La producción, comercialización y consumo de marihuana se encuentra penalizada por la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), por lo que las personas dedicadas a cualquier actividad vinculada a dicho producto vegetal deben ser enjuiciadas en el marco de dicha norma. En el caso concreto de la marihuana, dicha ley contempla penas que van desde la reversión de tierras al Estado hasta la privación de libertad de dos a 25 años.

Bolivia tiene ahora que combatir no sólo la producción, tráfico y consumo de cocaína, sino también la marihuana, que se estima que fue introducida al país entre los años 80 y 90, presuntamente por mochileros.

El caso, empero, reviste mayor gravedad, porque su producción puede darse en cualquier clima, incluyendo la ciudad de La Paz, y que su consumo es mucho más accesible por su bajo costo. Algo más, entre los jóvenes se difunde el criterio de que la marihuana es inocua, por lo que el temor a la drogadicción disminuye o desaparece. Sin embargo, no es así, el consumo de la marihuana es la antesala para que se busquen mayores efectos alucinantes como son los de la cocaína, en el caso de Bolivia.

Otros factores que facilitan la masificación de la producción y comercialización de la marihuana en el país es que se obtienen cuatro cosechas al año y no requiere mayormente de elaboración o procesamiento, como es el caso de la cocaína, que exige un largo proceso de producción, a partir de la coca.

Un informe policial al que La Razón tuvo acceso permitió establecer que el negocio de la marihuana se concentra en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba (el Chapare), Chuquisaca, Beni, El Alto y sobre todo en las zonas fronterizas. El documento revela, asimismo, que 20 clanes familiares son los que controlan en el país el negocio de la marihuana y que la mayor parte de ésta se consume en el mercado nacional, aunque en los últimos meses se detectaron envíos a Chile y Argentina.

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Fuente: La Razón, Bolivia