Con su reciente y nuevo ataque al periodismo y su propuesta de una ley de ética pública para regular a la prensa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a exhibir su desprecio por la libertad de expresión y brindó al mundo una nueva señal que ya no arroja más dudas sobre su desdén por la seguridad jurídica y el respeto de los principios republicanos.

No es para nada común que un jefe de Estado de un país que se precie de serio agravie con tanta frecuencia al periodismo, al extremo de atacar a hombres de prensa por medio de la abusiva cadena nacional de radio y televisión, sólo porque le disgustó el contenido de artículos publicados en los diarios.

La Presidenta debería saber que, en cualquier democracia, la misión del periodismo no es complacer al poder político. Debería entender también que no es razonable atribuir a "oscuros intereses" la difusión de informaciones o versiones que disgustan al Poder Ejecutivo.

Finalmente, la primera mandataria debería comprender que, efectivamente, el periodismo es una actividad no exenta de cometer equivocaciones y que, como en cualquier ámbito laboral, puede haber profesionales pasibles de ser corrompidos o medios dispuestos a ocultar alguna porción de la realidad. Pero esa situación no puede llevar a imaginar que las empresas periodísticas o quienes trabajan en ellas sean sujetos necesariamente perversos, dispuestos a privilegiar determinados intereses particulares sobre el derecho de la población a estar informada.

En todo caso, el negocio de cualquier medio de comunicación residirá en la credibilidad, en el prestigio y en la calidad informativa que pueda transmitir a su público, que no dudará en castigarlo si ve frustradas sus expectativas o advierte que tal medio o tal periodista ha dejado de merecerle confianza.

En el actual contexto de amplio pluralismo informativo, donde felizmente existen múltiples maneras de acceder a la información, merced a las permanentes innovaciones tecnológicas y a la globalización, subestimar la capacidad del público para detectar la eventual manipulación de la información es un insulto a la inteligencia. Hay cabales ejemplos en todo el mundo de medios que han desaparecido precisamente por su falta de credibilidad. Y, sin ir más lejos, en la Argentina, podemos encontrarnos con diarios como Página 12, que en los últimos años ha visto caer sus lectores cerca de diez veces, en coincidencia con su asociación al oficialismo.

No es con leyes de ética, que supondrían órganos de control estatales sobre la actividad periodística, como se logrará mejorar la profesión. Cualquier medida política de esa clase resultaría contraria a la letra y al espíritu de la Constitución nacional que señala expresamente que el Congreso no podrá dictar normas que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Distintos tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, o declaraciones como la de Chapultepec, además de pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Sociedad Interamericana de Prensa avanzan en el mismo sentido.

La flamante idea de la Presidenta de instituir una ley de ética periodística y sus renovados ataques a hombres de prensa no parecen más que un nuevo capítulo de una estrategia de hostigamiento que no tiene antecedentes desde la reapertura democrática de 1983.

La conocida resistencia de la Presidenta a dialogar con la prensa o a brindar conferencias de prensa; los exacerbados mecanismos para controlar que ministros y funcionarios no hablen con periodistas que no sean complacientes; el tan gigantesco como injustificado operativo de la AFIP en el diario Clarín; la presencia de medio centenar de efectivos de la Gendarmería en un allanamiento de las oficinas de Cablevisión; los ataques verbales y los escraches contra periodistas críticos del Gobierno; la administración arbitraria de la pauta publicitaria oficial, tendiente a favorecer a medios afines al poder político y a castigar o presionar a los independientes de él; las declaraciones del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, en el sentido de que los medios periodísticos podrían ser alcanzados por la reciente ley antiterrorista si difundieran noticias que pudieran provocar fugas masivas de depósitos bancarios, y la ley de control del papel para diarios son solo algunos de los principales indicadores de la persecución puesta en marcha desde el Gobierno.

Tanto esos antecedentes como la agresiva y crispada actitud que mantiene la jefa del Estado argentino frente a la prensa no hacen más que acercar al gobierno kirchnerista a algunos regímenes dictatoriales que han instituido los delitos mediáticos, como el venezolano de Hugo Chávez.

Mientras esto ocurre y la Presidenta brega por tribunales de ética para los periodistas establecidos por ley, poco se preocupa por cumplir con el código de ética de la función pública, que determina pautas tan claras como incumplidas en materia de uso adecuado del cargo, de empleo de los bienes públicos y de los conflictos de intereses. Empezando por la adquisición de terrenos fiscales en El Calafate a precio vil y su posterior venta a precios infinitamente superiores por la familia de la Presidenta, entre otros negocios incompatibles con los deberes de funcionario, hasta las sospechas de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito de no pocos funcionarios, la Presidenta debería explicar muchas cosas antes que preocuparse por ciertos periodistas