mientras hay al mismo tiempo armas malas que están en sectores considerados de manera estratégica como de escasa confianza y entre ellos se incluye incluso la policía uniformada?

¿Los instructivos tienen como objeto desarmar solamente a un determinado sector, o se procederá al desarme total que incluye a los delincuentes de alta peligrosidad? Eso es lo que espera la población y es lamentable que el Estado despoje a quien ha llenado todos los requisitos legales para portar un arma, en cambio pueda cargarla y utilizarla abiertamente quien se ampara en la clandestinidad, la violencia y la pasividad de las autoridades. El Gobierno sostiene la imposibilidad de saber cuántas armas ilegales hay en la calle, pero la realidad es que hay suficientes para asesinar a 20.000 ciudadanos al año y se exhiben con el mayor descaro por la impunidad existente. ¿Habrá desarme total?

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