El uso de la comunicación de masas alimenta la conformación de un régimen de dominación y control social. El discurso oficial, sustentado en la norma hecha a la medida, prefigura en los ciudadanos patrones mentales de lo que es bueno y malo.
No es pura casualidad todo lo que ocurre
actualmente en el Ecuador. Cuando uno analiza con detenimiento lo que se está
instrumentando desde el poder político no puede dejar de asombrarse. La
instauración de un régimen de dominación y control social está en marcha.
El medio
a través del cual se está promoviendo esto son normas legales y el manejo de la
comunicación. Códigos, leyes y reglamentos que no permiten la plena garantía de
los derechos consagrados en la Constitución. Campañas millonarias de
comunicación en medios controlados o no por el Estado promueven una sola visión
de la realidad. Cualquier información que no esté acorde con la visión del
poder político es mentira, invención de los medios, distorsión de la realidad.
El nuevo
Código Integral Penal es un ejemplo de lo que afirmo. Más que un instrumento
jurídico que permita resolver los conflictos que se pueden presentar en una
sociedad este código tipifica 347 conductas penales en delitos. Y, como se
puede deducir, buena parte de estos delitos terminan en cárcel. Lo irónico de
este cuerpo jurídico es que ahora se contemple como delitos simples
infracciones.
Lo grave
de esto no solo es el costo y esfuerzo institucional que va a demandar del
Estado sino el peligro que va a adquirir en cuanto a la garantía de derechos.
El Código Integral Penal entra en franca contradicción con la Constitución
vigente en Ecuador. Parece que no han comprendido claramente lo que dice Luigi
Ferrajoli, en quien se inspiraron para hacer la Constitución de Montecristi. La
“dimensión normativa del derecho” cumple una función de limitación del poder
del Estado. La legitimación del Estado no se centra en cumplir la mera
legalidad sino en subordinar todos sus actos a los contenidos de los derechos
fundamentales. El derecho, en este sentido, no es instrumento de la política
sino al revés.
El
aparataje jurídico- penal de Ecuador se ha convertido en vehículo del poder
político para crear una sociedad del miedo.
El uso
de la comunicación de masas alimenta la conformación de un régimen de
dominación y control social. El discurso oficial, sustentado en la norma hecha
a la medida, prefigura en los ciudadanos patrones mentales de lo que es bueno y
malo.
El dueño
del poder, haciendo las veces de Pastor Laico, marca la pauta por donde debe
dirigirse la sociedad. El Estado forma cuerpo con aquellos sobre quienes ejerce
este poder mediático-legal y al mismo tiempo moldea la individualidad. Esos son
los ciudadanos que hoy tenemos: temerosos, alienados y poco conscientes de que
pasa. Escenario ideal para la consolidación de cualquier dictadura y régimen
antidemocrático.