El balance económico del sexenio de presidente Felipe Calderón que ahora termina ofrece más sombras que luces y un enorme punto negro: la desigualdad. La pobreza afecta a 52 millones de mexicanos, el 42% de la población, mientras que el 41% de la riqueza nacional está concentrada en las manos de tan solo el 10% de sus habitantes.

El crecimiento ha sido mediocre –este año se prevé un 3,8% pero la media anual desde 2006 fue de tan solo un 2,3% del PIB, muy por detrás de las economías emergentes que lo hacían al 6,5%-, ha aumentado el número de pobres en 12 millones, se ha expandido el sector informal que emplea a 14 millones de mexicanos –casi el 30% de la población activa, lo que supone un récord histórico- y se ha mantenido la concentración del mercado en manos de los monopolios. En el lado positivo hay que destacar que el Gobierno de Calderón sorteó en 2009 una gravísima crisis y que prepara su despedida con estabilidad financiera, enormes reservas y bajas tasas de inflación, deuda y déficit.

Quien se anunció cuando entró en Los Pinos como el presidente del empleo dice adiós como el presidente de la guerra contra el narcotráfico, un conflicto que además de su coste en miles de vidas humanas ha tenido también su impacto económico. Diversos estudios privados lo cifran en una pérdida cercana al 1,5% del PIB, principalmente en el sector turístico, pues la inversión extranjera se ha mostrado a prueba de balas y ha seguido fluyendo.

El futuro económico de México dependerá en gran medida, según coinciden los expertos, del comportamiento de la economía de Estados Unidos y de la crisis económica global. Pero una desaceleración del gigante del norte y el agravamiento de la crisis europea tendrían serias consecuencias para este país a corto plazo. De hecho, la emigración a EE UU se frenó por primera vez en 2011 y las remesas de los casi 12 millones de mexicanos que viven al otro lado del Río Grande suponen 24.000 millones de dólares. México también tendrá que mirar al sur, concretamente a Brasil, cuyo milagro económico despierta deseo de emulación pero también envidia, y con quien ha entrado en competencia en varios sectores como el del automóvil.

Pese a estos retos e incertidumbres, la economía ha sido uno de los grandes temas olvidados de la campaña. Los candidatos a la presidencia han convertido sus programas electorales en una suerte de carta a los Reyes Magos prometiendo pensiones para todos, seguridad social universal, bajar el precio de la luz y los carburantes, la generalización de los créditos para vivienda, la creación de millones de empleos e incluso llevar fibra óptica hasta el último rincón del país sin explicar cómo lo van a financiar. Asimismo han repetido de forma rutinaria la urgencia de hacer las reformas energética, fiscal y laboral siempre aplazadas sin entrar en detalles.

Fausto Hernández, director de la división económica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma que el principal problema que se encontrará el futuro presidente será presupuestario. “Como cada sexenio casi el 90% del presupuesto está ya comprometido salvo que se haga una profunda reforma estructural para fomentar la competitividad. Sin ella, todas las promesas de campaña deberán pagarse con el 10% restante y no alcanza”. La falta de competitividad por las barreras aún existentes a nuevos competidores internos y externos y la ausencia de infraestructuras modernas así como la caída de la productividad por un sistema educativo deficiente son, en opinión de Hernández, los principales desafíos que la economía mexicana debe afrontar si quiere ganar la batalla de la desigualdad.