Prácticamente copiado del que llevó al asesinato de Osama bin Laden en Paquistán, el operativo se efectuaría exclusivamente por miembros de la Marina de los Estados Unidos, sin intervención alguna de elementos militares o policiacos mexicanos. Sólo el rechazo rotundo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas lo ha detenido… Pero el Pentágono lo volverá a plantear con el ánimo de que el inminente próximo gobierno lo acepte.

Ante lo difícil que ha sido atrapar a Joaquín El Chapo Guzmán, el gobierno estadunidense tiene listo un plan para capturar a este narcotraficante, el más conocido jefe del Cártel de Sinaloa, en una operación similar a la llevada a cabo en Paquistán el año pasado para dar con Osama bin Laden, líder de Al Qaeda.

Fuentes militares en México y Estados Unidos confirman la existencia del plan, que fue elaborado por el Pentágono hace varios meses y ahora se encuentra detenido porque está diseñado para ser ejecutado sólo por estadunidenses, idea que no es vista con agrado por sus contrapartes mexicanas.

El plan incluso ya fue presentado a Felipe Calderón, quien lo promovió entre las Fuerzas Armadas. Y aunque ya hubo un rechazo tajante de parte del Ejército y la Marina de México, Washington no lo ha desechado y se lo propondrá al próximo presidente.

El plan existe a partir de una orden del Departamento de Defensa y el Comando Norte lo tiene considerado como una misión prioritaria, dijo una fuente de alta jerarquía del Ejército mexicano de la que por mutuo acuerdo se conserva el anonimato. La pretensión del Pentágono obedece a los constantes “intentos frustrados” del gobierno mexicano de detener a Guzmán Loera desde que escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, durante el sexenio de Vicente Fox.

El Chapo ha escapado por lo menos seis veces de cercos montados para detenerlo, confirmó la fuente militar. La más reciente ocurrió en febrero pasado en una mansión costera de Los Cabos, Baja California Sur, un día después de que la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, estuviera en visita oficial en ese balneario.

La información precisa para capturar al capo ha sido proporcionada por agencias estadunidenses, principalmente la encargada de la lucha antidrogas, la DEA, por lo que cada “intento fallido” del gobierno mexicano ha irritado a Washington.

Para México la eventual intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano para hacerse cargo de la detención del Chapo es “un asunto muy riesgoso”, porque además de una clara violación a la Constitución provocaría problemas de toda índole, añadió el funcionario militar.

La operación propuesta está pormenorizada en el Plan de Seguridad de Apoyo a México, diseñado por estrategas militares de las fuerzas especiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono.

La ejecución del operativo estaría a cargo de la principal fuerza especial de Estados Unidos, el Navy Seal (acrónimo de las palabras sea, air, land), formado por comandos de la Marina entrenados para acciones clandestinas en territorio enemigo, sea por mar, aire o tierra.

La operación sería una copia de la que el Pentágono ejecutó en secreto en Paquistán para “capturar o eliminar” a Bin Laden, quien finalmente fue muerto en su escondite en mayo de 2011. Helicópteros de las fuerzas especiales llegaron hasta el búnker del líder musulmán en las afueras de Islamabad, muy cerca de la academia militar paquistaní.

A partir de esa experiencia los mandos del Pentágono le explicaron a Calderón la propuesta para detener al Chapo, en lo que se definió como una operación “sencilla, rápida y quirúrgica”.

En la sierra de Sinaloa, donde Guzmán Loera entra y sale a placer, la captura requeriría tres equipos especiales de seals con el apoyo de tres aviones de alta tecnología digital operados a control remoto y armados con misiles, según el plan.

Las fuerzas especiales se desplazarían por Sinaloa o Durango en helicópteros artillados. Al llegar al objetivo, dos de los equipos actuarían en tierra y otro se quedaría en el aire, con respaldo de los aviones no tripulados, para prevenir cualquier represalia del grupo delictivo.

En 10 o 15 minutos los dos equipos de asalto atraparían al objetivo y, según la propuesta operativa, en caso de encontrar resistencia lo eliminarían en el acto, al igual que a toda su guardia. Como ocurrió con el autor intelectual de los ataques terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, en caso de ejecutar al objetivo tendrían que recoger el cadáver.

El operativo contra El Chapo estaría observado y dirigido “en tiempo real” desde las oficinas centrales del Pentágono, del Comando Norte e incluso desde las oficinas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En la operación contra Bin Laden, el presidente Barack Obama siguió paso a paso desde la Casa Blanca el trabajo de los seals, aunque en el caso mexicano serían los mandos del Pentágono los responsables de vigilar el operativo.

En el plan no caben militares mexicanos, ni del Ejército ni de la Marina. Sólo entrarían uniformados mexicanos para presentar los resultados.

Según el mando militar consultado por Proceso es claro que Estados Unidos tiene capacidad para capturar al Chapo en México, aunque para simular la participación mexicana los estadunidenses tendrían que disfrazarse con uniformes de alguna corporación nacional, como la Policía Federal.

Para el Comando Norte, creado en 2002 por el Pentágono después de los ataques de Al Qaeda, con el propósito de realizar operaciones “delicadas” para “la seguridad de Canadá, Estados Unidos y México”, la captura del Chapo está considerada como una misión.

Washington equipara a los cárteles de la droga mexicanos con terroristas y por consiguiente los considera una amenaza a su seguridad nacional. En consecuencia, el Comando Norte asume como su obligación actuar contra los narcotraficantes, añade el jefe militar.

 Objetan las Fuerzas Armadas

 De acuerdo con la información obtenida en Washington, Calderón aceptó la propuesta estadunidense, pero cuando el Pentágono explicó que la operación tendría que ser llevada a cabo exclusivamente por las fuerzas militares de Estados Unidos, fue rechazada por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, pese a que ésta, a diferencia del Ejército, ha favorecido más la relación con su contraparte estadunidense.

El titular del Ejecutivo intentó convencer a los jefes militares mexicanos, mientras que a los representantes del Pentágono les dijo que tendría que analizarlo y “después” les daría la respuesta.

Calderón insistió ante las Fuerzas Armadas mexicanas que la propuesta era acertada y acorde con los objetivos de combate al narcotráfico. En su desesperación argumentó que sería un operativo secreto y rápido “que se podía arreglar” para no exponer al Pentágono, con la salida inmediata de los seals, pero el rechazo del Ejército y la Marina fue contundente. Sus argumentos fueron la prohibición constitucional y la defensa de la soberanía ante la presencia de tropas extranjeras.

Después de la reunión con los mandos del Ejército y la Marina, Calderón terminó por darle la negativa al Pentágono a menos de que participaran soldados o marinos mexicanos.

En esas condiciones el Departamento de Defensa estadunidense dejó en claro que el operativo era inconcebible. Pero entre los militares consultados existe la certeza de que el gobierno de Estados Unidos “insistirá ante el próximo presidente de México”.

Para evitar sorpresas las Fuerzas Armadas mexicanas iniciaron una campaña entre las autoridades civiles para advertir de los riesgos que implicaría una operación encubierta extranjera para atrapar o matar al Chapo.

Durante el gobierno de Felipe Calderón el Pentágono logró una de sus metas: tener presencia directa en México. La apertura de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en 2010 fue el conducto para que los militares estadunidenses realicen labores de inteligencia en territorio mexicano desde la propia Ciudad de México e incluso desde instalaciones militares en Escobedo, Nuevo León.

En el Distrito Federal la OBI ocupa la parte alta del edificio ubicado en Reforma 265, donde operan tres agencias militares y seis civiles. Las primeras son la Agencia de Inteligencia Militar, la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Agencia Nacional de Seguridad. Además hay organismos de inteligencia de los Departamentos de Justicia, Seguridad Interior y del Tesoro (Proceso 1776).

Según publicó el diario The New York Times en agosto del año pasado, agentes estadunidenses de inteligencia castrense también operan en las instalaciones de la zona militar con sede en Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con el mando castrense consultado, en la relación con México los militares estadunidenses siempre han tenido un pie en la puerta y han aprovechado cada espacio que se les abre. Ahora que se les franqueó la entrada ya están pensando en operar en el territorio.

La política del Departamento de Defensa hacia México fue establecida en el Reporte de Revisión de Defensa, que realiza el Pentágono cada cuatro años. Publicado en febrero de 2010, menciona que “continuará trabajando estrechamente con México para tener una frontera segura, aumentando la capacidad de defensa para operaciones coordinadas”.

Para todo el Continente Americano establece que desarrollará “asociaciones de defensa regional para enfrentar amenazas domésticas y trasnacionales, como las organizaciones narcoterroristas, el tráfico ilícito y disturbios sociales”.

En julio de 2011 el general Charles H. Jacoby, jefe del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, fue todavía más preciso cuando compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadunidense para ser ratificado en ambos mandos operativos del Pentágono.

Requerido por los senadores estadunidenses sobre la relación que tendría con los militares mexicanos “para vencer a las organizaciones de delincuencia trasnacional que están causando altos niveles de violencia en México y que amenazan la seguridad de nuestra frontera sur”, Jacoby mencionó que el presidente Obama emitió un decreto ejecutivo para declarar “emergencia nacional” en Estados Unidos ante la amenaza de la delincuencia trasnacional, incluida la mexicana.

“Esas organizaciones (los cárteles del narcotráfico) constituyen una inusual y extraordinaria amenaza a la política exterior, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el comandante.

 Expertos en invasiones

 En efecto, Obama emitió el 24 de julio del año pasado un decreto ejecutivo para bloquear en Estados Unidos las propiedades de cuatro organizaciones delictivas trasnacionales: Los Hermanos del Círculo o La Familia de los Once –que opera en la antigua Unión Soviética, Medio Oriente, África y América Latina–, La Camorra de Italia, la Yakuza japonesa y Los Zetas.

Obama decretó: “Esas organizaciones han logrado tal alcance y gravitación que amenazan la estabilidad y los sistemas político y económico internacionales y cada vez son más sofisticadas y peligrosas para Estados Unidos”. En el caso de Los Zetas, el FBI incluso ha tratado de vincularlos con “terroristas islámicos” de Irán.

De acuerdo con el presupuesto del año fiscal 2012, autorizado por el Congreso, el Pentágono dispone de 553.8 millones de dólares para apoyo internacional en sus actividades antidrogas, además de 486.5 millones para “operaciones de contingencia en el extranjero” en el mismo rubro.

En el caso de México, el Pentágono además designó agregado militar a un experto en “operaciones especiales”. En diciembre pasado envió al almirante Colin J. Kilrain como agregado militar y oficial en jefe de defensa de la embajada de Estados Unidos en México.

Antes de ese cargo Kilrain era el encargado del combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, organismo que depende directamente del presidente y que incide en la política exterior estadunidense.

Tanto Jacoby como Kilrain tienen experiencia en las invasiones de Estados Unidos. Jacoby participó en la de Granada en 1983 y en Afganistán en la Operación Libertad Duradera, iniciada en 2001; Kilrain lo hizo en Haití en 1994 y en Afganistán.

Después de la ejecución de Bin Laden, El Chapo se convirtió para Estados Unidos en el hombre más buscado del mundo. Tanto la DEA como el FBI lo tienen como su principal objetivo en el extranjero.

Guzmán Loera también sigue apareciendo en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. Aunque Colombia y Estados Unidos le han dado severos golpes a su estructura económica, el capo sinaloense se mantiene como uno de los hombres del planeta con una riqueza superior a los mil millones de dólares.

La operación propuesta por el Pentágono para detener al Chapo en territorio mexicano ha estado acompañada de una serie de detenciones de sus socios, colaboradores y familiares en México, Colombia, Estados Unidos y, la semana pasada, en Belice.

Apenas el pasado jueves 9 el gobierno de Felipe Calderón extraditó a Estados Unidos a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, acusada de traficar drogas del Cártel de Sinaloa en complicidad con narcotraficantes colombianos. La decisión se tomó no obstante haber sido exonerada de los delitos más graves por la justicia mexicana.

Dos días antes el gobierno colombiano extraditó a Dolly Cifuentes Villa, acusada de ser socia del sinaloense. Su hermano Francisco fue piloto del capo colombiano Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín; mientras que su también hermano Hildebrando fue uno de los principales socios de Guzmán Loera.

La mujer tenía oficinas de importaciones en Colombia, Panamá, México, Brasil y Estados Unidos valuadas en más de 200 millones de dólares. Según la policía colombiana, a través de esas empresas El Chapo lavó millones de dólares y acumuló una gran riqueza en inmuebles.

En abril pasado la policía colombiana realizó un operativo de extinción de dominio contra 58 bienes supuestamente adquiridos con dinero del sinaloense en Bogotá, Cali y Medellín, valuados en 15 millones de dólares. Antes, en septiembre de 2011, le había ocurrido lo mismo con 301 bienes. Según la policía colombiana eran casas, fincas, terrenos, departamentos, empresas, vehículos e islas privadas a nombre de testaferros, valuadas en unos 250 millones de dólares.

Estados Unidos, además, tiene en su lista mundial de cabecillas del narcotráfico a dos hijos y a la primera esposa del Chapo, por lo que existe una orden para que se les congelen los bienes o cuentas que tengan en ese país. Se trata de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito; Ovidio Guzmán López, y María o Alejandrina Salazar Hernández.

La DEA también busca a José Alfredo Guzmán Salazar, a quien la Marina dio por detenido en junio pasado aunque de inmediato la PGR negó que se tratara del hijo del jefe del Cártel de Sinaloa.

En el juicio que se sigue contra éste en una corte federal en Chicago, el gobierno estadunidense busca decomisar al menos mil 374 millones de dólares que, según dice, ha obtenido la organización criminal en los últimos siete años, luego de la fuga del Chapo del penal de Puente Grande.