En marzo de 2010, el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordaba reducir el número de empresas públicas autonómicas en un 21%; hace unos meses el Gobierno de Mariano Rajoy, por el mismo camino, urgía la supresión de 600 empresas. En el punto de mira, el conglomerado empresarial autonómico tejido en años de inercia y descontrol político, un mastodóntico e ineficiente «imperio» formado por 2.400 entes públicos de muy variadas y pintorescas actividades, fundaciones, empresas públicas, consorcios, entidades sin ánimo de lucro... la mayoría de ellos ruinosos y un lastre para las finanzas de las regiones y del propio Estado.

Alrededor de 3.000 compañías dependientes de las tres administraciones acumulaban en el primer trimestre de este año una deuda cercana a 55.000 millones de euros. Espectaculares cifras a las que ha contribuido una desaforada creación de negocios que los políticos se resisten a desmontar por el simple hecho de ser intrumentos clave que utilizan para extender su poder al mundo empresarial y, en ocasiones, con muy poca transparencia.

Solo las empresas públicas estatales acumulan una deuda superior a 32.000 millones de euros; las autonómicas, de casi 13.870 millones; y las locales, de 9.328 millones. Según un informe publicado por la consultora Freemarket Corporate Intelligence, el 90% de estas empresas públicas se encuentran en una situación financiera de suspensión de pagos. La deuda global supone un coste para cada ciudadano español de aproximadamente 1.200 euros anuales.

Liquidar para reducir déficit

El primer aviso de poda del sector público autonómico llegó prácticamente con el aterrizaje del PP en Gobierno. El mensaje, claro. Había que recortar de todo aquello que no fuera necesario para prestar los servicios a los ciudadanos, con garantías... empezando por las empresas públicas. Liquidar, sin más, para recortar el déficit público anotado por los gobiernos regionales durante años de operaciones empresariales para intervenir en sectores económicos clave.

Sin embargo, «el plan de supresión de empresas públicas autonómicas está siendo un absoluto fracaso». Así lo reconocía el secretario de Estado de Administraciones Publicas, Antonio Beteta, hace unas semanas. «De las más de 600 empresas públicas que tenían que haber suprimido solo lo han hecho dos», aseguró sobre unos deberes que deben estar acabados antes del 31 de diciembre.

Pero... ¿Cómo ha evolucionado la creación de empresas públicas autonómicas en los últimos años? ¿A cuántos trabajadores tienen en nómina? El entramado empresarial creado por las regiones en los últimos años es difícil de descifrar, aunque lo primero que llama la atención es su abultado crecimiento. A diferencia del proceso de privatización emprendido por el Estado de empresas que estaban en sus manos, especialmente impulsado por José María Aznar cuando ganó las elecciones en 1996, comunidades autónomas y corporaciones locales han caminado en una dirección contraria.

En 1998 las regiones españolas tenían entre manos 448 empresas, el 1 de enero de 2010 ese número de empresas era de casi el doble, llegando a las 843. La progresión ha sido todavía mayor en el caso de las administraciones locales; su número se ha multiplicado por más de tres en menos de una década.

La carrera ascendente del negocio empresarial ha sido generalizada en todas las regiones, pero brillan con luz propia algunas de ellas, tres en concreto. Cataluña, que en el año 2010 sumaba más de un centenar de empresas públicas edificadas durante los gobiernos de CiU y el Tripartito; País Vasco, con 98, y Andalucía, comunidad en la que años de Gobierno socialista ha construido un negocio empresarial que suma 87 empresas.

Pero la creación de empresas es independiente del partido político que esté en el poder. Han proliferado empresas públicas en regiones gobernadas por todos los colores. Izquierda, derecha y nacionalistas han mostrado idéntico espíritu fundacional. Aunque del desenfreno empresarial no escape a ningún partido, algunos son más activos que otros. De las 843 empresas públicas creadas entre 1998 y enero de 2010, el 49% lo fueron en las regiones gestionadas por el PSOE; el 29,4%, en las gobernadas por el PP (ver gráfico adjunto). No existe tampoco ningún tipo de relación entre la tendencia ideológica de un gobierno y su propensión a crear sociedades. Ahí está, por ejemplo, el caso de Cataluña. Aunque el fuerte impulso empresarial llegó con el Tripartito, previamente CiU ya había edificado un importante negocio público.

A base de puestos de trabajo

¿Y el empleo? Paralelamente, autonomías y ayuntamientos se han embarcado en una dinámica de incremento del empleo público que gravita como una losa sobre sus finanzas, empleo que, en muchos casos, no es justificable en términos económico-financieros en muchos casos. Esta trayectoria se ha acentuado a raíz de la crisis, período durante el cual se ha disparado la contratación pública sin tener en cuenta los costes de esa estrategia y desvinculados de cualquier objetivo de productividad; entre 2006 y 2010 el empleo público territorial creció en 117.000 puestos de trabajo mientras que en el Estado lo hizo solo en 8.500 empleos. «No hay precedentes de un Estado descentralizado en el que el volumen de empleo público crezca en vez de reducirse o estabilizarse. Este “subempleo” ha sido un mecanismo para camuflar el aumento del paro», afirma la economista María Gómez Agustín.