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21/07/2012 | Argentina - SUBE: otra historia sin responsables a la vista

La Nación (AR)-Staff

Las irregularidades en la licitación del control del boleto electrónico constituyen un vergonzoso escándalo.

 

on la intervención de la Auditoría y la Sindicatura de la Nación para investigar las presuntas irregularidades en la licitación del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE), el tema, con todas sus increíbles y actuales derivaciones, ha entrado ahora en un tiempo de espera obligatorio, hasta tanto la Justicia determine si hubo un delito contra la administración pública.

Sin embargo, y por cómo se vienen desarrollando los acontecimientos en estos últimos 15 días, la historia del SUBE parece no tener fin y, lo que es aún peor, ningún responsable a la vista. El hoy ex funcionario, pero en su momento secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, deslindó el lunes pasado por radio su responsabilidad y la del gobierno nacional, y habló de "una estafa entre privados", mientras que el miércoles, el ministro del Interior y ahora también de Transporte, Florencio Randazzo, confirmó que en el contrato de concesión del control del sistema de boleto electrónico había "anomalías" que lo llevaron a tomar la decisión de suspender ese servicio y los pagos por parte del Estado a una consultora británica, encargada del control.

Por fin, el miércoles último, Stephen Chandler, el titular de la consultora británica Global Infrastructure (GI), una de las firmas que intervenía en el control del SUBE, dio una entrevista a este diario y deslindó, por supuesto, toda "responsabilidad" en el tema, además de sostener que nunca había firmado ningún contrato ("Sólo tengo un borrador", dijo).

Lo único cierto entonces es que, desde su aparición, la tarjeta SUBE no sólo ha acumulado sufrimientos innegables para sus millones de usuarios. De los sufrimientos de los ciudadanos pudieron dar muestra los múltiples testimonios en los medios de comunicación de aquellos que, al rayo del sol o bajo la lluvia, formaron colas interminables para obtenerla, hasta que algún funcionario descubrió que el trámite también podía hacerse por Internet.

A pesar de que en el gobierno nacional se lo niegue, fue una investigación periodística exclusiva de este diario la que sacó a la luz las ahora llamadas "anomalías" en el control en la puesta en marcha y aplicación del control del SUBE. Como se recordará, la licitación para la auditoría del SUBE, clave para controlar a los funcionarios a cargo del boleto electrónico, demoró casi dos años en concretarse -el proceso comenzó en junio de 2009 y culminó con la firma del contrato en marzo de 2011-y terminó con un 60 por ciento de aumento con respecto al presupuesto inicial. La Secretaría de Transporte, que en el momento de la licitación estaba a cargo de Juan Pablo Schiavi y reportaba directamente al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contaba con un presupuesto inicial de 10,5 millones de dólares para las tareas de control del SUBE, pero finalmente pagó casi 17 millones de dólares (65 millones de pesos, según la cotización de ese momento). También hay que destacar que no se eligió la oferta más económica, sino la del consorcio compuesto por ex funcionarios y ex asesores de Transporte, y la consultora británica de Chandler. Para decidirse por esa propuesta fue fundamental la recomendación de un comité de evaluación compuesto por funcionarios actuales de Transporte, según el cual había marcadas diferencias en la calidad de las propuestas.

Pero lo que motivó la reacción del gobierno nacional fue la revelación, hecha a LA NACION el jueves 12 del actual, por la especialista en transportes Marcela Ashley, quien, al igual que Chandler y otro asistente, Steve Beer, figuraba como contratada para controlar el SUBE. Según Ashley, nunca trabajó en el boleto electrónico ni tampoco cobró nada de los 247.860 dólares de contrato. Un día antes de conocerse esta revelación, el fiscal federal Carlos Stornelli ya había pedido que se citara a indagatoria al ex secretario de Transporte Schiavi como acusado de una supuesta defraudación al Estado, junto con cinco funcionarios del área de Transporte y seis supuestos representantes del consorcio encabezado por GI, como resultado de una investigación preliminar realizada por la fiscalía de Stornelli tras la serie de publicaciones de LA NACION.

Entre otras peculiaridades de este confuso trámite está el hecho de que la consultora GI no tenía oficinas ni en Buenos Aires (a pesar de que sí figuraba una dirección) ni en Gran Bretaña, su lugar de residencia (allí había declarado como domicilio legal una dirección correspondiente a un estudio contable).

En esta escala de deslindar responsabilidades el único que ha sido involucrado prácticamente por todos los intervinientes ha sido el Banco Mundial (BM), que, según Juan Carlos Schiavi, "fue el que contrató y pagó" la consultoría de Chandler. Pero el BM a su turno también rechazó responsabilidades, dado que, aclaró, sólo "otorgó el préstamo para el proyecto, pero no formó parte de la ejecución" de éste.

Es indispensable ahora que la intervención de la Auditoría General y la Sindicatura de la Nación sea todo lo rápida y esclarecedora que el caso exige. Hay demasiados implicados provenientes de ámbitos gubernamentales y privados en el tema, y está comprometido no sólo una enorme suma de dinero (¿a quién se pagó lo que se dice que se pagó?), sino también la seguridad de los ciudadanos que viajan todos los días en las distintas líneas de transporte que abarca la tarjeta SUBE.

Los aspectos caricaturescos que está asumiendo esta historia requieren una pronta solución, para que no se transforme en otro caso cuyos responsables quedan impunes. Ya conocemos varios, lamentablemente...

La Nación (AR) (Argentina)

 


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