No puede ser tomada más que como una ocurrencia locuaz la afirmación del Senador Joel Ayala de que como parte de la reforma laboral que actualmente se discute en el Senado el salario mínimo debería establecerse en $6,000 mensuales, cifra que sin duda tomó de una declaración del ex Secretario de Hacienda y hoy también Senador, Ernesto Cordero, quién afirmó que con ese monto una familia podría solventar los gastos familiares incluidos los pagos de una hipoteca y la colegiatura de los hijos.

$6,000, $10,000, $100,000 o cualquier otra cifra de salario nominal mínimo, por más atractivo que suene no dice absolutamente nada ya que lo que realmente importa es que el salario refleje la productividad de los trabajadores. Existe una queja permanente de que el salario mínimo actualmente no es suficiente para adquirir una canasta de consumo básica y que por lo mismo es necesario incrementarlo. El problema en sí no es el nivel que tenga el salario, sino la productividad. Y en esto es en donde estamos muy mal. Entre 1990 y 2011, la productividad media de la mano de obra en México, medida como la relación entre PIB real y el número de trabajadores, ha aumentado muy poco, únicamente 20% acumulado, porcentaje ridículo si se compara con otros países como Corea del Sur, Singapur, Polonia y otros que en el mismo periodo la han duplicado.

Existen múltiples variables que explican el por qué la productividad de la mano de obra es, en promedio, baja y por qué no ha aumentado. Tal vez la principal es que tenemos un mercado laboral dual, uno formalmente (legalmente) constituido operando al lado de uno informal. De acuerdo a las últimas cifras del INEGI, casi el 30% de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía, sector en donde se produce aproximadamente el 12% del PIB. Claramente operar en la informalidad resulta en una muy baja productividad de los trabajadores, misma que se deriva de lo muy pequeño de los establecimientos, lo que impide generar economías a escala, aunado a que la tecnología de producción es obsoleta. Y es aquí en donde hay que actuar.

Hay al menos tres elementos que explican la alta incidencia de la informalidad. Primero, está en el interés de los empresarios operar en este sector, manteniendo el tamaño de la empresa muy pequeña para evitar la fiscalización del SAT y del IMSS. Operando en la informalidad no solamente evaden los impuestos empresariales (ISR y IETU) sino que también evaden las contribuciones de la seguridad social, mismas que pueden verse como un impuesto a la utilización de mano de obra.

El segundo es lo extremadamente costoso que es constituirse como una empresa formal derivado de la enorme cantidad de trámites burocráticos que hay que hacer en los tres niveles de gobierno, pero principalmente en los estatales y municipales, mismos que además están plagados de corrupción, aunado a los altos costos notariales, gremio que opera con poder monopólico.

Tercero, los altos costos de contratación y despido en el sector formal que introducen un sesgo en contra del empleo de mano de obra a lo cual hay que agregar la disposición en la LFT sobre el escalafón ciego que inhibe la productividad.

Decretar aumentos de los salarios nominales no funciona. Lo que hay que hacer para aumentar el salario real y el bienestar de las familias es generar las condiciones institucionales para que la productividad crezca, siendo ésta la principal fuente de crecimiento económico.