“Conga no va”. La frase está pintada en muchas fachadas. En decenas de balcones cuelga la bandera nacional con una cinta negra en señal de luto. En Celendín, un distrito pobre del departamento de Cajamarca, en la sierra norte de Perú, comenzó hace dos años la oposición al proyecto Conga, una mina de oro y cobre promovido por una multinacional que perjudicará los recursos naturales en un paraje que los lugareños consideran irrenunciable porque viven de la agricultura y ganadería. La muerte a tiros de cuatro personas llevó al conflicto de Celendín a una nueva fase.

Los disparos del ejército y la policía, el 3 de julio, son el episodio de violencia contra la población más grave desde que empezó la protesta. Siete meses de enfrentamientos, cerrazón política y discusiones técnicas precedieron a la tragedia. Ahora, solo la iglesia parece estar en condiciones de mediar entre el Gobierno de Ollanta Humala, decidido a garantizar una inversión de casi 5.000 millones de dólares en Perú, y una parte de los habitantes de Cajamarca, empeñados en hacer de la defensa del agua la batalla de sus vidas.

El proyecto Conga, de la estadounidense Newmont y la peruana Yanacocha, abarca 3.069 hectáreas al aire libre, y para su construcción es necesario destruir cuatro lagunas, núcleo de un sistema hídrico que, según los detractores del plan, incluye unos 600 manantiales que abastecen a unas 40.000 personas en Celendín, Cajamarca y Bambamarca. Dos lagunas se convertirían en depósito de desechos y otra en un tajo abierto. El área que la minera reconoce como de impacto indirecto es de 16.000 hectáreas. Pero hay otros motivos de rechazo.

“La gran mayoría de los muertos y detenidos ha votado por Humala, nuestro presidente vino aquí [en campaña electoral] y estuvo preguntando si querían el agua o el oro. Luego dijo: ‘Entonces haré respetar la voz del pueblo’. Ahora, la gente está muy dolida, defraudada. ¿Ética en la política?”, remarca Antonio Sáenz.

“¿Qué es más valioso: un documento o la soberanía del pueblo? Las muertes no pueden ser por gusto”, cuestiona el ex guardia civil Maximiliano Aliaga (84), camino a Celendín. Con el “documento” se refiere al estudio de impacto ambiental que justifica el proyecto Conga, aprobado en 2010 por el Gobierno de Alan García, y que ahora Humala respeta, aunque haya pedido modificaciones.

Celendín lleva meses sin alcalde porque el que había está a favor de la mina. De acuerdo a testimonios y vídeos, aquel día un grupo que marchaba contra el proyecto invitó a obreros de la construcción —que protestaban por un impago de la municipalidad— a sumarse. Cuando juntos intentaron ir a por el alcalde, que se encontraba en el municipio, la policía lanzó bombas lacrimógenas y perdigones. El Ejército disparó con rifles Galil: hubo cuatro muertos. Quienes murieron y algunos detenidos no formaban parte de la protesta. Al día siguiente, otra persona murió en Bambamarca también por fuego de la policía.

Uno de los 16 detenidos llega a la parroquia tras pasar dos semanas en prisión. “Me quitaron mi celular, mi casaca, plata; ¿cómo puedo recuperar el teléfono? Necesito los números por trabajo”, pregunta al sacerdote Antonio Sáenz Blanco, nacido en Badajoz (Extremadura). Sin alcalde, el hombre no encuentra una autoridad civil a quien recurrir en Celendín. Cajamarca estaba en paro indefinido desde el 31 de mayo contra el proyecto hasta que de declaró el estado de emergencia el 3 de julio.

Los celendinos han colgado fotos y vídeos en internet de los efectivos del Ejército que recogían los casquillos de bala para borrar sus huellas. Pero ninguna autoridad ha ofrecido investigar y sancionar a los responsables de las muertes de Celendín y Bambamarca.

Después de los enfrentamientos y la declaratoria del estado de emergencia, monseñor Miguel Cabrejos fue escogido por el Gobierno para facilitar el diálogo, en tanto que el sacerdote Gastón Garatea es el designado por el Gobierno regional de Cajamarca. Han recogido las razones de quienes se oponen al proyecto y las han llevado al presidente y a algunos ministros en dos ocasiones.

Los religiosos se reunieron, además, con representantes de Yanacocha y Newmont, y el 24 de julio con Rose Likins, embajadora de Estados Unidos, debido al origen de Newmont. El presidente Humala espera que los facilitadores “ayuden a restablecer un clima de calma que ayude a todos”, y con el cambio de Gabinete del lunes ha reforzado ese mensaje. Garatea ha indicado que una suspensión del proyecto por un tiempo sería un gesto necesario.

El 18 de julio los sacerdotes recorrieron tres de las lagunas amenazadas por la extracción de oro y cobre, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y fueron recibidos por unos 3.500 ciudadanos de las comunidades circundantes que llegaron en vehículos, a caballo o a pie. Los grupos portaban carteles de diversas organizaciones a las que pertenecen: frentes de defensa, centros poblados, escuelas, usuarios de programas sociales, rondas.

Las rondas son la institución social más importante en Cajamarca, especialmente en Bambamarca, donde surgieron estas organizaciones locales de seguridad a fines de los 70, explica desde Lima el expárroco de esa localidad, Jorge López Vignand, testigo de ese proceso cuando la iglesia peruana se acercó al campesinado, después del Concilio Vaticano Segundo. Las rondas impidieron que el grupo terrorista Sendero Luminoso actuara en esa zona entre 1980 y 2000.

Con megáfono en mano, unos 13 representantes expresaron a Garatea y Cabrejos por qué ven inviable el proyecto, pero también mostraron su indignación por las muertes y por no haber sido escuchados antes por el Gobierno de Humala.

Entre los religiosos de Cajamarca está Marco Arana. Siendo sacerdote denunció en los años 90 delitos ambientales y violaciones de los derechos humanos causados por la minera Yanacocha. Arana fue suspendido por el Arzobispo de Lima en 2009 de sus funciones eclesiales y fundó la organización política Tierra y Libertad. “Si la política progresista de izquierda hubiera asumido la agenda de derechos humanos y derechos ambientales”, explica, “probablemente no hubiera tenido que incurrir en política”. Y agrega que una iglesia peruana más abierta tampoco lo habría obligado a dejar el sacerdocio para “crear una corriente de opinión de democracia y justicia social”.

El activista fue detenido y golpeado por policías el 4 de julio, mientras estaba sentado en la plaza de armas de Cajamarca, ya en vigor del estado de excepción.