En las auténticas democracias liberales existen unos mecanismos institucionales que aseguran y protegen el mantenimiento de las libertades individuales. Cierto es que existen casos intermedios: el de las democracias frágiles o debilitadas, que aun teniendo dichos mecanismos acaban permitiendo que una oligarquía o un determinado gobierno quebrante esos mecanismos, manipule las instituciones y los poderes del Estado y tergiverse la esencia de la democracia. Tal es, a nuestro juicio, el actual caso de la democracia en España. Aquí apuntaremos algunas ideas para políticos serios.

El individuo en el laberinto político La civilización occidental, aun siendo la más avanzada en el asentamiento de la democracia y las libertades individuales en el mundo, no ha sido una excepción a la lacra antidemocrática, aun cuando los niveles de respeto al sistema democrático cambian de nación a nación. Si la política –como ya adelantó Aristóteles- es el arte referente al gobierno de los estados, sus representantes políticos están obligados a actuar como tales y gobernar la “polis” con el único objetivo de servir al ciudadano y proteger las libertades.

El siglo XX mostró la necesidad de la democracia y el debate de las ideologías como forma de acabar con los totalitarismos. El inicio de este siglo XXI no ha hecho otra cosa que ratificar la importancia fundamental de seguir defendiendo la libertad a través del sano debate de las ideas. Tal es la única fórmula para el progreso del individuo como miembro de la sociedad. Sin embargo, cuando en democracia las ideologías se tergiversan y se disfrazan con fines exclusivamente electorales o con objetivos sectariamente opuestos a la voluntad del ciudadano como sujeto libre y soberano, las instituciones se deterioran, el Estado de Derecho entra en quiebra y la sociedad se desmorona.

Una de las fórmulas más comunes de asaltar las libertades individuales y trastornar la forma de gobierno llamado “democracia” es sustituir veladamente las ideas por la demagogia, los principios por la retórica y los programas electorales por acciones incumplidas. Tal ha sido, lamentablemente, la práctica seguida por gran parte de los grupos y partidos políticos en muchas de las mal llamadas democracias en el mundo. Tras los esfuerzos en la Transición Española para alcanzar acuerdos y asentar una democracia apoyada en la Monarquía Constitucional, el ciudadano español se halla hoy en un auténtico laberinto político.

Con demasiada frecuencia, en España solemos escuchar coloquialmente frases como: “La política es para los políticos”, “eso es cosa de los políticos”, “que lo arreglen los políticos” y otras opiniones de similar calado por las que se mete a todos los representantes políticos en similar cajón de sastre. Lo que se infiere de esas opiniones ciudadanas es que el individuo medio –particularmente en el caso español- se va resignando ya a reconocer que lo que haga el político de turno, por muy escandaloso que sea, debe ser aceptado como solución de un statu quo de imposible enmienda, algo ligado a la política y, por tanto, inamovible.

La conclusión generalizada es que la política es demasiado complicada para que el ciudadano pueda conocer todos sus detalles. Discutimos de política, escuchamos la radio, vemos la televisión, leemos la prensa y hasta nos agitamos en discusiones. Sin embargo, la cosa no pasa de ahí dejando todo en manos de quienes nos gobiernan, nombres y apellidos en listas cerradas de partidos.

Como parecen existir demasiados intereses creados e involucrados, la mal llamada “clase política” acaba decidiendo por todos sin que el ciudadano crea realmente que pueda hacer demasiado. Tal está siendo el caso en democracias como la de España donde, visto todo con la perspectiva exterior, parece que muchos ciudadanos en España estén más preocupados por las vacaciones o por el fútbol que por cuanto acontece en la vida pública y política.

La famosa fórmula del “pan y circo”, tan propia de los emperadores romanos más corruptos, ha encontrado en buena parte de la vida española actual una resonancia especial. De este modo, en los países supuestamente libres pero con un mayor déficit democrático, la democracia se disfraza con unos linajes de políticos perpetuados en el poder durante décadas: personajes que llevan demasiados años gobernando, políticos más interesados en su propio avance que en el bienestar de la ciudadanía que los vota y que, además, les paga su sueldo a través de altos impuestos.

España se considera una democracia avanzada pero en su vida política nos hallamos con una notable carencia de límites temporales para gobernar. Los partidos políticos siguen manteniendo el error de perpetuar unas listas cerradas que impiden la frescura y la espontaneidad de nuevos candidatos. Encontramos miserias tan antidemocráticas como la de no realizar una urgente Reforma Electoral donde la opinión y decisión de la mayoría de los españoles no quede supeditada siempre a las dictaduras de las minorías.

Nace así el individuo en un laberinto político. Se crece en un críptico modo de vida política donde la libertad queda traicionada y donde el ciudadano acaba insatisfecho ante la labor de sus políticos y los resultados obtenidos. El individuo se asquea ante la permanente falsificación de los valores y principios por los que votó y acaba desconectado de la vida de la “polis”. La sana idea del “yo” en el marco del “nosotros” termina limitándose al “yo”, “mi”, “me”, “conmigo”. Y sálvese quien pueda.

En las democracias realmente avanzadas, existen acciones ciudadanas por la que los individuos se movilizan de verdad, forman grupos y exigen soluciones inmediatas. Llaman a sus representantes, contactan con los políticos a los que dieron su voto en las más recientes elecciones, escriben y telefonean a las sedes de los partidos a los que votaron y piden respuestas inmediatas a sus problemas. Cada lector podrá preguntarse dónde se sitúa él mismo respecto a su propio nivel de movilización y compromiso, así como en cuanto a las exigencias dadas al político de turno por el que votó en su momento.

Para salir del laberinto en que está inmerso el ciudadano de a pie y para lograr avances y cambios hace falta una voluntad individual de movilizarse y reclamar el cumplimiento de los programas electorales por los que se votó. A nadie escapa que en el caso español, casi siempre han sido los grupos de ciudadanos ubicados en los partidos políticos de la izquierda ideológica los que más y mejor se han movilizado. Frente a todo esto, la derecha política, siempre tan adormecida, ha vivido casi siempre mucho más callada, más alejada de la calle y hasta más acomplejada a la hora de defender abiertamente su afinidad ideológica.

Si a todo eso se añade –como ocurre en España- las dudas de la “derecha” política por identificarse con esa misma etiqueta, es decir con el liberalismo conservador, el laberinto para el individuo resulta todavía más arduo y hasta más insultante. Junto a eso, el gran dominio que en los medios de comunicación de masas tienen en España las izquierdas políticas sobre la huérfana derecha explica otra razón más para que la vida política española se encuentre en la actual situación de caos. La derecha ha empezado ahora a movilizarse, aunque no demasiado bien y sí bastante tarde.

Ante esa maquinaria propagandística –incluida la de una atroz televisión pública- es hora de plantear un verdadero programa de gobierno y las bases de una auténtica acción política desde la derecha de acuerdo con los principios innatos del liberalismo conservador. El lado positivo de todo esto es que existen ya personas y grupos que en España han tomado conciencia de esta situación, lo que supone una luz en este largo tunel. Entre todos, hace falta realizar una verdadera propuesta que apuntale las bases de una campaña política e ideológica seria que traspase los personalismos, las descalificaciones a los contrarios políticos y que se centre en los temas y en las necesidades del ciudadano.

Hay que centrarse en los asuntos reales que ocupan y preocupan al ciudadano: temas de relevancia nacional e internacional ligados a las cuestiones locales de cada individuo y de cada persona. Desde esa perspectiva, va siendo hora ya de que cuantos se consideran políticos o individuos de talante e ideología liberal-conservadora tomen cartas en el asunto, unan sus fuerzas, dejen atrás recelos y batallas personales y reflexionen a conciencia sobre las ideas y principios claves mirando siempre a la realidad de la España de hoy. Por este camino, los políticos de la derecha deberían así clarificar un frente común de unidad nacional donde –dentro de la pluralidad y la diversidad- se respete y defienda el plan de valores comunes.

Los ciudadanos, por su parte, deberían también escudriñar con cuidado a quienes dieron su voto; comprobar si lo que esos políticos dijeron que iban a hacer lo han hecho; se debería aclarar lo que se espera de esos políticos y de sus programas. El ciudadano hará bien en entender que los políticos son servidores públicos y no funcionarios públicos. De este modo, la derecha política española podrá realizar un verdadero avance electoral y forjar una España vertebrada sobre la Constitución, una sociedad donde triunfen los sanos principios del liberalismo conservador, bien desarrollados y bien explicados, dando cabida a todos en una empresa común de mejora desde el individuo a la sociedad.

Esos principios del liberalismo conservador son, a nuestro juicio, los que más logros han deparado a la humanidad, los que más benefician la libertad del individuo en su sociedad y los que, en el caso de España, podrán generar un presente y un futuro de progreso, calidad de vida, respeto a la Ley y confianza en la permanencia de las libertades. Todo ello, además, de acuerdo a los nuevos retos que este nuevo siglo XXI nos vaya planteando y sobre la base de una Constitución aprobada ya con entusiasmo por la inmensa mayoría de los españoles y que deberá ir mejorándose con enmiendas con el paso de los años.

La acción política fuera del laberinto

Para que el individuo disfrute de sus libertades se hace necesario que solamente existan sujeciones a las limitaciones establecidas por la Ley. El fin último es asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como la satisfacción de las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Para alcanzar esos objetivos hace falta claridad de ideas.

Toda verdadera acción política debe sustentarse en los cimientos sólidos de unos pilares ideológicos expresados y compartidos por la mayoría de la ciudadanía y puestos en marcha por los representantes políticos electos. Para alcanzar la confianza y el voto del ciudadano hay que explicar cuáles son esas bases ideológicas y el programa de acción política. Se necesita defender por la palabra esas ideas en un debate permanente que saque la acción política fuera del laberinto de los intereses particulares y con el objetivo de que cada individuo tenga la oportunidad de mejorar su vida y alcanzar la felicidad personal y la de su familia.

Para alcanzarlo hay que luchar con todos los instrumentos que proporciona la democracia para enfrentarse a cuanto atente contra la Constitución y pretenda quebrantar el Estado de Derecho y la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. No podríamos, aunque quisiéramos, detallar aquí todos los aspectos de un programa electoral liberal-conservador completo, pero sí al menos propondremos algunos puntos a tener en cuenta y que nos parecen claves para el caso de España.

Partimos de la base de que todas las acciones programáticas pasan por el respeto a la Constitución y la defensa constitucional de la unidad de España en todas sus variedades culturales y regionales, unidad que se explica en los valores compartidos de libertad, de orgullo cívico, de patriotismo y respeto por las variedades culturales de España bajo una misma Monarquía. A partir de ahí sugerimos:

Primero: todos los ciudadanos –cualquiera que sea la región donde habiten- son libres e iguales en dignidad y derechos. Significa esto que se garantizan las mismas libertades y los mismos derechos y deberes para todos, con igual justicia e igualdad de oportunidades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra índole.

Segundo: todos los ciudadanos –incluidos los que se hallan todavía en el vientre de la madre- tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todos son iguales ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección legal contra toda discriminación, incluido el derecho a hablar la lengua oficial de España, el español, según indica la Constitución.

Tercero: todos los ciudadanos tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que lo amparen contra actos, extorsiones y amenazas que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley.

Cuarto: ningún ciudadano será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, ni de ataques a su honra o a su reputación por defender la unidad indivisible de España, establecida por la Constitución.

Quinto: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección, incluido el concepto del “matrimonio” que, por naturaleza y definición, lo es entre un hombre y una mujer como vía para perpetuar la especie humana, más allá de la mera “unión civil”.

Sexto: todo individuo tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente por lo que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Séptimo: todo ciudadano debe gozar de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como de la libertad de manifestar una religión o creencia, individual y colectivamente tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En esa libertad, cabe reconocer la raíz y herencia judeo-cristiana de la inmensa mayoría de los españoles, por lo que España –sin ser una nación exclusivamente cristiana- sí es una nación de cristianos.

Octavo: los padres tendrán siempre el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, sin que ningún gobierno interfiera o cercene ese derecho ni se impongan leyes educativas tendentes a acabar con la educación religiosa.

Noveno: las clases sociales rígidas no deberían existir como tales, sino que con el mayor alivio fiscal y la mayor libertad económica posible, los individuos deben buscar la permeabilidad y movilidad social. Para ello, el progreso de cada individuo debe ser en la medida de su esfuerzo y sus capacidades, sin frenos ni controles por parte del gobierno.

Décimo: los impuestos deben ser los más bajos posibles derribando todo lo que sea posible las trabas fiscales que impiden el ahorro, la inversión y la creación de empleo. Un gobierno que cobra impuestos altos desalienta el ahorro, impide la generación de riqueza y mata los motores económicos de la sociedad. La mejora social debe implementarse desde el individuo, no desde el gran Gobierno.

Estas ideas, expuestas conscientemente de manera muy breve y limitada, son en sí reveladoras como herramientas de ejemplo para mostrar a los ciudadanos la voluntad de crear un plan. Se trata de gobernar para todos, pero no gobernar como si se estuviera continuamente en campaña política. El liberalismo conservador debe insistir en su creencia primero en el individuo, en que el ser humano libre (y no el Gobierno) es quien produce el progreso y la mejora, desde lo individual a lo social. Se trata, en suma, de una defensa de la libertad individual que implica igualmente una responsabilidad social.

La derecha liberal-conservadora debe explicar su fe y su confianza en el ciudadano individual, en sus instintos y sus aspiraciones, en el dejar hacer al individuo en libertad dentro de unas leyes justas para todos donde el hombre y la mujer no dependan de una bu(r)rocracia reglamentaria. Falta abogar por la defensa de un gobierno mínimo, no un gobierno que crezca y se llene de militantes y burócratas y donde se otorguen indiscriminadamente cargos públicos con empleos a menudo innecesarios en la administración pública a costa del bolsillo del ciudadano.

Vale insistir en la cuestión económica porque hay que acabar con la creación de nuevos impuestos para alcanzar los planes políticos. Hay que explicar que al pueblo no se le ayuda extrayendo el dinero de su bolsillo sino dejándolo allí para que cada cual haga con él lo que desee a fin de realizar sus aspiraciones y proyectos. La recaudación de altos impuestos implica el reconocimiento de que el individuo no puede ser responsable por sí mismo y que sólo el Estado se puede hacer cargo de ellos y de sus familias.

Las obligaciones hacia la familia y la comunidad no pueden derivarse del Gobierno, sino de cada individuo que prospera e –indirectamente- abre camino a la prosperidad de su entorno. Un Gobierno que cobra impuestos en demasía, incluidos los más humildes, manda el mensaje de que pese a sus mejores esfuerzos, esos individuos nunca podrán alejarse de la pobreza. Por este camino, la creación de una sociedad fuerte pasa por el convencimiento personal de cada individuo acerca de sus inalienables responsabilidades.

El liberalismo-conservador se opone a que el Gobierno usurpe a los ciudadanos una gran porción de sus ingresos con la falsa promesa de que luego los manejará desde sus oficinas para implementar planes sociales colectivos. Lo único que se hace así es aumentar más la pobreza e imponer la idea de que el progreso individual no existe. Frente a la sociedad de la dependencia, el liberalismo-conservador puede y debe creer en la sociedad de la responsabilidad.

Cuando se confía en el individuo, cuando se le dan las oportunidades, surge lo mejor de cada persona, sin necesidad de tener al Gran Gobierno organizándole su vida y su dinero. ¿Qué justa razón explica un impuesto fiscal por casarse, por conducir un vehículo, por adquirir el propio hogar, por ahorrar, por estar jubilado y aun por morir o por heredar?

Nadie puede negar que si el ciudadano quiere servicios públicos decentes, deberá pagar algunos impuestos, para hospitales, carreteras o escuelas públicas. Sin embargo, esos servicios los deberá decidir la ciudadanía y no los políticos de turno que emplean, a su vez, mucho de ese dinero del erario público para su propia propaganda política y aun para cuantiosas e innecesarias comitivas de funcionarios públicos. Peor aún, hay que enfrentarse de lleno a los planes paternalistas de esos gobiernos socializantes que administran esos mismos sistemas y despilfarran muchas de las partidas asignadas a los más humildes y necesitados.

El verdadero liberalismo conservador ama a su nación y a su bandera, símbolo de una historia y de un pasado. En el caso de España, debemos reconocer que la nación española está conformada por diferentes pueblos que desde la Hispania romana fueron eligiendo un camino común –a veces tortuoso y a veces lleno de éxitos- a través de la historia. Por eso, nuestra propuesta partía de la premisa de que hace falta defender la Constitución y oponerse a cualquier sistema jurídico o legislación que favorezca el quebrantamiento de esa Carta Magna, que rompa la igualdad ante la Ley de todos los españoles.

Iniciamos esta colaboración asegurando que el mayor peligro para un individuo dentro de su sociedad es la falta de libertad. Ese y no otro es ahora mismo el gran reto para España y para todos los españoles.

Alberto Acereda es catedrático universitario, escritor y analista político, especialista en temas culturales transatlánticos y Miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua.