En la primera línea de combate contra estas represas pequeñas están comunidades de los sureños estados de Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, que poseen un alto potencial para construir una gran cantidad de ellas.

"Se maneja el discurso de que las llamadas minihidroeléctricas no tienen impactos (negativos sobre las comunidades), pero la gente ya cuenta con la información necesaria para decir que cualquier tipo de presa los tiene", dijo a IPS la activista Angélica Castro, coordinadora de Incidencia Pública y Participación Ciudadana de Educa Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa.

Esa organización no gubernamental trabaja desde 2006 con habitantes de 39 comunidades de seis municipios de Oaxaca involucrados en el proyecto "Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina", sobre el río Verde, que planea construir la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). La obra tendrá capacidad para generar 510 megavatios de electricidad.

Esas comunas, unidas en el Consejo de Pueblo Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), se oponen al levantamiento de la planta hidráulica, cuyos estudios socioeconómicos y ambientales están en proceso de elaboración.

En México operan al menos 50 minihidroeléctricas públicas y privadas, en su mayoría obsoletas, que generan unos 50 megavatios. La estatal Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) estima que el sudeste del país presenta para este tipo de generadoras un potencial superior a 400 megavatios en 72 sitios identificados.

Esa región es rica en recursos hídricos por su gran cantidad de ríos y de precipitaciones anuales. De hecho, el no gubernamental Centro Mario Molina indica que Oaxaca y Chiapas generan prácticamente toda la electricidad que consumen mediante fuentes renovables, como la eólica, la geotérmica y la solar, además de las minihidroeléctricas.

Mariana González, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas del no gubernamental Fundar, Centro de Análisis de Investigación, advirtió a IPS que las minihidroeléctricas, que "son redituables en el corto plazo, alteran el suelo y el entorno sin dejar beneficios para las comunidades locales".

Fundar asesoró entre 2010 y 2012 a cuatro comunidades de Oaxaca afectadas por el proyecto de pequeña hidroeléctrica Cerro de Oro, con capacidad de generar 10,8 megavatios. Con esa actuación lograron frenar la obra.

La construcción se había iniciado en 2010 sin consultar a la población, por lo cual esas comunidades presentaron en noviembre de ese año una queja ante la Oficina de Rendición de Cuentas de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), entidad financiera del gobierno de Estados Unidos para colocar dinero privado en proyectos en países emergentes.

Los acusadores argumentaron, entre otros puntos, que las dos empresas detrás del proyecto no informaron de la minihidroeléctrica ni sobre sus efectos ambientales y sanitarios, no consultaron a las comunidades, no identificaron formas de mitigar las consecuencias adversas ni compensaron adecuadamente a los dueños de la tierra.

La OPIC otorgó 60 millones de dólares a las empresas responsables de la obra. En marzo de 2011 se creó una mesa de resolución de conflictos con la presencia de las partes involucradas, sin que las poblaciones locales accedieran a aceptar el proyecto ni uno alternativo.

En noviembre, finalmente la OPIC dio el caso por cerrado y en marzo se detuvo el emprendimiento indefinidamente.

Pero los riesgos no se han desvanecido en las zonas rurales mexicanas. El Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026, elaborado por CFE, incluye seis minihidroeléctricas que se hallan en etapas de prefactibilidad o factibilidad, sin llegar aún a la fase de diseño. Además, hay en estudio otras cuatro plantas con capacidades de entre 30 y 50 megavatios.

Adicionalmente, el gobierno mexicano cuenta con tres obras micro en fases de factibilidad y diseño, candidatas a sumarse al sistema eléctrico nacional. En Chiapas se identificaron siete sitios para instalar generadoras.

Entre las barreras a esta tecnología energética, la Conae identificó la falta de aceptación de la sociedad a este tipo de obras debido fundamentalmente a la inadecuada, nula o deficiente información brindada y a la ausencia de participación en el proceso de planeación y ejecución de la comunidad.

"El movimiento tiene claridad de que ningún tipo de presa, de ningún tamaño, es buena, todas tienen impactos negativos. Sólo quieren que los dejen en paz", subrayó Castro.

Las comunidades perjudicadas han intercambiado experiencias sobre la lucha contra esas obras en aspectos como el organizativo, el legal y el ambiental.

Copudever evalúa presentar un recurso de amparo colectivo para zanjar la cuestión de la obra hidroeléctrica.

En el caso del proyecto Paso de la Reina, el estudio "Morfología del río Verde", elaborado por seis expertos del estatal Instituto Mexicano del Agua y de la CFE, menciona que cuando se construye una presa se inicia un proceso de sedimentación y de erosión.

La Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó en marzo a empresas privadas la edificación de cinco minihidroeléctricas en Chiapas para vender la energía generada a la CFE.

"Es el proceso de privatización del sector eléctrico. Es un buen negocio para las empresas que usan la infraestructura estatal. Luego, el proyecto pasa al gobierno cuando el mantenimiento se vuelve más caro", denunció González.

Generalmente, las plantas se convierten en propiedad de la CFE cuando expiran los contratos de 15 o 20 años de duración.

En diciembre pasado, el Senado avaló reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética de 2008 con el fin de promover la generación eléctrica por medio de represas de pequeña escala.

El Instituto Nacional de Ecología calcula que las represas hidroeléctricas pequeñas pueden reducir en 261 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono lanzadas a la atmósfera, debido a que desplazan el consumo de combustibles fósiles.