El pasado miércoles 25 de julio la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito presentó su informe anual sobre cultivos ilícitos y producción de droga en Colombia. El informe detalla el comportamiento de los cultivos, sobre todo, su distribución geográfica.
Según el informe, la tendencia de reducción de cultivos se detuvo por primera vez desde 2007, esto a causa del aumento de los cultivos en Nariño, Putumayo, Guaviare, Cauca y Norte de Santander. La violencia que en los últimos meses ha desestabilizado estas regiones no es una coincidencia, mayor presencia cocalera lleva inevitablemente a un deterioro del orden público.
Existe una relación clarísima entre el aumento de la violencia y los cultivos de coca en varias regiones del país. El narcotráfico, como bien conocemos, es también fuente de inestabilidad estatal, degeneración social y económica, deslegitimación de las instituciones y padrino de otras actividades ilegales.
El informe también sugiere un cambio en las economías ilegales que atraen a los mafiosos. La minería ilegal en Antioquia es el mejor ejemplo. En los últimos dos años, muchos narcotraficantes han cambiado el negocio de las drogas por el del oro. Es decir, la acción del Estado no está eliminando las economías ilegales del departamento, las estructuras criminales solo están diversificando sus actividades.
Lo anterior también es cierto para la explotación petrolera. Colombia ha casi duplicado su producción en la última década. Sin embargo, los grupos criminales han estado atentos y sus acciones en contra de la infraestructura física y la extorsión a contratistas y empleados de las petroleras han aumentado exponencialmente.
Las bandas criminales funcionan con una lógica económica tan dinámica como cualquier otra empresa. El comportamiento de la guerrilla depende de sus rentas provenientes del narcotráfico y la extorsión, la mayoría de sus acciones recientes han estado dirigidas a proteger o promover estos intereses económicos.
En este escenario, cualquier parpadeo en la acción estatal puede significar un recrudecimiento de la violencia en el país; los criminales son rápidos, adaptables y tienen un olfato muy ajustado para recoger nuevas tendencias nacionales.
Finalmente, la debilidad de nuestro gobierno central, del Estado en su conjunto, ha llevado a que las zonas marginadas, lejanas y olvidadas de nuestra geografía se conviertan en bastión de criminales; un fortalecimiento institucional transversal debe ser la respuesta en las regiones del territorio nacional en donde nunca o esporádicamente, ha existido un Estado colombiano.
