Pese a la gravedad de la denuncia sobre el presunto golpe, los ministros han vuelto a sentarse hoy en una mesa de diálogo con los agentes rebeldes para negociar sobre sus demandas salariales, bajo la presión del motín que cumplió hoy seis días.



Los policías ocupan y bloquean las cuatro calles de la Plaza Murillo, donde están los Palacios de Gobierno y del Parlamento, marchan a diario con sus esposas alrededor de la misma, hacen disparos al aire e insultan a Morales, pero han respetado el Palacio, custodiado internamente por una compañía del Ejército.



"La Plaza Murillo, centro neurálgico, centro importante del poder en Bolivia, se encuentra sitiada. El Palacio de Gobierno está sitiado, no se puede ingresar por las puertas principales", se quejó hoy la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en declaraciones a medios estatales.



Agregó que el sitio a la plaza impide también las labores de la Cancillería, situada al lado de un cuartel ocupado por amotinados desde el jueves, y las del mismo Parlamento, lo cual muestra, en su criterio, el supuesto plan para desestabilizar al Ejecutivo.



La funcionaria agregó que las reformas en la Policía deben ser abordadas de forma pacífica, "no cuando el Gobierno se siente acorralado, se siente sitiado, se siente chantajeado por el poder de las armas, porque este no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que tiene el poder de las armas".



También señaló como indicios del complot dos explosiones que causaron daños en una oficina del Congreso y en una radio de movimientos afines al mandatario.



Desde el lunes, partidarios de Morales han intentado llegar al Palacio de Gobierno, pero han sido agredidos violentamente por los policías sublevados.



No obstante, los sectores oficialistas realizan mítines en algunas ciudades y anuncian que mañana harán una marcha de apoyo desde El Alto a La Paz para defender al presidente.



Los amotinados niegan que conspiran contra Morales y afirman que "la protesta es por hambre, no por la política", según dijo hoy la dirigente de la asociación de esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, una de las cabezas de la movilización



Los agentes han insistido en que piden que la escala salarial de la Policía Nacional se nivele con la de las Fuerzas Armadas, porque a rangos iguales los militares ganan el doble que ellos, pero el Gobierno hasta ahora solo ha ofrecido ajustes mínimos.



Los agentes rasos ganan ahora solo 178 dólares al mes.



El salario mínimo de Bolivia, uno de los países más pobres de América, es de 144 dólares mensuales y el sueldo medio apenas pasa de 546, según cifras de 2011.



También demandan los sublevados una jubilación con el 100 por ciento del salario, la abrogación de la Ley de Régimen Disciplinario, que según ellos los deja indefensos, y la creación de una defensoría policial.



El Gobierno también acusa de golpistas a los indígenas que marcharon de la Amazonía a La Paz, por segunda vez en un año, contra una carretera que impulsa Morales y está proyectada para partir por la mitad la reserva natural del Tipnis, en el centro de Bolivia.



El presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, dijo hoy a Efe que las etnias son respetuosas del Estado de derecho, la democracia y el orden constitucional, y opinó que Morales está asustado, pero por culpa de sus colaboradores, que le insisten hablar del supuesto golpe.



Los indígenas, hoy acampados a 12 kilómetros de La Paz, recorrieron durante dos meses alrededor de 600 kilómetros y tienen previsto llegar mañana en la Plaza Murillo, tras aplazar hoy el ingreso para que su movilización no se vincule al motín policial.



Cuando terminó su primera marcha, en noviembre de 2011, La Paz recibió como héroes a los amazónicos y ahora varias organizaciones cívicas, sindicales y sociales se aprestan a hacer lo mismo.



El senador opositor Marcelo Antezana, exjefe del Ejército, dijo que ve un proceso de "autogolpe" en el Gobierno para "victimizarse", porque no puede resolver los problemas sociales.