Los sucesos de El Cairo con el intento de los islamistas en el poder, obtenido tras unas elecciones libres, de acelerar la aprobación de una Constitución, y la decisión de la oposición laica, liberal y cristiana, más los antiguos partidarios de Mubarak, de impedir, en nombre de la democracia, el referéndum del 15 de diciembre utilizando a los tribunales trufados por el régimen autocrático anterior, arrojan sombras sobre la inconclusa revolución de la plaza de Tahrir. Pero parece prematuro confirmar las alarmas de que la primavera árabe mutará en un invierno islámico de imprevisibles consecuencias en la región más inestable del mundo. No confortan, sin embargo, las noticias de Túnez donde comenzó todo, un país razonablemente laico, que hablan de la creciente intimidación salafista sobre las mujeres y los intelectuales. Regresa el debate sobre la verdadera naturaleza de los regímenes islámicos del norte de África, con partidos y movimientos sociales gestionando una democracia autoritaria y desbordando el muro entre religión y Estado.

A la sombra de los carros de combate, en El Cairo ya se grita “irhal!” (¡fuera!), pidiendo la salida del presidente Morsi y el derrocamiento del régimen todavía nonato. El jefe del Estado, que no es un revolucionario, pretende impedir el bloqueo político que una oposición sin cabeza única quiere imponer a la democracia a tientas que trata de abrirse paso en el gigante árabe devolviendo el proceso a la casilla cero. La economía egipcia cercana a la quiebra, enchufada artificialmente a préstamos del Fondo Monetario Internacional, EE UU y la Unión Europea, agostada su principal fuente de divisas, el turismo, por lo incierto de la situación, no puede responder a la petición unánime de los revolucionarios de hace dos inviernos: pan, trabajo y dignidad. El país necesita estabilidad y está partido en dos bloques, polarizado al límite.

Cuesta mucho sacudirse una dictadura de más de medio siglo, de Nasser a Mubarak, nacida del golpe de los Jóvenes Oficiales en los años cincuenta del siglo pasado, tras la salida de los colonizadores británicos. Los militares y la religión son malas comadronas de la democracia. A Washington le costó un siglo acabar con la esclavitud y dar paso al voto de las mujeres. ¿Cuánto le costó a la democracia española que los militares volvieran a los cuarteles y aceptaran la supremacía del poder civil, y la normalización de un poder judicial contaminado por 40 años de franquismo? La caída de un dictador no significa la desaparición automática de su Estado profundo: los restos de un poder militar, policial, de los servicios de inteligencia, de la Judicatura. Egipto es un buen ejemplo. Morsi se ha excedido con el decreto del 22 de noviembre que le otorga poderes extraordinarios frente a leyes y tribunales, con la excusa de proteger la revolución. Pero no se puede olvidar que la crisis fue iniciada por el propio Tribunal Constitucional cuando disolvió el Parlamento, nacido de elecciones libres, porque consideraba desproporcionada la mayoría islamista resultante de los comicios.

¿Cuánto ha tardado la Turquía islamista del Partido de la Justicia y el Desarrollo en domeñar al poder militar garante constitucional del Estado laico que impuso otro militar, Mustafá Kemal Atatürk? Como en Turquía, dos élites luchan por el poder en Egipto, la antigua laica, que representaba a una minoría del país y que ocupó el poder durante decenios, y la actual islamista de los Hermanos Musulmanes, menos educada, religiosa y muy conservadora; chocan frontalmente, ¿cuál prevalecerá?

La Hermandad y los salafistas, con una mayoría electoral del 51%, han redactado la Constitución que creen tienen el derecho de hacer. Los representantes de la oposición, 15 de 100 miembros, abandonaron la Asamblea Constituyente y el proyecto ha sido aprobado por 85 constituyentes, de ellos ningún cristiano y solo cuatro mujeres, todas islamistas. El texto, aunque ambiguo, desequilibrado y defectuoso, según Human Rights Watch, no es un catecismo islamista. La ley islámica es la principal fuente de legislación, no la única como pretendía el primer borrador, lo mismo que establece la Constitución de 1971; reserva a un militar el Ministerio de Defensa, manteniendo al poderoso Ejército fuera del control civil; la libertad de prensa no recibe suficiente protección; la suprema autoridad suní, la universidad Al Azhar, dictaminará si las leyes se adecúan al islam. Sin referéndum no habrá Constitución y sin esta el presidente no estará sujeto a la ley y gobernará por decreto, ni será posible la separación de poderes. Morsi ha dicho a la revista Time que “estamos aprendiendo a ser libres” y que “un nuevo nacimiento no es fácil, sobre todo si es el de una nación”. Es dudoso que el fin, desatascar el proceso democrático, justifique los medios, un presidente que se declara temporal y excepcionalmente por encima de la ley.