Sin embargo, luego de bajar un escalón, volvería a subir acompañando todo el resto de los bienes y servicios, por la escalera o el ascensor, según lo determinara la política monetaria del Banco Central. Entonces, elucubrábamos, ¿qué haría el gobierno? ¿Prohibiría exportar carne? De hecho, lo viene haciendo hace ya tiempo con el gas para asegurar una provisión interna barata y suficiente.

Antes que nos comparen con Harry Potter o Mandrake, debo aclarar que la “predicción” fue sólo el resultado de llevar al absurdo el conflicto creciente con el sector privado que implica la estrategia antinflacionaria del gobierno. Sin embargo, el “absurdo” se volvió realidad.

Más allá de la inconstitucionalidad de prohibir una actividad lícita como la exportación de carne, habría que ver si la medida realmente resuelve el problema. En ese sentido, la defensa que están haciendo algunos economistas y representantes del sector no ayuda.

Todos parecen aceptar el diagnóstico desacertado del gobierno de que el problema de la inflación está en el mercado de la carne. Entonces, puede gustarnos o no, puede ser inconstitucional, puede no ser lo mejor, pero la prohibición es un remedio posible.

Lo grave es que no es la solución a la suba de precios porque el diagnóstico es equivocado. El precio de la carne va a bajar durante las próximas semanas. Sin embargo, en la medida que el Banco Central siga emitiendo, para comprar dólares, más pesos que lo que la gente quiere, habrá inflación. Si uno produce de un bien más de lo que se demanda, baja su precio, el problema es que la moneda nacional es la unidad de medida con la que se valúan todos los bienes y servicios de la economía. Por ende, si se achica el metro, todo sube medido contra él. Por eso, los economistas dicen que la inflación es el aumento generalizado de precios. Sin embargo, si bien no es el aumento del valor de un bien (en este caso la carne), es en realidad la baja del precio de otro con el que se mide, es decir el peso.

Por lo tanto, cuando la política monetaria del gobierno incentive nuevos aumentos de precio y, en no más de un par de meses cuando la carne empiece a acompañar el ascenso de los valores del resto de los bienes y servicios, ¿qué hará el Poder Ejecutivo? En principio, habrá que olvidarse de exportar carne (más allá de las pocas operaciones exceptuadas); ya que de eliminarse la restricción el precio de la carne subirá 20% o más.

De todas formas y más allá de la inflación de fondo, el precio relativo de la carne seguirá recuperándose depende mayormente de la demanda interna. Esto no es casualidad, ya que los consumidores están lejos de haber recuperado el poder de consumo que tuvieron en el pasado.

Intentar acordar precios con el sector no funciona. En el caso de los lácteos, el gobierno juntó a las dos empresas industriales que compran la mayor parte de la leche del país y acordó bajarle el precio a los tamberos para que pudieran vender más barato en los comercios. Es decir, se alió con los industriales para subsidiar a la gente que compra lácteos a costa de los tamberos. En el sector de las carnes hay cientos de frigoríficos, por lo que es imposible conseguir una masa crítica de industriales que permita obligar a miles de productores ganaderos a transferir parte de sus ingresos a los consumidores.

Por otro lado, los acuerdos de precio solamente logran postergar décimas de punto porcentual de cada mes hacia más adelante; pero no resuelven el problema de fondo. Según la Ministra Felisa Miceli, los acuerdos son un “puente de plata” que nos permitirá llegar al momento que las inversiones aumenten la oferta y frenen la suba de precios. Supongo que las retenciones y las restricciones a las exportaciones también son “puentes”, pero ¿a dónde nos llevan?

Supongamos que un inversor decide producir en la Argentina y opta por la carne, de emblemático prestigio mundial, comprando una vaca. La vaca tiene un ternero y cuándo llega al peso ideal para mandarlo a Liniers, el gobierno decide que debe engordarlo más y que no podrá venderlo al peso que más le convenía (hoy no se puede faenar con menos de 280 kilos). A pérdida, lo termina de engordar y al enviarlo a Liniers se entera que prohibieron las exportaciones de carne, lo cual derrumba el precio y malvende el novillo.

Por otro lado, cuando vende la leche que produce la vaca, se encuentra con que la industria láctea acuerda con el gobierno pagársela menos de lo que realmente vale, para que llegue a menor valor al consumidor. En definitiva, el señor mata la vaca, invita a sus amigos a un gran asado con cuero y se dedica a otra cosa, seguramente en algún otro país. Por último, dentro de 3 años, cuando los terneros que deberían empezar a engordarse deban ser enviados a faena, seguramente la escasez de carne será mayor a la de hoy, afectando su precio futuro.

Esto no solamente ocurre con la actividad ganadera, también con otros productos de primera necesidad: con el gas, la electricidad, los combustibles, el agua, etc. en los que se subsidia alegremente a los consumidores a costa de los productores y, como consecuencia, no se invierte lo suficiente para garantizar la suficiente oferta futura.

Conclusión: Esperemos que la gente se de cuenta que la política intervencionista del gobierno es “Carne para hoy, hambre para mañana”.