Rechazo y repudio de diversos sectores de la sociedad civil, política y hasta internacional causó la decisión del Congreso Nacional de destituir en una madrugada a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Más polémica añadieron las versiones de que el golpe técnico a la Suprema Corte no fue por el fallo emitido contra la Ley de Depuración Policial, sino por temor del presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, a un recurso de amparo que los abogados del también nacionalista Ricardo Álvarez interpusieran ayer para pedir el recuento voto por voto de las recién pasadas elecciones internas de noviembre, en donde ambos se enfrentaron y Hernández salió ganador.

Tras una maratónica sesión que fue convocada a las 9.30 de la mañana del martes y cuyo punto toral se trató a minutos para las dos de la madrugada del miércoles, con diputados soñolientos e interminables recesos, las críticas llovieron ayer porque la vieja costumbre de los “madrugones” volvió al Congreso Nacional de Honduras

La sesión de la mañana fue solo para dejar en firme una comisión parlamentaria que había sido nombrada el lunes para investigar la conducta administrativa de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Bustillo, José Antonio Gutiérrez, Rosalinda Cruz y José Francisco Ruiz Gaekel.

Esto porque, según los mocionantes, un fallo tardío y en contra de la ley de depuración policial que ellos emitieron entorpece la intención del Gobierno de bajar los índices de violencia en el país.Al volver a sesiones, el Congreso aprobó 42 artículos que contiene la Ley del Plebiscito y el Referéndum y terminaron a las siete de la noche. Luego se suspendió para cenar. 

La noche era fría y algo extraño ocurría en las afueras del Congreso Nacional, ubicado en el centro de Tegucigalpa. Comandos repletos de militares se estacionaron en los alrededores y los “moteados” empezaron a cercar el edificio. Otro pelotón se refugió en el estacionamiento del Legislativo.Lo más extraño ocurría en los salones del Congreso, solo que desde afuera no era evidente.

Desde el interior, diputados advirtieron a LA PRENSA que esa noche “iba a tronar la Corte Suprema”, el mensaje lo detalló, el plan era destituir a cuatro de los cinco magistrados.Entre ocho y once de la noche, las preguntas y las conjeturas eran válidas; las respuestas no afloraban. Luego, los diputados liberales y los de Pinu ocuparon sus curules, pero nacionalistas, democristianos y los de Unificación Democrática seguían en reuniones en salones distintos.

Trascendió que los destituidos serían los siete magistrados nacionalistas y hasta se dijo que se iría todo el pleno. Los diputados en el hemiciclo se acercaban a los periodistas a compartir información. Algunos mandaron a comprar pastillas para el dolor de cabeza, pues aseguraban que la situación no era fácil.

A eso de las nueve de la noche, el diputado udeísta Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso, destapó la olla: dijo que la intención era separar a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional con el argumento jurídico de haber emitido un fallo sobre un decreto sin vigencia, el que permitía la depuración policial, pero que en el fondo el verdadero argumento era político.

Este último, dijo, ratificado luego por otros diputados oficialistas, consistía en mandar un claro mensaje a la Corte Suprema, porque estaba politizada a favor del Partido Liberal y aliada a un grupo de empresarios, quienes “utilizando” al precandidato nacionalista Ricardo Álvarez pretendían elevar un recurso de nulidad de las elecciones primarias en el Partido Nacional con el fin de dividirlo y así dejarle una opción de triunfo en las próximas elecciones a los liberales. 

En esos dos escenarios, los diputados del Pinu y un sector de los liberales optaron por sumarse a señalar que el Congreso, que elige a los magistrados, no tiene ninguna facultad para destituirlos y que si los togados cometieron fallas administradas, es el mismo Poder Judicial el que debe separarlos.

Afuera, los militares seguían custodiando el Congreso y también hicieron lo mismo con la Corte Suprema de Justicia y la Casa Presidencial.En el interior se mencionaba de la intervención del comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, para investigar el porqué de la salida de los militares a las calles; también se hablaba de reuniones entre el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, y el de la Corte Suprema de Justicia.Al rato ya había consenso para la destitución de los tres magistrados liberales y del nacionalista; además contaban con más de los 86 votos necesarios para lograrlo (esa decisión se aprueba con mayoría calificada). 

Trascendió que el consenso se logró cuando un exprecandidato presidencial liberal negoció poder nominar a los magistrados de su partido. Diputados opositores como German Leitzelar , del Pinu, y Alfredo Saavedra, jefe de bancada liberal, manifestaron que, además de ser inconstitucional la intervención del Congreso, ni siquiera había un proceso de separación.

A las 11:30 de la noche aparecieron los diputados nacionalistas, ya con la idea clara, pero sin un informe final. Los rostros lucían ya cansados; algunos legisladores dormían en sus curules y otros estaban entretenidos en amenas tertulias o pegados al celular “mataban tiempo”.Fue hasta la 1:25 de la madrugada del miércoles cuando apareció el presidente del Congreso, quien saludó a diputados, se sentó en su silla, respondió una llamada telefónica y procedió.“Desde hace semanas conversamos con muchos de ustedes, a los indignados con la actuación de magistrados de la Corte Suprema, hemos llegado a la conclusión en un informe que hechos notorios fundamentan una propuesta que venga al pleno”, dijo Hernández. 

Ahí ya no había sorpresa, pero sí preocupación entre algunos diputados. Canales de televisión y radio transmitían en directo, mientras era masiva la presencia de periodistas nacionales y extranjeros. Las posiciones estaban tomadas: para unos era golpe técnico al Poder Judicial; para otros, una destitución justificada. Continuó Hernández informando que ya había visto una moción con más de 110 firmas. “Es sumamente preocupante para el Estado lo que hemos detectado, es prácticamente una conspiración y estamos obligados a debatir el tema, lamento que sea a esta hora, pero estamos para defender los más caros intereses del país, no es posible que siga esta ola delictiva, unos trabajando y otros conspirando”, advertía con voz pausada y tono casi lúgubre.

“Le pido a Dios que ilumine la mente y corazones de nosotros porque la decisión es trascendental, mi conciencia está tranquila, me sorprenden los alcances de la decisión de estos cuatro magistrados”, dijo, dando paso al secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, presidente de la comisión que investigó a los magistrados (y padre de la novia del único magistrado de esa sala que no fue removido), quien leyó el informe de la investigación de la conducta administrativa de Bustillo, Gutiérrez, Cruz y Ruiz Gaekel. 

El informe para la destituciónPese a que diputados oficialistas mencionaron enormes conflictos dentro de las salas de la Corte,  el informe se limitó a indicar que la Sala de lo Constitucional declaró por mayoría inconstitucional el decreto 89-2012, vigente desde el 25 de mayo hasta el 25 de noviembre de este año.

El 26 de julio fue impugnado ese decreto y la CSJ lo resolvió a favor de los peticionarios hasta el 27 de noviembre, dos días después de caducado; la Ley de Justicia Constitucional establece que los fallos son para derogar leyes.

El Congreso se basó en el artículo 205 de la Constitución de la República sobre las atribuciones del Congreso Nacional, en su numeral 20, para decidir que tenía la facultad de destituir a los togados. El diputado oficialista de Azules Unidos por Yoro, Jefrey Flores, amparado en el informe, presentó la moción para solicitar la destitución de los cuatro magistrados.

Dijo que la moción la acompañaban 110 diputados más.La moción se tomó en consideración y el primero en opinar fue el nacionalista Daniel Flores, quien votó en contra porque se violó el principio de independencia de poderes. Luego, Renán Inestroza argumentó que la Sala debió resolver el recurso presentado en 20 días, pero tardó que  cuatro meses, violando la ley; además hubo error administrativo al fallar sobre una ley derogada y que por eso había que deducirles responsabilidad.Luego intervino Saavedra, lamentando el mensaje que envía este Congreso Nacional, “una injerencia sin precedentes en otro poder del Estado para amedrentarlo”.

Entre tanto, Juan Ramón Velásquez, de la Democracia Cristiana, se mostró a favor, calificando de “mala administración de justicia” el hecho de emitir un fallo sobre un decreto que no existía.Le siguió el pinuista German Leitzelar, quien dijo que “uno de los aspectos que nos tienen en este ‘madrugón’ es no haber elaborado el juicio político, esto sería avalar una violación a la Constitución, consentir una no separación de poderes y aplaudir que el Congreso se convierta en una instancia de juzgamiento. El Congreso tiene facultad de elegir no destituir”, dejó claro.

No respetaron consensoEl presidente del Legislativo, Hernández, intervino en varias oportunidades: en la primera dijo que la Corte envió un proyecto de ley que ponía en peligro a los diputados, luego que al proyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura ya lo tenían listo para declararlo inconstitucional, aunque provenga de la misma Corte.También reveló que había consenso con el presidente de la Corte Suprema para no fallar contra la Ley de Depuración Policial hasta que se conociera otra nueva, pero los magistrados de la Sala les dieron la espalda.Dijo que él mismo ha sido amenazado y que estas amenazas ya las conocen dos embajadores.

Habló de una supuesta conspiración de la Sala de lo Constitucional, la cual se debía a que las pruebas de confianza se les aplicarían a los magistrados y a los fiscales más adelante.

Después de otras intervenciones a favor y en contra, a las cuatro de la madrugada se sometió la moción al pleno: 97 votaron para separarlos y 31 en contra.Se suspendió la sesión y se reanudó a las seis de la mañana, conociéndose un proyecto de ley que proponía como nuevos magistrados a Silvia Trinidad Santos, Víctor Manuel Lozano Urbina, German Vicente García y José Elmer Lizardo Carranza.Cerraron la cesión y se abrió otra a eso de las 6:20 de la mañana para aprobar el decreto y juramentar a los nuevos magistrados, excepto a Víctor Lozano, quien no pudo llegar a tiempo. 

Así votaron los diputados hondureños 

A favor

 En contra

Antonio Rivera Callejas PN
Mario Barahona PN
Ana Julia García PN
María Aracely Leiva PL
Oquelí Martínez PL
Marcio Júnior Vega PL
Marlon Lara PL
Wenceslao Lara PL
Carlos Martínez PL
Yuri Sabas PL
Carlos Alfredo Lara PL
Waldina Paz PL
Perla Simons PL
Marcia Facussé PL
Yadira Bendaña PL
Marco Antonio Andino PL
Elman Sandoval PL
José Alfredo Saavedra PL
Selvin Laínez PL
Norma Aguilar PL
Jorge Alberto Ramos PL
Aníbal Barrow PL
Osman Danilo Aguilar PL
Hugo Hernández PL
José Vivian Portillo PL
Sandra Bardales PL
Enrique Cano PL
Mario Rivera Vásquez PINU
German Leitzelar PINU
Arturo Suárez PINU