Nuevo León prendió los focos rojos debido al aumento constante del número de menores de edad que prestan servicios al crimen organizado. Los Zetas y el Cártel del Golfo reclutan adolescentes para que cumplan funciones de vigilantes, vendedores, ladrones y hasta asesinos. Un especialista sostiene que las mafias han aprovechado la reforma al artículo 18 constitucional, que volvió inimputables a los muchachos, a fin de utilizarlos para sus actividades ilícitas.
La
Procuraduría General de Justicia de Nuevo León presentó el pasado 6 de agosto a
un grupo de 20 halcones presuntamente al servicio de Los Zetas en el municipio
de Sabinas Hidalgo; los lideraba un joven de 17 años identificado como Jesús
Alejandro, El Sapo.
Junto a
él fueron presentados Alan Guadalupe, de 16 años; Brayan Juninho, de 14 y
Ricardo, de 17, capturados el 27 de julio.
No es el
único caso reciente de menores de edad aprehendidos por actos delincuenciales o
por estar al servicio del crimen organizado: Néstor Iván, El Capi, de 15 años,
fue detenido el 1 de febrero de 2011 por comandar una banda que cometió por lo
menos 20 robos a mano armada en el sur de la capital nuevoleonesa.
Poco
antes se presentó un hecho que implicaba a menores: un boletín de la Policía
Federal informó el 4 de febrero de ese año que habían sido detenidos en la
colonia Bosques del Country, en el municipio conurbado de Guadalupe, los
integrantes de una célula del crimen organizado que incluía a un niño de 15
años llamado Luis José y apodado Julio.
A escala
nacional el caso que más impactó a la sociedad fue el de Édgar Jiménez Lugo, El
Ponchis, de 14 años, arrestado en Cuernavaca y asesino confeso de al menos cuatro
personas.
En
entrevista con este corresponsal, Federico Requenes Ordaz, director de Atención
Integral del Menor y la Familia del DIF de Nuevo León, considera que los
menores se involucran en acciones delictivas en gran medida porque son
invitados por mayores que saben que la nueva legislación los protege y los
exime de castigos.
Cada día
más
La
Procuraduría de Nuevo León ha desarticulado este año 89 bandas; de ellas 60
estaban relacionadas con la delincuencia organizada. Se encuentran presos 590
de sus integrantes, de los cuales 68 son menores de edad. De las otras 29
bandas han sido detenidos 163 miembros; 17 son menores.
En la
entidad es larga la lista de casos delictivos en los que están implicados
muchachos.
Un día
antes de las elecciones del pasado 1 de julio fue asesinado el regidor del
municipio de Benito Juárez, Tomás Betancourt Gaytán, coordinador local de la
campaña de Andrés Manuel López Obrador.
El 24 de
julio el procurador general de Justicia del estado, Adrián de la Garza Santos,
informó que había cinco detenidos por ese homicidio; pertenecen a Los Zetas y
entre ellos hay un menor al que identificaron como Milton Gabino, El Poncho, de
17 años.
El 27 de
junio la Agencia Estatal de Investigación (AEI) presentó a una banda de cuatro
zetas dedicados al secuestro en la zona citrícola del sur de Monterrey. Entre
ellos estaba José Manuel, de 16 años. Todos, según el vocero estatal de
seguridad, Jorge Domene, eran sicarios.
El 13 de
junio Domene había informado de la detención de 52 halcones que daban a la
delincuencia organizada información sobre las acciones de las autoridades
estatales y federales. Ente ellos había cinco menores de edad. Algunos
trabajaban para Los Zetas; otros, para el Cártel del Golfo.
Tres
jóvenes fueron detenidos por los asaltos a siete restaurantes en Monterrey y
Guadalupe entre mayo y junio de este año; Domene aclaró que no estaban
relacionados con la delincuencia organizada. Los muchachos fueron identificados
como Juan Carlos, El Vagueta, de 15 años; Jassiel, de 16 y José Daniel, El
Dany, de 17.
Siete
jóvenes fueron capturados por el asalto a la preparatoria Centro de Estudios
Regiomontanos el pasado 16 de mayo en Guadalupe. Ese día, a las 10:30 horas,
asaltantes enmascarados sometieron a estudiantes y directivos del plantel y se
llevaron dinero en efectivo y equipo de cómputo de la escuela.
Domene
informó que entre los jóvenes estaban los hermanos Giovani de Jesús, de 17
años, y Gerardo Gabriel, de 15, estudiantes de esa institución, que quedaron a
disposición de la justicia para adolescentes de Nuevo León.
El 8 de
mayo la AEI presentó un grupo de detenidos dedicados al narcomenudeo en Benito
Juárez. Entre ellos había tres menores pertenecientes a Los Zetas.
El
pasado 18 de abril la Agencia Estatal de Investigación había informado de la
captura de una banda de 13 personas relacionadas con 21 homicidios y acusadas
además de secuestro, robo de automóviles y narcomenudeo.
Siete de
los detenidos son identificados como Morgan Jesús, Texas, de 17 años; Marco
Antonio, El Guachillo, de 17; Juan Carlos, Pavalín, de 16; Karen Yanneth, La
China, de 16, Esmeralda Samahid, Esme, de 16; Liliana, Emma, de 17 y Yaresy
Lisset, La Chabela.
Entre el
16 y el 17 de febrero de este año el Ejército detuvo a 17 presuntos
delincuentes en operativos de la Operación Noreste; entre los aprehendidos
había cinco menores.
En
Cadereyta fueron apresados cinco presuntos delincuentes, dos de ellos de 17
años: viajaban en un jeep robado y tenían dos paquetes de mariguana. En Salinas
Victoria, 50 kilómetros al norte de Monterrey, se detuvo a tres halcones. Uno
tiene 17 años.
Mayores
perversos
Federico
Requenes considera que el aumento del número de niños y adolescentes en
actividades delictivas corresponde a la perversión de criminales adultos que
saben que los menores no son punibles según lo establecen modificaciones a la
ley hechas en 2006.
“Hemos
visto cómo el crimen organizado recluta más jovencitos y mucho tiene que ver
esto en el sentido de la ley que cambió en cuestión de justicia de menores
adolescentes, que ahora es garantista y ya no tutelar, como en el pasado. Gente
perversa pudo aprovechar esta situación”, señala.
Una
fuente de la Agencia del Ministerio Público de Justicia para Adolescentes, de
la Procuraduría local, explica que en 2005 fue presentada una iniciativa para
reformar el artículo 18 de la Constitución de la república, que fue aprobada en
marzo de 2006.
La
enmienda ordena a los estados crear instituciones especializadas de atención a
adolescentes para sustituir los consejos tutelares. Entre sus lineamientos
consideró que los menores serían sometidos al sistema penal acusatorio,
conocido también como juicio oral.
A partir
del 12 de septiembre de 2006 todas las entidades federativas están obligadas a
acatar esa disposición, que tiene efecto sólo entre personas de entre 12 y 18
años. Algunas han incumplido hasta ahora, pero Nuevo León la tuvo lista a
tiempo.
La
fuente explica que el sistema anterior era tutelarista y el estado se hacía
cargo de los menores.
Con esa
norma la pena máxima para quienes incurrían en delitos graves era de cinco años
de internamiento en el entonces llamado Consejo Tutelar para Menores. Con la
nueva ley los niños de entre 12 y 14 años son procesados pero sin
confinamiento. Los de 14 a 16 años pueden sufrir confinamiento máximo de seis
años, y los de 16 a 18, de ocho años. Los menores de 12 son impunibles.
Requenes
afirma que cuando se cambió la ley ya se anticipaba esta situación, pero la
justicia internacional así lo dictaba y México tenía que estar “a tono”.
“Esto se
preveía cuando había cambios legislativos, pero era una tendencia mundial que
teníamos que seguir. (Los que se aprovechan de la ley) saben que los menores no
son castigados y un niño es fácil de manipular; hemos tratado de trabajar más
con la familia sobre este punto”, señala.
Agrega
que en los municipios rurales a veces la policía detiene a menores infractores,
pero como la ley los protege, muchas veces son puestos en libertad sin
canalizarlos al área adecuada.
Los policías
conocen los procedimientos, aclara Requenes, y los siguen, pero hay muchos
casos en que sólo los menores son liberados, lo que ofrece al DIF un área de
oportunidad en la que ya se trabaja.
Actualmente,
apunta, se necesita más coordinación entre el DIF estatal con los municipios
para conocer la información sobre los menores que son detenidos, aunque darle
seguimiento a los adolescentes es tarea de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal.
Dice que
en el transcurso del año les han canalizado unos 50 menores de edad, de los
cuales tres estaban implicados directamente en el crimen organizado. El
tratamiento hacia ellos, agrega, es integral, e involucra en su rehabilitación
a toda la familia.
La
Secretaría de Seguridad Pública estatal no respondió a una solicitud de
entrevista de este semanario que tenía como propósito conocer de qué manera da
seguimiento a los menores que cumplen sentencias en sus casas.