Marcela Ashley y Steve Beer nunca trabajaron para la supervisión de la SUBE . Sus nombres -y sus salarios- no sólo aparecen en la planilla de empleados del contrato; también están en los comprobantes mensuales presentados ante el Ministerio de Planificación como certificación de sus tareas.

En esos documentos, se detallan sus salarios en dólares. Al pie, una firma de Stephen Chandler, ex jefe de las operaciones , avala el pago de los empleados fantasma.

"Nunca firmé esa documentación ni puse ese sello. Jamás pasé facturas por Ashley y Beer. Esa no es mi firma", replicó Chandler, en diálogo con LA NACION. Y aseguró que no estaba en Buenos Aires en la fecha de algunos documentos que aparecen con su firma.

En los comprobantes del trabajo realizado durante la supervisión, la suma por el servicio de los tres empleados extranjeros (Chandler, Beer y Ashley) alcanza hasta los 67.000 dólares mensuales.

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En el detalle aparecen los sueldos mensuales de Ashley -como stakeholder management- por 4860 dólares y de Beer -como program assurance- por 8120 dólares. Chandler percibió 30.450 dólares. La suma aumenta con los viáticos y los vuelos internacionales.

"Todas mis facturas fueron emitidas en pesos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE). Iatasa e IRV eran los encargados de facturar por el trabajo de la supervisión a la Secretaría de Transporte. Ellos tienen que dar explicaciones", explicó Chandler desde Londres.

Según Chandler, las facturas de GI nunca superaron montos equivalentes en pesos a los 23.000 dólares. Esa suma incluía los sueldos de sus empleadas argentinas, los gastos y su salario.

Consultados por este medio, los socios locales evitaron hablar. En la única referencia al tema que hicieron desde que comenzó el caso, los empresarios aseguraron desconocer la situación de los empleados fantasma y cargaron la responsabilidad en Global Infrastructure (GI), firma a cargo de Chandler. Los documentos fueron emitidos con el logo de las cuatro empresas del consorcio: GI, Iatasa, IRV y González Fischer y Asociados (GFA).

En diálogo con LA NACION, Joaquín Otaegui, abogado de Chandler afirmó que las fechas de algunas de las notas firmadas por el inglés no coinciden con sus estadías en Buenos Aires. "Aparecen documentos firmados en junio y en octubre de 2011. En esos días, Chandler no estaba en Buenos Aires", detalló.

El letrado aseguró que ya se puso en contacto con un perito calígrafo para analizar la documentación y no descartó recurrir a la Justicia si esto complicara la situación del inglés en Comodoro Py.

La principal hipótesis para justificar la falsedad de la firma es la extensión, con muchas menos curvas -según Otaegui- que la ensayada por el consultor en otros documentos de la licitación. "En Inglaterra no se usa la media firma", afirmó.

La firma completa aparece en la nota que antecede la presentación de los comprobantes, que había sido remitida a Jorge de Beláustegui, ex titular de Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba), y Nora Turco, una funcionaria de Transporte clave en la licitación que investiga la Justicia. Desde el entorno del inglés sostienen que Chandler sólo firmaba la primera página del informe presentado ante Transporte y que, por eso, se trata de firmas "largas".

"Autorizaba el principio del informe y después, debajo de eso, le agregaban cualquier cosa. Evidentemente, Chandler firmaba una cosa y ante Transporte se presentaba otra", dijo un allegado.

Chandler acercó a Beer y Ashley a la SUBE, aunque el trabajo finalmente no se concretó. El inglés reconoció el contacto, pero asegura haber avisado a las autoridades y a sus socios que los empleados "no estaban disponibles" al momento de la ejecución del contrato.

Luego de que este medio revelara la existencia de empleados fantasma en la supervisión de la SUBE, el Gobierno suspendió el contrato de 65 millones de pesos.

En los comprobantes firmados por Chandler y presentados ante el Ministerio de Planificación también se contemplan vuelos internacionales y viáticos para los tres empleados extranjeros. Se facturaron hasta dos viajes mensuales por un total de 7762 dólares y más 3000 de viáticos.

"Nunca pasé facturas por vuelos ni viáticos", dijo Chandler, el único empleado extranjero que trabajó en la supervisión de la SUBE. Según consta en el contrato, se presupuestaron casi 500.000 dólares para ese tipo de gastos.

Lejos de la Argentina

"Como abogado, le aconsejo a Chandler que no vuelva a la Argentina", dijo Otaegui. El consultor inglés, ex jefe de la supervisión de la SUBE, visitó el país antes de que el Gobierno suspendiera el contrato y, desde ese momento, no volvió a Buenos Aires.

Chandler fue imputado por la Justicia en la causa que investiga irregularidades en el control del boleto electrónico. "No llegó ninguna citación a su domicilio. El vive en Inglaterra", agregó su letrado. Y no descartó que, en caso de ser notificado por el juez federal Sergio Torres, pida dar testimonio desde Londres.