El régimen de Hosni Mubarak (quien fuera obligado a renunciar el año pasado y que hace unos días fuera condenado a cadena perpetua, aunque puede que esté al morirse) ha dado paso a una situación polarizada entre los que aspiran a la instauración de un régimen democrático, para el cual ya se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales, y los militares que han gobernado en el país desde que Nasser derribara al rey Faruk hace sesenta años y que se han atrincherado en sus privilegios.

Puesto así, parecería sencilla la opción para las democracias occidentales; pero sucede que el movimiento popular está encabezado por la Hermandad Musulmana, un movimiento, más que un partido, que se basa en una visión fundamentalista del islam y que, por mucho que se haya atenuado en los últimos tiempos para disipar los temores de países vecinos y aliados de Egipto, sigue siendo una fuerza ideológicamente adversa a la cosmovisión occidental. La Hermandad Musulmana sacó una clara mayoría en las elecciones parlamentarias y ahora se ha adjudicado el triunfo en las presidenciales. La respuesta de los militares ha sido, en primer lugar, y mediante la intervención de un tribunal administrativo de El Cairo, suspender a la comisión encargada de redactar la nueva Constitución, por estimar que el grupo no representaba a todas las fuerzas políticas del país; y luego, disolver el recién electo parlamento y adjudicarse todos los poderes fácticos, que harían de cualquier presidente electo una mera figura decorativa.

 
La reacción popular ha sido volver a las protestas, al tiempo que políticos, intelectuales y periodistas le reclaman a Estados Unidos y Europa que no condonen una prolongación de la dictadura, que no respalden a un régimen que se burla tan abiertamente de la voluntad popular. Pero, ¿pueden las grandes democracias hacer lo que se les pide por respeto a un principio para darle paso a un régimen que casi seguramente terminaría por serles hostil? La Realpolitik aconseja en contrario. Y he aquí una vez más a Estados Unidos y sus aliados frente a una disyuntiva que se ha repetido muchas veces en el último siglo: elegir entre un gobierno popular e incluso democrático que hay grandes posibilidades que se convierta en adversario de la política internacional estadounidense y europea, o un régimen dictatorial o semidictatorial que sea, por el contrario, aliado de esa política. El pragmatismo parece aconsejar la opción impopular, aunque sobran voces que advierten la erosión de prestigio que tal decisión acarrearía.

El respaldo al régimen militar es tentador. En Argelia pasó hace 20 años cuando los militares desconocieron el triunfo de los fundamentalistas musulmanes y los excluyeron del poder ganado en las urnas con un golpe militar que traería una sangrienta revuelta y su consiguiente represión. Sin embargo, Argelia sobrevivió para Occidente como un país aliado y confiable. En Irán, la revolución islámica en el poder transformó a una nación amiga donde reinaba un déspota, en una teocracia fanática donde se demonizan nuestros valores y con la cual parecería inevitable la guerra.

Como cualquier opción parece, de momento, riesgosa y amarga, los gobiernos occidentales intentan hurtar el cuerpo y evadir el tema, en tanto los protagonistas sobre el terreno les exigen una definición. Pocas veces, en los últimos tiempos, una encrucijada política ha sido tan riesgosa y difícil.