En el Gran Buenos Aires, donde se encuentra la mayor concentración urbana del país, en el primer semestre del año pasado se registraba un homicidio como consecuencia de robo cada cinco días, y ahora uno cada dos.

En el aumento de la inseguridad concurren varios factores. La pobreza es uno: aunque el Gobierno sostiene que ésta es de sólo 8%, las fuentes privadas afirman que es tres veces más. El aumento de la droga es otro: no hay una política preventiva eficaz. La ineficiencia del aparato estatal para enfrentar el tema (justicia, policía, cárceles, etcétera) es el tercero.

El Gobierno opta por rechazar la entidad del problema, argumentando que los medios y la oposición lo exageran.

Las autoridades no asumen la inseguridad y la droga como el problema central y eso está causando un creciente malestar, como lo muestran las movilizaciones reclamando mayor seguridad en la provincia de Buenos Aires. Si se trata de una cuestión nacional o provincial, como se plantea en la lucha interna dentro del oficialismo, no es la perspectiva de la opinión pública.

Un estudio realizado semanas atrás por la Universidad Católica Argentina mostraba el incremento de la preocupación por el tema y otro de la Universidad de Belgrano lo ha corroborado recientemente.

La argumentación del oficialismo, es que Argentina no está mal posicionada en los estudios sobre inseguridad en el ámbito mundial y regional.

El indicador más utilizado para comparar los niveles de inseguridad, es el porcentaje de homicidios cada 100.000 habitantes.

El país con la tasa más alta es El Salvador, seguido por Irak y Jamaica. En el cuarto lugar se ubica Honduras y siguen todos países latinoamericanos: Venezuela, Ecuador y Guatemala. Recién en el octavo lugar hay un país de África, que es Sudáfrica y continúan Sri Lanka y Lesoto.

América latina y el Caribe es considerada a partir de este indicador como la región con mayor inseguridad del mundo y probablemente lo sea.

Comparado con estos países, no cabe duda que el nivel de inseguridad de la Argentina es sensiblemente menor.

Pero el Latinobarómetro, que es el sondeo que se realiza anualmente en 18 países de América latina desde 1995, en su última edición permite comparar las percepciones sobre la inseguridad en los distintos países de la región y ello permite otra perspectiva. El 28% la considera el problema más importante, por encima de las cuestiones económico-sociales, educativas e institucionales.

La Argentina se encuentra por encima del promedio, ya que el 34% considera que la inseguridad es el problema prioritario. Ocupa el sexto lugar sobre 18, después de Venezuela (61%), Costa Rica (45%), El Salvador (40%), Uruguay y México (39%).

Que en estos dos países se registre la misma prioridad por la inseguridad, parece incomprensible, dada la violencia de los carteles de la droga en el segundo y el nivel muy bajo de homicidios cada 100.000 habitantes en el primero de ellos.

Pero la cuestión es que México históricamente ha estado acostumbrado a altos niveles de violencia, mientras que Uruguay vive un fuerte incremento de la inseguridad urbana respecto al pasado reciente, aunque el país tenga todavía niveles inferiores al de sus dos vecinos, Brasil y la Argentina.

Los argentinos ven deteriorarse fuertemente su seguridad personal y la de su familia respecto al pasado y el argumento de que en la capital mexicana o la primera ciudad brasileña es peor, no resulta suficiente o eficaz para ellos.

Frente a esta cuestión, el oficialismo parece dar una respuesta ideológica. En este caso, alinea sus políticas con la corriente de pensamiento garantista, que da prioridad a la protección de los derechos del delincuente, aun asumiendo que ello puede aumentar el riesgo del resto de la sociedad.

Este tipo de ideología ha sido expuesta en los últimos días frente situaciones muy particulares, como la salida presos para participar en actos político-culturales, como también en la visión respecto a las barras bravas de fútbol, al presentar un nuevo plan de seguridad para contenerlas.

Pero la realidad es que desde hace casi una década la inseguridad encabeza las demandas sociales de los argentinos. No se trata de un problema nuevo, pero que sí se ha incrementado, aunque hasta ahora no ha tenido incidencia electoral.

En conclusión, la inseguridad es quizá el problema en el cual el relato del oficialismo se distancia más de la opinión pública, pero al mismo tiempo la oposición no pareciera por ahora tener capacidad de capitalizarlo.