En algunos casos las posturas políticas en el ámbito del Mercosur llegan directamente al ridículo. Por ejemplo, el pasado lunes 25 de junio se realizó una teleconferencia desde Buenos Aires con la presencia de la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, junto al Primer Ministro de China, Wen Jiabao, y la participación de los jefes de gobierno de Brasil, Dilma Rousseff, y José Mujica, Uruguay, desde sus respectivos países, en cuya ocasión se llegó a plantear la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre China y el Mercosur.

Al respecto, el nuevo presidente de Paraguay, Federico Franco, no fue invitado a participar de la teleconferencia porque sus socios del Mercosur consideran ilegítimo a su gobierno, a raíz de la destitución del Presidente Fernando Lugo. Si bien es criticable la rapidez del juicio político a Lugo, el mismo se realizó de acuerdo a los requisitos que establece la constitución del Paraguay.

Lo paradójico es que ninguno de los tres abanderados de los derechos humanos de los países del Mercosur –en especial la anfitriona- se animó a cuestionar la legitimidad democrática de su interlocutor en la teleconferencia, es decir, el representante de la dictadura fascista de China. Y, lo peor, es que ni siquiera se les pasó por la cabeza, como –hay que decirlo- a la opinión pública en general.

Este es el mismísimo y pintoresco Mercosur que condena el embargo de Estados Unidos de América a Cuba –al que lo califican erróneamente como “bloqueo”- pero que adoptó el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia”, en cuyo artículo 4º, inciso b, dispone en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, entre otras medidas destinadas a restablecer el proceso político institucional democrático, el “Cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros”. La adhesión de Lugo al establecimiento de un eventual “bloqueo” contra su propio país, fue una de las acusaciones del parlamento paraguayo para fundamentar su destitución.

Y son los mismos países que integran el Mercosur los que apoyaron en la OEA la suspensión del gobierno hondureño de Porfirio Lobo, al tiempo que hace unos meses en Cartagena de Indias proponían con vehemencia invitar a la dictadura cubana de partido único. Es que aun aceptando la ilegitimidad democrática del gobierno de Pepe Lobo, la “monarquía absolutista” de los Castro en Cuba califica muchísimo peor que Honduras.

Como puede apreciarse, son varias y muy vergonzosas las actitudes de doble standard de Argentina, Brasil y Uruguay respecto a la defensa de la democracia y los derechos humanos, que lamentablemente también se repiten en el resto de los organismos regionales.

Gabriel C. Salvia es titular de CADAL y director del proyecto Puente Democrático.