El caso colombiano, con una pluralidad mayor de fuerzas en conflicto –el ejército, los paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– es, si se quiere, un cóctel más explosivo, aderezado con la reticencia oficial a la creación de una CVR.
Como se aprecia, también allí las raíces de la violencia han tenido distinto signo, y los civiles han puesto una cuota de sangre que desafortunadamente no ha dejado de aumentar. El Relator Especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, reportó en junio pasado que en ese país “se siguen notificando casos de ejecuciones extrajudiciales, y no hay avances en las investigaciones. La persistente impunidad y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios es uno de los motivos importantes de preocupación”.
Según datos de la ONU, entre 2002 y 2010 el ejército colombiano mató a 3.500 civiles inocentes, presentados como “bajas en combate”, sin embargo, el Estado “no proporcionó información sobre el resultado de las investigaciones penales y disciplinarias conexas, ni indicó si se habían aplicado sanciones”.
Otros de los actores más conocidos, las FARC, que constituyen el “enemigo público número uno”, y el ELN, también exhiben un historial vergonzoso. Amnistía Internacional (AI) informa que en 2011 continuaron con sus habituales prácticas de asesinatos, tomas de rehenes, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados de la población. En los primeros diez meses de 2011, las minas guerrilleras habían ultimado a 49 militares y 20 civiles, y causado heridas a cientos de personas.
En cuanto a las AUC, AI refiere que, “pese a su supuesta desmovilización”, estas han experimentado una metamorfosis en bandas criminales. Bogotá reconoce que estas ejercen control territorial en diversas partes del país, en las que continúan cometiendo homicidios y desapariciones, mayormente de dirigentes sindicales, activistas pro derechos humanos y representantes de grupos indígenas.
El Relator Especial de Naciones Unidas ha vuelto a solicitar a Colombia que organice una Comisión de la Verdad, “para que realice una investigación independiente y sistemática de las circunstancias históricas y la responsabilidad respecto de los asesinatos y otros abusos cometidos por los paramilitares, las fuerzas estatales y los grupos guerrilleros durante el conflicto armado en el país”.
Sin embargo, a diferencia de Perú, el gobierno colombiano no transige. El ex Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, considera que el procedimiento sería inútil “por la sencilla razón de que a este se ha recurrido en países donde el Estado ha colapsado o donde se hace tránsito de una dictadura a una democracia, y por lo tanto, las instituciones que vienen de la dictadura no son confiables. Pero en Colombia, donde hay una democracia vigente, plena, y unas instituciones jurídicas en proceso de fortalecimiento, creemos que lo que hay que hacer es reforzar esos mecanismos de la justicia institucional y no recurrir a mecanismos extrajudiciales, como serían las comisiones de verdad”.
El hartazgo de la guerra
Las acciones gubernamentales para reparar el daño a las víctimas de la guerra en Colombia se perfilan como incompletas.
Es el caso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, de 2011. Según AI, el gobierno de Juan Manuel Santos presentó el texto como un instrumento que facilitará la restitución de millones de hectáreas abandonadas o despojadas como resultado de abusos y violaciones de los derechos humanos. El documento reconoce la existencia de un conflicto armado y la necesidad de reparaciones a las víctimas. Pero en algunos aspectos se vuelve inaplicable, al no contener disposiciones que aseguren la completa devolución de los bienes perdidos, ni un apoyo adecuado a quienes regresan a sus fincas, mientras propone un proceso demasiado complejo para identificar las tierras indebidamente apropiadas (muchas de ellas en manos de paramilitares).
Por otra parte, como muchos de los afectados siguen sin ver la hora de que cese el silbido de las balas sobre sus cabezas, algunos toman acciones por su cuenta, cansados de la indiferencia del ejército y la guerrilla.
Así, el pasado 8 de julio, luego de que un enfrentamiento entre las partes ocasionara 10 víctimas civiles, mil indígenas nasa de la localidad de Toribío, en el departamento del Cauca, subieron a las montañas para exigirles a las FARC que abandonaran la zona, mientras otro grupo comenzó a desmantelar las barricadas que el ejército tiene en el poblado y a expulsar a los militares.
Con todos los actores dándose las espaldas y descartando a priori las iniciativas de la ONU en pro de la reconciliación, difícilmente los aborígenes nasa, ni el resto de las víctimas de décadas de violencia, podrán recibir reparación completa.
