“Puede ser un ajuste de cuentas interno pero también puede ser una provocación de quienes no quieren que siga adelante el proceso [de paz]. Nosotros continuaremos adelante”. Esta reflexión en voz alta salió este jueves de labios del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, nada más conocer la muerte por disparos en la cabeza de tres militantes kurdas en París.

El triple asesinato de la calle de Lafayette tiene todos los elementos para escapar a los cánones de la crónica negra y entrar de lleno en la categoría de los crímenes políticos con consecuencias para el devenir de un país, Turquía, y de un pueblo sin Estado, el kurdo.

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla separatista que se alzó en armas contra el poder central de Ankara en 1984, sigue siendo el principal referente para la minoría kurda en Turquía: más de 15 millones de ciudadanos cuya indiscutible identidad cultural no está plenamente reconocida por el Estado. No ha surgido otra alternativa política ni sus jefes militares la han permitido. El Partido para la Paz y la Democracia (BDP), el movimiento de corte nacionalista más votado en las provincias del sureste de Anatolia, se ha mantenido al margen de las negociaciones para el desarme del PKK entre los servicios de inteligencia de Turquía y el líder de la guerrilla, Abdulá Ocalan, encarcelado desde hace 14 años tras su captura en Nairobi por un comando de agentes secretos turcos.

Un eventual pacto de desarme a cambio del perdón para quienes abandonen las armas y salgan de Turquía y de sus bases en la frontera iraquí no surtirá efectos duraderos si la nueva Constitución que se debate en el Parlamento de Ankara no reconoce a la minoría kurda. Y los jefes del PKK que pierden su poder de control sobre el contrabando fronterizo tampoco parecen tener gran interés en un acuerdo de paz.

Pero en el crimen político de París la sombra de la sospecha se cierne con mayor intensidad sobre el llamado Estado profundo. El complejo entramado de exmilitares, expolicías y antiguos funcionarios que ha intentado dinamitar durante los 10 años de gobierno del islamista moderado Erdogan las reformas que atentan contra sus principios ultranacionalistas: la defensa a ultranza del Estado laico y unitario. El asesinato del periodista de origen armenio Hrant Dink, tiroteado hace ahora cinco años a las puertas de su revista en Estambul, es una buena muestra del terror ejercido por el Estado profundo contra los cambios en Turquía.

Quién apretó el gatillo de un arma con silenciador para disparar en la nuca o en la frente a Sakine Cansiz y a sus dos compañeras sin duda sabía que mataba a una de las mujeres más cercanas a Ocalan. Después atrancó la puerta del centro kurdo de París. Fue una operación delineada al detalle, de asesinos profesionales.